La Legislatura de Río Negro aprobó una modificación legal que, según organizaciones ambientales y sociales, impacta en áreas naturales protegidas; el objetivo es hacer un oleoducto y un puerto petrolero.
La Legislatura de Río Negro aprobó en segunda vuelta el proyecto que incluye modificaciones a la Ley 3.308, que protegía al Golfo San Matías de actividades hidrocarburíferas. Organizaciones ambientales y sociales denuncian que la decisión representa una amenaza para el ecosistema, al tiempo que resulta inconstitucional porque “viola principios básicos de jurisprudencia”.
Promulgada en agosto de 1999, la ley 3.308 consta de un único artículo y prohíbe “las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos” en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino.
Tal como advirtieron diversas organizaciones ambientalistas, la modificación aprobada ayer en Viedma permitirá que YPF construya un oleoducto y un puerto petrolero en Punta Colorada, a 35 km de Sierra Grande, desde donde se podrá exportar el petróleo que se extrae en Vaca Muerta.
“Estas modificaciones van en contra de la normativa nacional en materia ambiental. El Principio de Progresividad consagrado en el artículo 4 de la Ley 25.675 General del Ambiente establece que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. El carácter abrupto de la resolución tomada por la Legislatura de Río Negro entra en tensión con la posibilidad de cumplir con este principio”, indicaron desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Fabricio Di Giacomo, representante de la Multisectorial Golfo San Matías, sumó: “El proyecto aprobado tiene un objetivo muy claro que es poder sacar el petróleo extraído con el fracking, una técnica altamente nociva para el ecosistema. La idea es sacarlo por nuestro golfo, uno de los últimos bastiones ecosistémicos libres de contaminación hidrocarburífera”.
Desde la Multisectorial Golfo San Matías –formada por distintos vecinos de las localidades de San Antonio Oeste, Las Grutas y alrededores– vienen denunciando las irregularidades vinculadas con el proyecto de modificación de la ley 3.308, que ya había sido aprobado en primera vuelta el 25 de agosto. En ambas sesiones se produjo la misma votación: tres abstenciones, 41 votos a favor y 1 en contra, del legislador Pablo Barreno.
“Creemos que la colocación de un oleoducto dentro del mar territorial rionegrino traerá consecuencias nefastas no solo para la flora y fauna local (allí hay 4 áreas naturales protegidas, un parque nacional, también es la ruta de la ballena franca austral, que es Monumento Natural), sino también para todas las fuentes de trabajo que se desarrollan en la región, que estimamos en alrededor de 50.000, entre turismo, pesca y otras actividades. Ese número contrasta con los 100 puestos de trabajo que ofrece YPF una vez que la planta esté en funcionamiento”, señaló Di Giacomo.
Asimismo, desde Farn pusieron el acento en que las modificaciones a la ley 3.308 se oponen al principio de no regresión consagrado en 2018 en el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. A través de un comunicado, la organización explicó que ese acuerdo, aprobado en 2020 por la Ley 27.566, declara que no puede haber retrocesos en los niveles de protección ambiental alcanzados a partir de su sanción, y que las decisiones sobre cuestiones ambientales no pueden ser tomadas a espaldas de la sociedad y sin considerar su debida participación.
“Esta aprobación muestra la falta de planificación para hacer frente a la realidad climática actual, en donde cada vez sentimos más los impactos del cambio climático. La destrucción de la naturaleza pareciera ser el único plan que tienen las autoridades provinciales y estatales para salir de una crisis económica”, dijo Santiago Cané, coordinador de Asuntos Legales de FARN .
Y agregó: “Continuamos perpetuando un modelo absolutamente dependiente de los combustibles fósiles cuando es necesario y urgente que el mundo gire hacia otras alternativas energéticas más limpias y que no provoquen los desastres ambientales que vemos en todo el mundo”.
En el mismo sentido, Di Giacomo advirtió que no hay ningún proyecto que involucre oleoductos y terminales de carga y descarga de petróleo que no haya contaminado a nivel mundial: “El simple hecho de que los barcos entren y salgan en una zona donde está la ruta de las ballenas francas australes genera una contaminación en las aguas que va a ser irreversible, contaminando incluso al área de Península Valdés, en Chubut, que es Patrimonio de la Humanidad”.
Al finalizar la sesión de ayer en la legislatura, el vicegobernador rionegrino Alejandro Palmieri destacó la aprobación del proyecto de ley, al considerar que “permitirá que la provincia fiscalice los ductos que la atraviesan y que sea destino de inversiones hidrocarburíferas para la exportación desde la costa atlántica”.
A su vez, el representante de la Multisectorial Golfo San Matías manifestó que las empresas multinacionales que invierten en Vaca Muerta tienen prohibida la técnica del fracking en sus países de origen por ser extremadamente contaminante: “Aquí hay un interés político y económico muy fuerte que justifica cualquier tipo de proyecto. Hablan de fiscalizar los oleoductos cuando, en realidad, hay una ley que prohíbe que haya oleoductos con salida al mar. Hablan de fiscalizar y, a fines de 2021, hubo un accidente en Catriel y la medida de contención que dispusieron para un tubo de petróleo que perdía fue poner una pileta Pelopincho”.
Diversas personas que viven en San Antonio Oeste, Las Grutas y zonas aledañas se dirigieron ayer a Viedma con la intención de participar de la sesión en la Legislatura y luego denunciaron que fueron amedrentados. “Queríamos participar como ciudadanos, pero personal de seguridad junto con la Policía nos cerraron la puerta. Dijeron que tenían la orden de no dejar entrar a nadie”, contó Di Giacomo. Los manifestantes permanecieron entonces en la calle.
“Nuestra actitud fue absolutamente pacífica, había niños, gente mayor, estudiantes, distintas asociaciones. Luego llegó, de manera avasallante, gente de la Uocra, con tambores, banderas y bengalas. Al rato, se acercaron a la vereda de la Legislatura y nos empezaron a correr con sus banderas de forma agresiva. Después quisieron contar que hubo una marcha por el Sí y otra por el No. No fue así. Nosotros tenemos muchas argumentaciones; ellos no sabían ni por qué estaban ahí”, afirmó Di Giacomo.
Finalmente, desde la Multisectorial Golfo San Matías añadieron que avanzarán por la vía legal, ya que creen “firmemente en la inconstitucionalidad de la modificación de la ley 3.308″.
Fuente: La Nación