AIM en sesión. El Senado dio media sanción al polémico proyecto de ley de comunicaciones convergentes, también denominado como “Ley Corta”, presentada por el Poder Ejecutivo. Por 46 votos positivos y  11 negativos, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

El proyecto de ley, que ahora deberá ser abordado por Diputados, fue debatido por varios meses, inmerso en polémicas modificaciones que realizaría a la Ley de Medios, sancionada en 2009.

Para iniciar el debate, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), expresó que “los sistema de comunicación se han ido haciendo más complejos pero algunos prestadores muy grandes siguieron imponiendo condiciones negativas para los consumidores, esto en servicios como la telefonía se hace muy evidente".

"El primer aspecto de este proyecto es ser antimonopólico y el segundo es satisfacer la necesidad social urgente de poder tener conectividad en todos los rincones de la Argentina para acceder a la banda ancha", agregó.

"Es necesario generar condiciones de competencia, este proyecto de ley prevé que otras compañías podrán competir contra una gran compañía de comunicaciones con otras tecnologías que estaban vedadas hasta ahora como lo es la televisión satelital", agregó Pinedo.

A su turno, el senado de Chubut, Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) dijo: "Quiero reconocer el trabajo esforzado y mancomunado de la Comisión para construir este proyecto y alcanzar un texto distinto al que llegó enviado desde el Poder Ejecutivo”.

"Hemos corregido el texto del proyecto para poner en valor y proteger a nuestra industria de las comunicaciones en el interior del país", expresó.

La senadora Cristina López Valverde (PJ-San Juan) advirtió en sesión que "la ley es corta, nos falta aún trabajar sobre los contenidos, no todos los canales suben los contenidos locales y hay situaciones de desequilibro e injusticia",  y agregó: "Hoy ante el avance de la etapa digital el fenómeno de la convergencia ya es global, el objetivo del proyecto era destrabar los inconvenientes para que la convergencia tuviera el formato 'cuádruple play'”.

Por su parte, la representante de San Luís, María Eugenia Catalfamo (PJ), cuestionó la iniciativa y remarcó: “Vamos camino a un mercado concentrado, asimétrico y duopólico que pondrá en posición superior a Telefónica y a Clarín y va a relegar a las demás una posición secundaria y marginal”.

"Este proyecto de ley no me parece innovador ni integral, me parece que se trata de una ley de negocios que lejos se encuentra de favorecer a las pequeñas y medianas empresas ni a las cooperativas y apunta a su fracaso", advirtió.

La justicialista Norma Durango (La Pampa) subrayó: “Hemos logrado que un porcentaje de las frecuencias que Arsat tiene en reserva se destine a los operadores regionales y locales. Debemos proteger a los más de 700 cableoperadores del interior del país", e hizo referencia a "despidos, maltratos, persecución a los trabajadores y manipulación de la información: todo indica que estamos frente a un política de debilitamiento de los medios públicos y vamos a solicitar la presencia del ministro Lombardi".

"Los representantes gremiales de los medios públicos nos explicaron lo que están viviendo: estoy conmovida por su descarnado relato, me solidarizo con ellos y lamento que no haya habido ningún miembro del oficialismo en la Comisión", dijo Durango.

"La presentación de un proyecto de ley de convergencia no ocurrió y hoy vemos al desnudo cuál era el propósito: permitir la ultraconcentración del Grupo Clarín", reflexionó la senadora Ana Almirón (FPV-Corrientes).

En tanto, el senador Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur-Buenos Aires) indicó que "esta ley va en contra de la tendencia mundial que prohíbe la concentración de medios, varios dijeron y todos pensamos "es el triunfo de Clarín", no hay que tener miedo en criticar a los monopolios argentinos".

"Acá estamos discutiendo un gran negocio económico disfrazado de nobles y progresistas objetivos, un negocio de entre 12.000 y 13.000 millones de dólares anuales", sentenció.

"Tuvimos hace unos años un gran debate sobre la Ley de Medios, que fue un debate democrático y plural, y que en los primeros días del actual gobierno se la tiró de tres cachetazos al suelo", recordó.

En representación del kirchnerismo, Marcelo Fuentes (Buenos Aires), sentenció:  "Estamos legitimando la existencia de dos oligopolios que van a gobernar las telecomunicaciones, esto es entregarle una navaja a un mono y estamos siendo responsables, no hay lugar en el mundo en donde esto suceda".

Para finalizar, el presidente del bloque del FPV, Miguel Ángel Pichetto (Río Negro) manifestó: “La ley no está escrita en piedra, veremos en dos años qué hacen en la Argentina, qué inversiones realizan, tenemos dos años para evaluarlos".

