El PRO dentro del oficialismo de Cambiemos insistió con la postulación de la titular del Inadi, Silvia Campos, pero no logró la suma de voluntades necesarias y desde la 0 de este miércoles el instituto de defensa ciudadana quedará acéfalo. El Nuevo Régimen Municipal para Entre Ríos exige para su nombramiento el voto positivo de los dos tercios de la totalidad de los miembros del cuerpo legislativo, es decir 10 sufragios.[{adj:64190 alignright}]

Al no haber podido arribar a un consenso en torno a los nombres de los postulantes para cubrir los cargos de defensor/a del Pueblo, defensor/a adjunto/a y defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores durante la última sesión ordinaria especial, realizada este martes en la sede de la “Sociedad Unión Árabe”, los mismos quedaron vacantes.

En consecuencia será responsabilidad de la próxima gestión municipal, que asumirá el 11 de diciembre, convocar a un nuevo concurso para cubrir los mismos, se indicó oficialmente desde el cuerpo legislativo.

La decisión fue comunicada a la Presidencia del Concejo Deliberante, tras un pedido de cuarto intermedio solicitado por la presidenta del bloque de concejales del “Frente para la Victoria”, Stefanía Cora, en un intento por alcanzar los acuerdos requeridos.

Sin embargo y luego de una reunión mantenida por los integrantes de las distintas bancadas, estos notificaron a la viceintendenta Josefina Etienot mediante nota que no se alcanzaron los consensos necesarios. El nombre que contaba con 9 votos y se intentaba imponer era la de la responsable de la oficina local del Instituto Nacional contra al Xenofobia y el Racismo, Silvia Campos, y era sostenido intensamente por el edil del PRO-Cambiemos, Emanuel Gainza. En consecuencia, las defensorías quedaron vacantes, hecho que la presidenta de la legislatura local calificó como “una situación extraordinaria, que es lamentable y triste”, expresó.

Indicó que al no aprobarse por ordenanza la posibilidad de prórroga del mandato del actual defensor del Pueblo, Pablo Donadío, “lo cual hubiera sido una alternativa hasta tanto se convoque a un nuevo concurso, esto nos coloca en una situación inédita”.

Añadió que como consecuencia de ello la Defensoría del Pueblo se encuentra vacante, puntualizando que a través de la orgánica de dicho organismo, “lo que podemos hacer es nombrar a alguno de los empleados de mayor jerarquía para que quede a cargo de la función meramente administrativa, pero -advirtió- sin poder ejercer la función institucional que le compete a la Defensoría”.

Reiteró que “el concurso oportunamente convocado para cubrir los cargos ya terminó, está concluido, y será la próxima viceintendenta, Andrea Zoff, quien deberá convocar a un nuevo concurso”, proponiendo que cada uno de los expedientes vinculados a las personas que se han postulado, sean válidos para el mismo.

Resumiendo, Etienot sostuvo que “todo esto es resultado de lo que se siembra, que implica no haber alcanzado los consensos necesarios para la designación de los defensores”.