Alberto Fernández laudó contra Mendoza, pero Portezuelo del Viento ya era una obra abandonada por problemas ambientales, legales y políticos. El presidente se atribuyó para sí y para el PJ todos los costos políticos y, nuevamente, festejan en Casa de Gobierno. Qué puede pasar con los 1.023 millones.
El laudo de Alberto Fernández tiene efectos prácticos neutros, pues Portezuelo del Viento ya era una obra abandonada, pero repercusiones políticas importantes para el presente y el futuro. Y curiosamente pueden celebrar los que más se quejan: con su decisión, contraria a los intereses de Mendoza, el presidente absorbe todos los costos políticos por el fracaso de un proceso que tuvo muchos problemas, incluso más allá de los vaivenes políticos nacionales. En el peronismo local, suman un lastre más gracias a las decisiones de Casa Rosada. Aún falta una respuesta concreta sobre el pedido subsidiario que hizo Rodolfo Suarez; que se permita el uso de los recursos para otras obras que no necesariamente sean hídricas de generación hidroeléctricas. Esa es la cláusula "maldita" para el peronismo, porque permitiría ejecutar un plan de inversión que reimpulse al Gobierno que lo haga.
Portezuelo del Viento ya era una obra inviable desde lo ambiental (el volumen actual del río impedía su llenado y generaría menos energía de la prevista), desde lo político y sobre todo desde lo jurídico. Más allá del laudo, La Pampa tenía recursos judiciales activos en la Corte Suprema que podrían trabar la obra si alguna vez se iniciaba. Pero aún antes el proyecto tenía problemas: una licitación poco clara, un oferente único y un precio exorbitante que luego fue "rectificado" sin mayores explicaciones. Para darse una idea, los 1.023 millones de dólares que Mendoza tiene disponibles no "alcanzarían" para todos los trabajos que se habían propuesto. En el medio quedó en el aire el consorcio formado para hacer esa obra y que era liderado "espiritualmente" por Impsa, que tenía a Ceosa y Obras Andinas como eje y a la china Sinohydro como padrino y garante.
Portezuelo iba a estar en el Río Grande, un curso de agua que es parte de la cuenca del Colorado y cuya administración está a cargo del Coirco, un ente interprovincial. En la gestión de Mauricio Macri todos (Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Mendoza) menos La Pampa estaban de acuerdo en hacer la obra. Mauricio Macri laudó a favor de Mendoza, aunque pidiendo estudios ambientales y consensos. Con el cambio de gobierno en 2019 la tendencia también se revirtió y todos menos Mendoza pasaron a estar en desacuerdo. El reclamo era que hacía falta un estudio de impacto ambiental integral, algo que la Provincia ya daba por cumplido. Mendoza pidió el laudo de Alberto Fernández y, con largas demoras, se concretó ayer.
El destino de los millones
La historia es larga y las demoras tienen que ver con los tropiezos que Mendoza ha tenido en las últimas décadas. Mendoza tenía el derecho de ser indemnizada por los perjuicios que generó la promoción industrial en provincias vecinas. El juicio lo inició Arturo Lafalla, estaba casi ganado y Julio Cobos firmó un convenio extrajudicial con Néstor Kirchner para que en vez de dinero se financiara la represa Portezuelo del Viento. Pasaron 12 años sin que se concrete y en 2019 Macri y Cornejo firmaron el convenio que le puso montos a ese resarcimiento. Eran 1.023 millones de dólares a pagar en cuotas cuatrimestrales. Mendoza ya tiene casi 600 de esos millones y en 2023 vienen los desembolsos más importantes
El laudo permite una vuelta de página. La orden del Presidente no se cumplirá. Es decir, Mendoza no hará un nuevo estudio de impacto ambiental y Portezuelo del Viento quedará archivado. Esa versión y también la "original", que era una represa de otras características y dimensiones. Automáticamente liberará los recursos para pensar otra "obra hidroeléctrica" para Mendoza. Allí la clave es el artículo 3 del convenio firmado en 2019 entre Mauricio Macri y Alfredo Cornejo. La cláusula tercera tiene algo virtuoso: dice que los 1.023 millones de dólares que Mendoza recibirá son para Portezuelo del Viento u otra obra hídrica de generación de energía. Es decir, sin Portezuelo los dólares se pueden usar. Lo malo de la cláusula es el corset: que solo es para obras de generación hidroeléctrica.
Rodolfo Suarez quiere que en su gestión alguna obra se inicie. Eligió la represa El Baqueano, sobre el Río Diamante, porque el proyecto es menos complejo que otras más importantes como la represa Uspallata. El costo rondaría los 500 millones de dólares y lo más complejo sería la realización de un túnel de 12 kilómetros. Esa obra no agregaría ahorro de agua, sino que más energía a una cuenca que ya tiene tres centrales. Aún no están los estudios de factibilidad, pero Suarez quiere licitarla a principios del año que viene.
Alfredo Cornejo, que es candidato a gobernador por el oficialismo, tiene la idea de usar esos recursos para cualquier tipo de obra. Puede ser a través de alguna addenda firmada con quien sea presidente. Con Alberto Fernández eso parece complicado. Pero el año que viene hay elecciones y en diciembre de 2023 puede volver a darse vuelta todo. En el medio, según reconocen en el Gobierno, ni siquiera existe la capacidad de "gastar" los dólares ahorrados por falta de proyectos. Aún con El Baqueano en pie, a la provincia le quedarían casi 600 millones de dólares para invertir. Una oportunidad que no se va a repetir.
Fuente: MDZ