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Catástrofe ambiental en el Mar Menor

Ni el Estado ni el Gobierno murciano han puesto remedio a los vertidos agrarios del Campo de Cartagena que contaminan la laguna salada.

¿Por qué no se ha actuado antes? ¿Dónde estaban el Gobierno regional y el Estado? Son preguntas que los ciudadanos de los municipios que baña el mar Menor se plantean desde que la laguna salada lanzó el primer grito pidiendo auxilio hace ya cinco años, en 2016, cuando su legendaria transparencia se transformó en un líquido verde. A partir de ese momento, no ha habido tregua y las crisis se han sucedido: en 2019, se retiraron tres toneladas de peces asfixiados en las playas y entre esta semana y la pasada se han recogido entre cuatro y cinco toneladas de ejemplares muertos también por la falta de oxígeno. Pero los vecinos continúan sin atisbar la solución, y muchos han dejado de bañarse en los arenales de lo que antes se consideraba un paraíso. Ni siquiera las diversas figuras de protección internacionales, nacionales y autonómicas que deberían haber blindado al mar Menor han servido de nada.

La causa de este proceso destructivo está identificada: la gran cantidad de nutrientes (nitratos y también fosfatos y amonio) que llega a la laguna salada de 170 kilómetros cuadrados, sobre todo procedentes de los abonos utilizados en la actividad agraria de la cuenca que vierte al mar Menor. Es como si se fertilizara también la masa de agua: los nitratos favorecen el crecimiento del fitoplancton (microorganismos), que tanto al proliferar como al pudrirse cuando mueren consumen el oxígeno del agua. Además, esta sopa verde provoca que la luz no llegue al fondo marino, por lo que no hay fotosíntesis que regenere ese gas vital. El resultado es que los peces se asfixian. Al mismo tiempo, existen vertidos de aguas residuales urbanas puntuales cuando llueve con intensidad. Pedro García, presidente de la asociación conservacionista Anse, que denuncia el mal estado de la laguna desde hace décadas, explica que “al no tener separadas las aguas negras de las de lluvia, el alcantarillado y las depuradoras colapsan y las aguas salen sin limpiar hacia el mar Menor”. Es un problema con menor peso que la agricultura en el desastre ambiental, pero que también es imprescindible solucionar.

Con el origen del problema acotado, a los ciudadanos les es todavía más complicado entender por qué no se soluciona. María Victoria Margado, madrileña que veranea en la zona desde hace 30 años con su familia, resume la sensación de abandono de los ciudadanos: “Que limpien el agua, que hagan algo”. En su voz y gesto se percibe la impotencia de haber sido testigo de “la degradación total de la laguna”, una situación que se veía venir y a la que no se ha puesto freno y “cada vez es peor”.
Esta semana, cuando el desastre ha emergido de nuevo en forma de toneladas de peces muertos y de indignación ciudadana, los políticos han entrado en escena. Primero con acusaciones mutuas de inacción entre el ministerio y la comunidad para centrarse después en el debate técnico y en acercar posturas. Pero durante mucho tiempo, asegura García, “se ha mirado para otro lado desde las Administraciones públicas”. Ahora, la comunidad se ha comprometido a agilizar los trámites para acabar con las explotaciones ilegales y el ministerio ofrece involucrarse a fondo en lo que considera “una emergencia nacional”, pero queda todo un camino por recorrer para decidir cuestiones vitales como, por ejemplo, la forma de controlar el vertido diario de millones de litros de agua cargados de nitratos o si se retiran los sedimentos que colmatan uno de los canales de conexión con el Mediterráneo.

Para salvar la laguna, asociaciones ciudadanas, ecologistas y científicos piden atajar el desastre en su origen. Se centran en acabar con el regadío ilegal, limitar y controlar el uso de fertilizantes, crear una red de filtros verdes (humedales con plantas), plantar setos que hagan de barrera durante las lluvias y que capten nutrientes del suelo o recuperar ramblas que están ocupadas por cultivos y carreteras. El presidente de Anse aclara que “estas no van a solucionar la situación a corto plazo, porque necesitan un tiempo para que surtan efecto”. Por ello, no descarta actuaciones de emergencia como construir alguna infraestructura de desnitrificación.

