La información corresponde a la provincia de Buenos Aires, que suministra datos oficiales.
En Argentina rige la ley nacional N°27.279/16. Reglamentada en 2019, se la bautizó como ley de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios”. Dicho en sencillo, se propone garantizar un destino final sin impactos ambientales negativos (o con los mínimos razonables) para los bidones plásticos que se emplean en el campo argentino (unos 300 millones de litros al año en un cálculo conservador).
Las provincias fueron invitadas a adherir a la misma y a la fecha, en solo seis provincias las autoridades competentes designadas han aprobado el sistema de gestión. Restan 17 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). La provincia de Córdoba, última que reglamentó la adhesión, se sumó al sistema a fines del año pasado.
El sistema establece lo que se denomina “Responsabilidad Extendida”, que obliga a las empresas a hacerse a cargo del envase del producto que venden después de utilizado. Para ello prevén un sistema de declaraciones juradas que permitiría determinar el destino final de cada uno de los bidones que se vendió. La ley prevé el tratamiento apropiado al tiempo que indica quiénes son las empresas y organismos habilitados para recibir el material.
El sistema, sin embargo, está lejos de funcionar de modo óptimo. En un estudio recientemente publicado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se dedica un capítulo a analizar la experiencia del sistema en la Provincia de Buenos Aires (no disponemos datos de las otras provincias). Apenas un 4,88 por ciento de los bidones entregados a los productores fue recuperado por el sistema.
Aunque puede apuntarse que las más de 500 toneladas de plástico recuperado de esta forma representan una buena noticia, lo cierto es que de los más de 13 millones de bidones que los fabricantes de agroquímicos distribuyeron en la provincia, sólo se recuperaron algo más de 640 mil envases. Menos de un cinco por ciento parece una cantidad exigua para envases que en la mayoría de los casos tienen restos de sustancias peligrosas para la salud.
Si se intenta el cálculo del uso nacional, la cantidad de envases de agroquímicos totales está muy por encima de los 17 millones de envases, en una cuenta que solamente incluye los agroquímicos comercializados legalmente.
No sorprende por eso que en las provincias en dónde funcionan los controles, aparezcan denuncias por disposición inadecuada o que más de una vez, un incendio agrícola comience en los puntos en dónde un productor decide quemar los bidones que ya utilizó.
El panorama del plástico agrícola se completa con los silo-bolsas, un producto que deposita cada año en la zona agrícola más de 19.000 toneladas. Al igual que en este caso, el destino más probable para los envases de agroquímicos que no siguen la ruta prevista por la ley, es el reciclado.
El problema aquí es que el polietileno utilizado para hacer los bidones puede, una vez reciclado, utilizarse para un sinfín de aplicaciones, desde caños hasta juguetes o nuevos envases. Y la ausencia de controles impide saber si los productos elaborados estarán en contacto con personas o alimentos.
Fuente: CBA24