"Estamos habilitando a Telefónica y a Claro a que pongan plata, a ver si lo hacen, que pongan fibra óptica, tienen dos años", dijo el senador .

Críticas al proyecto

La nueva ley de Comunicaciones Convergentes que el Gobierno fomenta apunta a reemplazar a las leyes kirchneristas 26.522, de Medios, y la 27.078, de Argentina Satelital.

El proyecto establece que las compañías telefónicas y los licenciatarios de servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Tic) deberán facilitar su "infraestructura pasiva" (postes, torres y ductos) para ser compartida con "otros licenciatarios, para el despliegue de sus redes, en la medida en que ello sea técnicamente factible".

A diferencia del proyecto original, el aprobado estira los plazos hasta julio de 2020 para la posibilidad de que las compañías telefónicas comiencen a ofrecer servicios de radiodifusión y TV satelital en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Ese plazo se extiende hasta el 1 de enero de 2021 para otros centros urbanos con más de 100.000 habitantes y hasta el 1 de enero de 2022 en las localidades más pequeñas, según indica el proyecto modificado.

Además, se dispone la asignación en forma directa a la compañía satelital Arsat de un mínimo del 20 por ciento de las frecuencias, para ser destinadas a Pymes y cooperativas del sector.

Sin embargo, según el investigador Martín Becerra, el proyecto de ley se inscribe en una serie de medidas puntuales y de inspiración unitaria tomadas por el gobierno en función de coyunturas y lecturas de corto plazo y, en consecuencia, carece de una mirada integral de las comunicaciones. Al carecer de esa mirada integral, tampoco estima el impacto que tendrá su aplicación.

Siguiendo al especialista, el proyecto de “ley corta” deja de considerar las diferentes escalas de funcionamiento del sector de las comunicaciones, que hasta ahora -y con tensiones lógicas- había reparado en el aporte que realiza el núcleo dinámico, intensivo en la generación de empleo y esencial como productor y proveedor de contenidos locales que son las cooperativas y Pymes en todo el territorio nacional (y no sólo donde hay grandes mercados). La perspectiva mercantilista de la ley corta elude contemplar el rol de cooperativas y emprendimientos pequeños y medianos en las economías regionales, pues su diseño obedece a una necesidad coyuntural (compensar a Telefónica de los beneficios dispensados al Grupo Clarín en plena fusión entre Cablevisión y Telecom). Además, su sesgo es marcadamente unitario y centralista, ya que proyecta al conjunto del heterogéneo territorio nacional las características del mercado de la Ciudad de Buenos Aires.

Es paradójico, pero la política en comunicaciones que desde diciembre de 2015 invoca la falta de atención a la convergencia de las leyes votadas por este Congreso en materia de telecomunicaciones, TIC y servicios audiovisuales, hasta ahora no ha hecho más que impedir la convergencia para la mayoría de los actores del sector amplio de las comunicaciones y allanar el camino de uno solo de ellos. Desde el inicio se habló de un “régimen de transición” que acabaría al cabo de seis meses con una propuesta de ley integral y convergente. Lejos de honrar ese compromiso, han pasado ya 30 meses y el único proyecto legislativo enviado por el gobierno consiste en un texto de 13 artículos inconexos que afectan al menos tres importantes leyes aprobadas por el Congreso Nacional, una de las cuales además exige una mayoría especial para su modificación.

La creación y disolución del ministerio de Comunicaciones, la gubernamentalización de la autoridad de aplicación (Enacom), donde los tres miembros designados por el Poder Legislativo sobre siete directores (los otros cuatro los pone el Poder Ejecutivo) pueden ser removidos “sin expresión de causa” por el Presidente; la promesa de un proyecto de ley integral de convergencia jamás presentado pese a la publicitada conformación de una comisión redactora; el objetivo de contar en el corto plazo con un cuarto operador de telefonía móvil, son parte de una secuencia errática que revela la ausencia de una estrategia de interés público en comunicaciones.

El proyecto expone beneficios tales como “contribuir a reducir la brecha digital; promover la competencia del sector, favorecer las inversiones y dinamizar el mercado, facilitar el mejora en la oferta de servicios y su calidad, y la reducción de los precios a los consumidores y usuarios”.

En la práctica propone autorizar a las empresas de telefonía ofrecer servicios de televisión satelital, algo que hoy no pueden. Así Telefónica y Claro podrán competir en la prestación de los denominados paquetes “cuádruple play” (telefonía fija, móvil, banda ancha de internet y TV por cable). Y supuestamente competirán con el Grupo Clarín, aunque recién en 2020. Aunque para garantizarles el negocio a todos, el Gobierno adjudicará nuevas Bandas de Frecuencia 4G.