La llegada del agua del trasvase Tajo-Segura marcó el principio de la explosión del regadío en la cuenca que vierte al mar Menor. De las 120.000 hectáreas totales, unas 70.000 son de regadío, informa la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo dependiente del Estado. Hasta finales de la década de los ochenta las concentraciones de nitratos eran bajas, pero al acabar los noventa, eran 10 veces más altas, explica Ginés Luengo, decano del Colegio Oficial de Biólogos de Murcia, que también pide atacar el origen del problema. La CHS no controló la expansión de las explotaciones ilegales, algo que estaba entre sus competencias. Ha habido que esperar a este año para que hiciera público que existen 7.862 hectáreas que incumplen la ley. No era ningún secreto, WWF y Anse desvelaron en 2017 que se regaban entre 10.000 y 11.000 hectáreas sin permiso. Tampoco el Ejecutivo regional tomó medidas para evitar el aumento del regadío, algo sobre lo que también tiene capacidad de actuación.

La CHS aclara en un correo a preguntas de este periódico que ha sido el equipo actual, que dirige el organismo desde agosto de 2018, el que inició el control del regadío con trabajos de teledetección, datos que luego se contrastaron con visitas de campo. Se enfrenta a la dificultad, añade, de carecer de suficientes “guardias fluviales, agentes medioambientales y personal técnico” para proteger y controlar con “eficacia y eficiencia” el dominio público hidráulico de forma ordinaria, por lo que “mucho menos lo estamos para una gestión extraordinaria y de la gravedad que nos ocupa [en referencia al mar Menor]”, añade el portavoz. El Ministerio para la Transición Ecológica está tramitando una ampliación del personal.

Una vez identificadas las hectáreas ilegales, la competencia de cerrarlas es del Gobierno regional. Fernando López Miras, presidente de Murcia (PP), anunció este miércoles que se recortarían a la mitad los plazos actuales para cerrar las explotaciones ilegales. Un cambio aprobado el viernes, que llega cinco años después del episodio de la sopa verde. Además, el Ejecutivo murciano adoptó prohibir el uso de fertilizantes con nitrógeno inorgánico en el área y estableció sanciones de entre 5.000 y 50.000 euros para quien lo incumpla. El veto afectaba ya a una franja de unos 1.500 metros, la más cercana a la laguna (unas 1.190 hectáreas en total), pero ahora se amplía a toda la zona 1 (los términos municipales de La Unión, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y San Javier), que abarca unas 11.000 hectáreas.

Parar los vertidos llenos de nutrientes
Uno de los principales problemas a atajar, por tanto, es cortar el vertido de aguas llenas de nutrientes al mar Menor. Este se produce, sobre todo, a través de rambla del Albujón —30 millones de litros de agua (347 litros por segundo) y 5.000 kilos de fertilizantes diarios— y por la descarga natural de las aguas subterráneas del acuífero que se extiende por debajo del campo de Cartagena, que aflora tanto por esa rambla como por otros lugares debido a que el nivel freático está muy alto. Se calcula que en el acuífero hay almacenadas 300.000 toneladas de nitratos, que se han acumulado durante décadas procedentes de los riegos de la agricultura.

La forma de controlar esa monumental salida de agua constituye uno de los puntos de fricción entre el presidente regional, Fernando López Miras, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se reunieron el pasado miércoles en Murcia. López Miras tiene claro que nada se solucionará si no se controla el acuífero, para lo que considera imprescindible construir una planta desnitrificadora. Ribera, sin embargo, aboga por no tomar una solución rápida, como pide López Miras, porque “hay geólogos especialistas que indican lo delicado que resulta intervenir en un acuífero de esas características”.

José Luis García Aróstegui, del Instituto Geológico Minero de España (IGME), señala que para reducir esa cantidad de agua contaminada que llega del acuífero al mar Menor son necesarias infraestructuras que en la actualidad no existen. Sin olvidar, añade, que es imprescindible que los agricultores continúen apostando por un uso más eficiente y sostenible del agua y los fertilizantes y acabar con el regadío ilegal. El Ministerio de Transición Ecológica declaró el acuífero en riesgo químico en julio del año pasado, lo que le permitió prohibir el uso de fertilizantes nitrogenados en un área de 1.500 metros tierra adentro en torno a la laguna.

