“Es de una estrechez de criterio que sorprende”, se dijo en relación a que se pretenda implementar un régimen para el uso de “bienes inmuebles” y que su regulación dependa exclusivamente de Producción. Piden definición respecto de a quién y para qué entregarán tierras.
Sigue el debate del Régimen para el Uso Sustentable de Bienes del Estado de dominio público o privado, en humedales e islas de la provincia de Entre Ríos.
El proyecto fue presentado por el Ejecutivo, con el articulado y sin la explicitación de fundamentos, en el contexto de la emergencia planteada por los incendios que no cesan y provocan una profunda crisis ambiental y sanitaria.
La iniciativa ya tuvo modificaciones importantes en un borrador que analizan los senadores de las comisiones de Legislación General, que preside la legisladora de Creer Entre Ríos, Claudia Gieco; y de Producción que conduce el dirigente del PRO, jefe del interbloque de Cambiemos, Francisco Morchio. Los cambios fueron en coincidencia con planteos de la Mesa de Enlace: eliminar el Estudio de Impacto Ambiental que preveía el artículo 3; y listar los departamentos contemplados en la norma, listado que dejó afuera a la costa del Uruguay y a Islas del Ibicuy de la costa del Paraná.
Otra voz escuchada por los senadores en comisión fue la de especialistas del Inta. Presentó sus observaciones el ingeniero agrónomo Ernesto Massa que acercó también los comentarios del licenciado Roberto Bó, del Grupo de Investigaciones en Ecología de Humedales (Gieh) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigación del Conicet.
Fue en general una mirada muy crítica de la iniciativa que tiene en debate el Senado. A grandes rasgos se cuestiona que la autoridad de aplicación sea exclusivamente la mirada de la Producción; además se aconseja la definición respecto de a qué tipo de productores y con qué fin se cede el uso de tierras. Se aconseja la expresa prohibición, por ley, del uso de agroquímicos aun cuando el borrador especifica que la agricultura autorizada debe ser “ecológica”. Además, se sugiere definir con claridad qué se entiende por “sustentable” cuando se habla de un régimen para un uso con esas características de humedales e islas.
“La sustentabilidad no es sólo económico-productiva sino también sociocultural y ecológica”, apuntó Bó que instó a tenerlo en cuenta ya que “si se mantiene en buen estado, permite que ocurran y se conserve nuestro patrimonio sociocultural y económico-productivo”. “A esto habría que tenerlo muy en cuenta, salvo que se piense en hacer negocios a corto plazo”, planteó.
Consideró “de una estrechez de criterio que sorprende” que el régimen aluda al uso de “bienes inmuebles”. Especificó que al hablar de las tierras en cuestión no se alude “sólo a espacios físicos sino a bienes naturales comunes que brindan servicios ecosistémicos como el agua y que deben usarse en forma efectivamente sustentable porque afectan la calidad de vida humana y, en general, y pertenecen a todos y no sólo al propietario o arrendatario”.
Producción y qué más
Se subrayó la necesidad de ampliar la autoridad de aplicación del régimen a sancionar. “Lamentablemente, el peso de los organismos encargados de la Producción (o, eventualmente de otros aspectos relacionados con el desarrollo de infraestructuras de comunicación, energéticas, emprendimientos inmobiliarios, etcétera), siempre fue mayor que el de los organismos encargados no sólo de la parte ambiental sino, incluso de la sociocultural que, al menos, deberían tener el mismo peso. Esto obviamente ocurre porque se priorizan los ingresos económicos a cualquier otra cosa”, se observó desde el Inta que señala que en el proyecto “lamentablemente, no se dice nada de todo esto y esta visión estrecha se ve magnificada porque lo único que queda claro es que ingresen divisas a la provincia”.
Con respecto a los requisitos que contemple la Secretaría de Ambiente, para autorizar un proyecto en humedales o islas, se instó a contemplar “las realidades diferenciales que tienen los humedales” y si la evaluación de ese proyecto está a cargo “efectivamente de un organismo independiente y con probada capacidad científico-técnica (o que, al menos tenga la posibilidad de supervisar y dar la última palabra)”. En este marco, además, se apuntó que una ley como la que se debate debiera garantizar el control, la eventual aplicación de sanciones y explicitar características mínimas respecto del recurso humano capacitado y suficiente para monitorear y controlar el cumplimiento por parte de adjudicatarios.
A quiénes y para qué
Para Massa, “los productores que quieran acceder” debieran cumplir con el requisito de “ser preferentemente pequeños o medianos ganaderos, con tradición de producción ganadera islera y además que no posean tierras para producir”. “Deberían presentar planes de producción que sean revisados por la Autoridad de Aplicación Ampliada que para el integrante de Inta debiera ser “una Comisión Interministerial donde existan representantes de organismos públicos como universidades, Inta, Secretaria de Ambiente, Ganadería, Tierras Fiscales, Agricultura Familiar, Senasa, Fucofa, etc”.
Apunta también que no está clara la gestión del “uso gratuito” de tierras para residentes históricos prevista en el proyecto, “única parte referida al bienestar general”, no se obvió recalcar.
Para Bó, esa población “no sólo se lo merece, sino que, seguramente, por su experiencia de vida y su conocimiento del funcionamiento ecológico de los humedales, probablemente serían los únicos que puedan hacer un uso efectivamente sustentable”. Se concluye, al respecto, que la norma no consigna “cuál, dónde, cómo y de qué tamaño” son las unidades productivas a las que se alude.
Letra muerta
Tras apuntar algunas propuestas respecto de qué fines debieran tener los recursos reunidos por el Estado ante el “uso oneroso” de los humedales, el integrante del GIEH insta a fijar políticas sobre las que se ha escrito, hecho y dicho mucho.
“No se dice nada sobre la necesidad de que parte de esos fondos deben ir a las necesarias tareas de promoción, monitoreo y control para asegurar la conservación de la diversidad ecológica, la integridad ecológica y a la salud ecológica de los humedales. Tampoco se dice nada de cómo esto va a favorecer la conservación de la diversidad sociocultural, entendida como los particulares modos de vida, actividades tradicionales, aspectos arqueológicos, antropológicos, religiosos, de los pobladores locales”, se cuestiona en la presentación hecha ante los senadores.
“En definitiva, esta ley no toma conceptos abordados por el Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná) ni del Plan Provincial para el Desarrollo sustentable del Delta entrerriano, lamentablemente procesos abonados con fondos públicos que se encuentran cajoneados e ignorados al menos en los últimos cuatro años”, concluyeron los especialistas.
Fuente: Página Política.-