El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba (probation) que se seguía al industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro y a José Ramón Coronel, dueño y gerente del ingenio y destilería La Florida. Ambos están acusados por el vuelco de millones de litros de vinaza, entre fines de 2012 y principios de 2013, que inundaron El Palomar, una pequeña localidad del departamento Jiménez.
Por entonces, la planta industrial descargó el efluente industrial a través de un canal interprovincial que une La Florida (Tucumán) con Jiménez (Santiago del Estero).
El cuerpo tomó esta decisión a instancias de las víctimas que aceptaron la reparación económica de unos 28,5 millones de pesos aproximadamente que hizo el empresario, y que consideraron importante. Las víctimas estuvieron representadas por las querellas: Fiscalía de Estado de Santiago del Estero (asistieron los abogados Marcelo Acuña y José Pérez Neme); la Fiscalía de Estado de Tucumán -se acumuló a este expediente una causa que tenía Rocchia Ferro en esa provincia- (representada por Mario Fabián Nahas); y Oscar Sarrulle, excamarista federal tucumano que vive en El Palomar y que fue querellante particular en representación de los vecinos.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general federal Indiana Garzón, asistida por el Dr. Pablo Álvarez, quien tras una extensa argumentación, expresó su rechazo a la probation y adelantó que recurrirá la sentencia ante Casación.
El ofrecimiento de Rocchia Ferro a través de su abogado Arnaldo Ahumada, para reparar el daño causado, incluye la compra de vehículos y embarcaciones para las dos provincias, el montaje de un laboratorio de última generación para el control de calidad de aguas en Santiago del Estero.
En el caso de El Palomar, el industrial se comprometió en un término de 12 meses a ejecutar un plan de obras que incluye: albergue para docentes, un puente peatonal para cruzar el canal interprovincial y llegar a la escuela, la construcción de una tapa para un pozo ciego que hay en el establecimiento, de un salón techado para juegos infantiles de los alumnos, el alambrado perimetral y un portón de ingreso para la escuela; también la construcción de un pozo de más de 130 metros de profundidad y sistema eléctrico de bombeo para obtener agua potable y las obras de red (éstas últimas planteadas por Sarrulle). También ofrece 20 becas para estudiantes de El Palomar para que estudien en la Universidad San Pablo en Tucumán.
La resolución del TOF que estuvo integrado por Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Juan Carlos Reynaga respetó el “deseo de las víctimas”, de aceptar el ofrecimiento de reparación del daño que de una propuesta original de 18 millones de pesos, se pasó a 27 millones de pesos el año pasado y luego a más de 28,5 millones de pesos teniendo en cuenta las observaciones planteadas por la Fiscalía de Estado (que a su vez trasladó planteos de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría del Agua).
Fuentes judiciales indicaron que la resolución tomó en cuenta las corrientes actuales del Derecho Penal que tienden a reforzar el papel de las víctimas, a quienes se escuchó en este caso.
La suspensión del juicio a prueba es por tres años y dispone una serie de conductas que deberán cumplir Rocchia Ferro y Coronel: fijar residencia; realizar estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral y profesional en materia ambiental, realizar a posterior seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a la contaminación y sus implicancias y dos charlas informativas respecto de la problemática de la contaminación ambiental y sus posibles soluciones en la Escuela de la localidad El Palomar, que deberán ser acreditadas por el juez de Ejecución Penal, en este caso Abelardo Basbús.
Los acusados también deberán comprometerse a llevar a cabo el plan vinaza cero, acreditando de manera periódica su cumplimiento.
También se emplazó a Rocchia Ferro y Coronel para que cumplan en el término de 30 días con la compra de bienes ofrecidos a las víctimas, y en el plazo de 12 meses, con las obras comprometidas. Además, el TOF resolvió que se haga efectivo el embargo de $ 200 mil que pesaba sobre ambos.
Fuente: El Liberal