Una vez identificadas las hectáreas ilegales, la competencia de cerrarlas es del Gobierno regional. Fernando López Miras, presidente de Murcia (PP), anunció este miércoles que se recortarían a la mitad los plazos actuales para cerrar las explotaciones ilegales. Un cambio aprobado el viernes, que llega cinco años después del episodio de la sopa verde. Además, el Ejecutivo murciano adoptó prohibir el uso de fertilizantes con nitrógeno inorgánico en el área y estableció sanciones de entre 5.000 y 50.000 euros para quien lo incumpla. El veto afectaba ya a una franja de unos 1.500 metros, la más cercana a la laguna (unas 1.190 hectáreas en total), pero ahora se amplía a toda la zona 1 (los términos municipales de La Unión, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y San Javier), que abarca unas 11.000 hectáreas.

Parar los vertidos llenos de nutrientes
Uno de los principales problemas a atajar, por tanto, es cortar el vertido de aguas llenas de nutrientes al mar Menor. Este se produce, sobre todo, a través de rambla del Albujón —30 millones de litros de agua (347 litros por segundo) y 5.000 kilos de fertilizantes diarios— y por la descarga natural de las aguas subterráneas del acuífero que se extiende por debajo del campo de Cartagena, que aflora tanto por esa rambla como por otros lugares debido a que el nivel freático está muy alto. Se calcula que en el acuífero hay almacenadas 300.000 toneladas de nitratos, que se han acumulado durante décadas procedentes de los riegos de la agricultura.

La forma de controlar esa monumental salida de agua constituye uno de los puntos de fricción entre el presidente regional, Fernando López Miras, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se reunieron el pasado miércoles en Murcia. López Miras tiene claro que nada se solucionará si no se controla el acuífero, para lo que considera imprescindible construir una planta desnitrificadora. Ribera, sin embargo, aboga por no tomar una solución rápida, como pide López Miras, porque “hay geólogos especialistas que indican lo delicado que resulta intervenir en un acuífero de esas características”.

José Luis García Aróstegui, del Instituto Geológico Minero de España (IGME), señala que para reducir esa cantidad de agua contaminada que llega del acuífero al mar Menor son necesarias infraestructuras que en la actualidad no existen. Sin olvidar, añade, que es imprescindible que los agricultores continúen apostando por un uso más eficiente y sostenible del agua y los fertilizantes y acabar con el regadío ilegal. El Ministerio de Transición Ecológica declaró el acuífero en riesgo químico en julio del año pasado, lo que le permitió prohibir el uso de fertilizantes nitrogenados en un área de 1.500 metros tierra adentro en torno a la laguna.

El catedrático de Ingeniería Agronómica de la Universidad Autónoma de Cartagena Alejandro Pérez Pastor trabaja “codo con codo” con los agricultores. Considera que la agricultura actual no tiene nada que ver con la del siglo XX en la que no se priorizaba el medio ambiente. Asegura que en el Campo de Cartagena se está invirtiendo “en ser lo más sostenibles posible, con sensores que ajustan las necesidades de riego de las plantas, con mejoras genéticas que hacen que tengan menos necesidades nutricionales o que estén mejor adaptadas a la sequía”, entre otras medidas, explica. Pese a estos avances, la agricultura intensiva está en el punto de mira por ser la principal responsable de la llegada de nitratos al mar Menor.

El desastre del mar Menor también se refleja en el turismo. Dionisio García, gerente de la estación náutica mar Menor, cuenta cómo la “gente no quiere bañarse en este mar porque no invita a ello”, con la repercusión que tiene para los negocios. Pide que “se haga caso a los científicos caiga quien caiga, porque hay que recuperar la laguna”. Este año, el sector turístico se estaba sobreponiendo, con cifras de ocupación mayores de las que se esperaban, en torno al 85 por ciento. La crisis de los peces muertos “no ha provocado cancelaciones en el corto plazo, pero sí se ha observado una ralentización de las reservas de septiembre”, indica Hosteltur, asociación de hosteleros de la Costa Cálida. “El problema es que no tenemos argumentos para decir que vengan al mar Menor”, lo que le deja un “sabor de impotencia tremenda”, puntualiza Dionisio García.
Fuente: El País (España)

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