El jueves pasado, sesionó nuevamente, en forma presencial, la legislatura de Río Negro. Durante el debate que duró alrededor de cinco horas y media se abordaron distintas temáticas de importancia, tal como el proyecto que habilita la concreción de importantes inversiones en hidrocarburos dentro del territorio de la provincia.

Pero hay dos proyectos en particular que tienen un importante impacto en la producción agrícola de la región: Uno que crea la «Comisión Interpoderes de Revisión de las Leyes de Transparencia Frutícola y Mesa de Contractualización Frutícola» y otro proyecto que «Declara de interés sanitario, social, ambiental, educativo y productivo provincial la implementación de las buenas prácticas agrícolas, a través de un desarrollo sustentable y responsable de la actividad agropecuaria».

Este último proyecto de autoría del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, tiene como antecedente el proyecto 546-19 de autoría del entonces legislador Leandro Tozzi y fue aprobado por unanimidad de todos los bloques legislativos.

«Este es un paso muy importante para seguir creciendo de manera ordenada, segura y sustentable, como lo venimos haciendo. Todo se hace paso a paso y a pesar de la coyuntura, seguimos planificando nuestra provincia a mediano y largo plazo» afirmó al respecto el ministro de producción y agroindustria, Carlos Banacloy.

Si bien su título se asemeja a una simple declaración de interés público, el proyecto en realidad se constituye en una nueva ley provincial de agroquímicos, ya que deroga en su totalidad la antigua ley 2175 que se encontraba promulgada en la provincia desde 1987, sin que nunca haya sido puesta en vigencia plenamente, constituyéndose así en una materia pendiente en el aspecto ambiental y productivo.

De acuerdo a sus fundamentos, esta ley pretende lograr en la provincia, la aplicación de buenas prácticas agrícolas, particularmente a través del correcto uso de agroquímicos, de manera de conseguir alimentos de calidad a través de procesos que sean seguros para «… la vida y la salud humana, animal y vegetal, el cuidado del ambiente y la preservación de los recursos naturales, a través de un desarrollo sostenible y responsable de la actividad agropecuaria».

El proyecto parte de una declaración de interés público que pretende destacar al correcto uso de los agroquímicos, como un aspecto vinculado estrechamente al bien común.

En los aspectos operativos, este proyecto apunta fundamentalmente a lograr la trazabilidad de todos los agroquímicos que ingresan a la provincia, desde el momento de su ingreso al territorio provincial, teniendo en cuenta las excepciones lógicas, en función de la peligrosidad de los productos a aplicar.
A tal fin, crea dos mecanismos que se complementan entre sí:

- Un “Registro de Inscripción Obligatoria para Manejo de Agroquímicos – Rioma”, en el que deben inscribirse todas las personas vinculadas con el uso de agroquímicos, estableciendo distintas categorías, con requisitos y atribuciones, en función de su actividad.

- Un «Sistema Informático Provincial de Agroquímicos (S.I.Pro.A.)», que tiene como fin la gestión del seguimiento y control de todos los procesos vinculados con el manejo de agroquímicos, desde su fabricación o ingreso a la Provincia, hasta su aplicación final, contemplando también la gestión de residuos y envases y los eventuales controles de inocuidad que se realicen.

Por otro lado, también establece el uso de la receta agronómica, emitida por profesional habilitado, para la compra y utilización de los agroquímicos más peligrosos. En ese sentido, el texto afirma que » Hace muchos años que, desde el sistema de salud, se encuentra implementado un estricto control respecto al uso de medicamentos potencialmente peligrosos para la salud, los cuales se prescriben y venden sólo a través de un sistema de doble receta archivada, emitida por un profesional responsable. Muchos de esos medicamentos son más inocuos para la salud humana que la mayoría de los agroquímicos que se utilizan como plaguicidas. Es por ello que entendemos necesario el control en la venta y manipulación de éstos, promoviendo su venta a través de una receta agronómica emitida por un profesional matriculado».

Fuente: 7 en Punto