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Peligro al volante, inhabilitación por 10 años

A partir de un proyecto de ley, se aplicará la sanción de inhabilitación de licencia de conducir por el término de 10 años, en caso de  reincidencia en infracciones por intoxicación alcohólica o estupefacientes, según pudo saber AIM. La iniciativa se encuentra en comisiones de Senado, en condiciones para ser tratado en el próximo periodo legislativo.

Peligro al volante, inhabilitación por 10 años
Peligro al volante, inhabilitación por 10 años

El proyecto de ley, autoría del senador nacional Roberto Basualdo (Cambiemos-San Juan), incorpora el artículo 82 a la Ley 24.449, de Tránsito, y prevé la inhabilitación para conducir por reincidencia en infracciones por intoxicación alcohólica o estupefacientes.

La iniciativa se encuentra en las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, listo para ser tratado el año próximo.

Según el texto al que tuvo acceso AIM, se establece que, en caso de reincidencia de infracción a la falta grave de infracciones por intoxicación alcohólica o estupefacientes, se aplicará la sanción accesoria de inhabilitación de licencia de conducir por el término de 10 años, contados a partir de la fecha de sentencia.

“Nuestro país posee alarmantes índices de accidentes de tránsito. Organizaciones civiles tales como Luchemos por la vida, se encargan de monitorear y elaborar estadísticas al respecto. En este sentido, manifestaron que Argentina posee índices de accidentes viales ocho veces más altos que países desarrollados”, dice Basualdo en sus argumentos.

En ese sentido, la modificación a la Ley nacional, “también pretende la realización de una campaña informativa acerca de las consecuencias y sanciones de conducir bajo efectos de estupefacientes o alcohol”.  Asimismo, el objetivo del proyecto “es disminuir las violaciones a la ley de tránsito con el fin inmediato de proteger a todos los ciudadanos que circulan a diario por la vía pública de la conducta temeraria que muchos conductores imprudentes ofrecen”.

Por ello, “el Estado debe intervenir para garantizar la seguridad de conductores y peatones, no debemos esperar más pérdidas humanas para actuar”, finaliza el texto.

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