En el marco de la campaña electoral, durante 200 días, candidatos, precandidatos, alcaldes, ex alcaldes, dirigentes y sus familias fueron víctimas de secuestros, ataques y amenazas. Unos renunciaron a sus aspiraciones ante la falta de seguridad y otros pagaron con su vida.

La actual campaña política en México dejará para la historia una estela de miedo y agresiones a candidatos, precandidatos y políticos que son parte del proceso violento que se vive en el país por la fragmentación y reacomodo de los cárteles de la droga, que ante el cambio de poderes, buscaron imponer a sus candidatos para lograr nuevos acuerdos con las autoridades entrantes.

Datos preliminares del Índice de Violencia Política elaborado por la empresa de consultoría Ettelekt destacan que entre el 8 de septiembre de 2017, día en el que inició la preparación del proceso, y el 26 de junio, hubo 543 agresiones en contra de políticos, en las cuales fallecieron 130, de los cuales 48 eran candidatos o precandidatos.

"En algunas zonas del país la violencia coincide y aumenta a raíz de proceso electoral, es difícil entender cuáles casos sí están concentrados con violencia electoral porque no sólo es homicidio sino otras formas no tan visibles como coacción del voto", dijo Francisco Rivas Rodríguez, director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad y consultor para México del National Strategy Information Center, un think tank internacional enfocado en temas de seguridad.

Si se toman en cuenta las cifras de Ettelekt, durante el proceso electoral se registraron un promedio de 2.7 agresiones por día y un asesinato de algún actor político cada 1.5 días.

Para Guadalupe Correa Cabrera, profesora Asociada de la George Mason University, en Estados Unidos, la violencia fue efectivamente un tema durante las campañas que concluyen este miércoles. La violencia sin precedentes que se registró fue la confirmación de que la estrategia contra las drogas que ha seguido el país desde 2006 no ha sido efectiva.

Nadie está a salvo

Uno de los asesinatos que impactó durante la campaña fue el del Fernando Purón Johnston, candidato a Diputado Federal por Coahuila. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que un hombre se acerca y le da un tiro en la nuca mientras se tomaba una fotografía con una seguidora.

Otro caso fue el de Sebastián Alejandro Espejel Gómez, candidato del derechista Partido Acción Nacional (PAN) a regidor del Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de México. A quien asesinaron a tiros y abadonaron su cuerpo afuera de un local comercial.

Hasta el 11 de mayo, el Instituto Nacional Electoral tenía registradas las renuncias de 1.000 candidatos que dejaron sus postulaciones ante la falta de garantías de seguridad.

Apenas el 22 de junio, 78 candidatos del estado fronterizo de Tamaulipas también renunciaron después de ser amenazados.

En su momento, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, un conocido analista de temas internacionales y de seguridad, señaló que la violencia mostrada durante el proceso electoral era una muestra de cómo los pequeños cacicazgos y los narcogobiernos estaban luchando por mantenerse y consolidarse.

Pero la violencia no ha alcanzado únicamente a los actores políticos sino también a sus familias. De los ataques perpetrados, el nueve por ciento fueron en contra de familiares de los involucrados.

El 1 de julio México tendrán elecciones generales en las que se votarán 3.400 puestos, entre estos el de Presidente de la República. Por el número de puestas y de votantes está catalogada como la más grande en la historia.