El alerta hídrica se sancionó hace cinco años y ahora se prorrogó por uno más. Especialistas de la Universidad del Comahue serían la clave para cerrar el trabajo.

Neuquén prorrogó por un año la ley de alerta hídrico ambiental, que busca tomar medidas contra la contaminación de los ríos y lagos. Se sancionó hace cinco años, luego de una fuerte organización social. La norma contempla obligaciones para todos los niveles del estado y del ámbito privado, pero su extensión se debe a un objetivo: terminar el plan estratégico integral para lo que se creó una comisión ad hoc, con la Universidad Nacional del Comahue como actor clave. Por supuesto, hay críticas y reclamos alrededor.

El primer impulso de la ley de alerta hídrico 3076 fue el reclamo de medidas para frenar los vertidos cloacales en los ríos Neuquén, Limay y Río Negro. La sanción de la norma, y su reglamentación recién al año siguiente, no frenó los reclamos, por ejemplo, con las marchas acuáticas realizadas en enero del 2019 y 2020, tomando muestras de los cauces, organizadas, entre otras, por la agrupación «Salvemos los ríos».

A la par de las protestas, comenzó a funcionar el comité de alerta hídrico ambiental (CAHiA), que realizó mesas regionales de diagnóstico. Su conformación contempla 15 integrantes, entre representantes de organismos, ministerios y cuatro de la sociedad social. Estos últimos fueron elegidos entre las asambleas por el agua que existen en la provincia, pero el año pasado, la Legislatura tomó en sus manos esa designación.

Durante abril del 2021 se aprobó la resolución 1108, propuesta por el MPN. Las organizaciones protestaron, asegurando que se trataba de un artilugio para dejarlas fuera de la tarea. A fines de ese mismo mes se cerró la convocatoria de los postulantes a ocupar cuatro puestos titulares y cuatro, suplentes. Para participar había que explicar las motivaciones e indicar si se pertenecía a alguna agrupación. La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable fue la encargada de la selección. En junio, de 35 postulantes, se informó que fueron elegidos Lorena Peña (Aluminé), Claudia Pels (Zapala), Luis Callejas (Plottier) y Mario Heber Morán quien falleció en diciembre (Centenario) como titulares, más Candela Duarte (Neuquén), Silvia Roca (Neuquén), Oscar Navarro (Neuquén) y Emiliano Sapag (Neuquén) como suplentes.

Sapag y Callejas fueron los únicos representantes que figuraron como presentes en la última reunión del comité, en junio de este año. El primero es licenciado en ciencia política, hijo del fallecido diputado Luis Sapag, secretario de vinculación de la Universidad de Flores y se muestra afín al candidato a la gobernación, Marcos Koopmann. El segundo es licenciado en saneamiento y protección ambiental, con una maestría en economía y política energética ambiental. Fue parte de la gestión de la intendencia de Andrés Peressini, actual diputado que también forma parte del comité, como gerente del Ente de Desarrollo Económico de Plottier. Actualmente es secretario de vinculación de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud.

Callejas resumió el panorama actual del CAHiA. Indicó que la gran deuda era que contara con un presupuesto, lo que se pudo abordar recién en la primera reunión de este año, y destacó que se pudo reactivar la comisión de indicadores ambientales. Aclaró que los mandatos vencen en agosto de este año, por lo que hay que resolver si se prorrogan o se realiza un nuevo llamado. El especialista en Ambiente está convencido que en el año que les da prorroga, podrán terminar el plan si se realizan dos reuniones por mes.

Los especialistas de la Universidad vuelven a escena

La Universidad Nacional del Comahue fue parte del trabajo del plan de alerta hídrico desde los comienzos, recordó Callejas. En octubre del 2020, el equipo de especialistas publicó en la revista Planeo un relevamiento del trabajo que se realizó con las mesas regionales, destacando la participación ciudadana. El escrito está firmado por las geógrafas Anahí Membribe, Miriam Ambrosio y el geógrafo Germán Gabriel Pérez.

Los especialistas recopilaron que su trabajo como equipo consultor comenzó en 2019, dedicado al acompañamiento metodológico de las actividades a cargo del comité. Así fueron parte de las mesas regionales, en las que contaron a 206 participantes entre las del norte, sur, este y centro.

Estas mesas eran parte del diagnostico inicial, en el que los vecinos y asociaciones pudieron plantear los problemas que veían con el cuidado de los cuerpos de agua y plantear posibles soluciones. Este es un insumo esencial para la elaboración del plan, que, según lo planificado, debe ser escrito y puesto a consulta para que le sumen aportes y, finalmente, implementado.

La tarea del equipo consultor se interrumpió durante la pandemia, pero todo se puso en marcha para que retomen la fase final. Callejas celebró que se destrabó el proceso de contratación para los próximos cinco meses, durante los que se cerraría el plan.

Un plan de alerta hídrico dentro de una crisis climática

En su artículo 17, la ley de alerta hídrico estableció que, si en el plazo de seis meses no se confeccionaba el plan, podía hacerlo el mismo Ejecutivo. Debe contener un cronograma de acciones, proyectos y obras a desarrollar, con el detalle de plazos de ejecución y origen de los fondos.

Callejas aclaró que, para elaborar el plan, hay que entender que no está escindido del cambio climático, por lo que propuso pensar aspectos centrales: áreas de conocimiento, gestión de recursos hídricos, planes de adaptación ante el avance de la desertificación y la sequía y financiamiento.

El especialista en ambiente recordó los estudios de Carolina Vera, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y vicepresidenta del Grupo de trabajo I del Ipcc. Este último es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que publica los informes que se utilizan en las cumbres sobre cambio climático.

Vera, como parte del Centro de Investigación del Mar y de la Atmósfera, integró una investigación del 2015 que reveló que, durante los últimos 50 años, la temperatura en la Patagonia fue la que más se incrementó en la zona porque había aumentado un grado y mostraba tendencia a la aridez. Según Callejas, esto permite estimar que la próxima sequía «llegará más rápido y durará más tiempo».

El especialista puntualizó que el plan deberá estar integrado a la ley general de ambiente de Neuquén y al Código del Agua, como una normativa complementaria.

Fuente: Diario Río Negro