El diputado provincial Marcelo Aparicio (Frente de Todos) ha presentado varios proyectos de ley, entre ellos uno relacionado a la agroecología.
Hace algunos meses, el legislador presentó un proyecto para prohibir el glifosato en Mendoza, tal como ya se prohibió en otros puntos del país, pues se trata de un herbicida de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos pero que al mismo tiempo puede acarrear problemas a la salud, no solo para quienes consumen luego los alimentos que surgen de los campos, sino incluso para los trabajadores que lo manipulan. Además, se trata de un químico que contamina las napas freáticas. “Proponemos un programa que contenga tasas especiales para los productores que trabajen con productos agroecológicos, que impulse el turismo rural, que se genere un registro de los productores que elaboren alimentos con sistemas agroecológicos y la certificación por un organismo de control de la trazabilidad de esos alimentos”, señaló, y destacó que no se trata de algo que ayude únicamente a la comunidad en general, sino a nuestro suelo y al medioambiente. “A nivel mundial viene dándose un cambio de paradigma para pasar de los tóxicos a los productos agroecológicos y saludables y, en ese sentido, promovemos esta ley que hemos presentado hace pocos días”, expresó en diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
Además busca promover los “cinturones verdes” de nuestra provincia, a través de otro proyecto de ley. “Es fundamental, porque por el crecimiento urbano, sin la planificación necesaria vemos cómo en hermosas tierras productivas se van creando barrios y lo que decimos es que esos barrios pueden estar alojados en otras tierras que no tengan las riquezas de estos suelos”, explicó.
Por otra parte, impulsaron un fondo único de asistencia alimentaria para los productores frutihortícolas, lo cual tiene como base el salario mínimo, vital y móvil, que es de aproximadamente 6.875 pesos, y dependiendo del registro en que esté anotado el productor, se pagaría medio salario o un salario por hectárea –con un máximo de 10 hectáreas–, pues se trata de trabajadores que están en una grave situación producto de la pandemia.
Al mismo tiempo, busca la creación de un programa de agricultura urbana que incluiría capacitación al respecto, teniendo en cuenta que según datos oficiales, el 42 por ciento de la población es pobre. “Creemos que esto puede ayudar a que con muy poco terreno, en el fondo de la casa se pueda crear la huerta necesaria para tener parte de la alimentación para la familia”, resaltó.
Fuente: Diario San Rafael