El Directorio de Télam S.E, conformado por Rodolfo Pousá, Ricardo Carpena y Pablo Ciarliero, fue denunciado en la justicia federal por delitos que prevén penas de hasta dos años de prisión a través de una querella presentada por la Comisión Gremial Interna (CGI) del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y en el contexto de un feroz programa de desmantelamiento y cierre de numerosas dependencias de la agencia pública de noticias y publicidad, informaron a AIM desde el gremio.

“Pousá, Carpena y Ciarliero fueron denunciados por incumplimiento de los deberes del funcionario público”, bajo las figuras de los arts. 248 y 249 del Código Penal, por dictar órdenes y resoluciones contrarias a las constituciones o leyes nacionales en medio del conflicto laboral por 357 despidos en la agencia público decididos por razones ideológicas, según confesaron públicamente los propios funcionarios, especificaron a AIM desde el sindicato.

“Uno de los hitos señalados en la denuncia es el singular correo electrónico emitido el viernes pasado por el que el Directorio le comunica, sin más, a los trabajadores de la agencia que no tienen la obligación de asistir al establecimiento de la empresa, ni a cumplir la jornada, ni a cumplir horario; curiosa práctica para una patronal que, más allá del sentido evidente de ensayar un torpe intento por desmovilizar a los trabajadores, constituye un acto ilegal y violatorio del propio Estatuto Social de Télam”, agregaron.

La querella, además, “denuncia como otros actos reprochados por el Código Penal a la propia conducta de los funcionarios, que llevan quince días sin presentarse en las sedes de Télam S.E, y el estado de abandono en el que dejaron el patrimonio de los archivos periodísticos y fotográficos de la agencia (este último solamente tiene 12 millones de unidades), que quedaron en estado de riesgo al ser despedida casi la totalidad de los trabajadores que se ocupaban de su preservación. Un acto brutal destinado a arrasar con la memoria histórica”.

El artículo 248 del CP dispone que: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Mientras tanto, los trabajadores de Télam S.E se encuentran de paro desde el 26 de junio por el anuncio del ministro Hernán Lombardi de 357 despidos en la agencia. Permanecen en forma pacífica en el establecimiento de la empresa, al que asisten cotidianamente en sus horarios regulares de trabajo- y se encuentran defendiendo el patrimonio público abandonado por los funcionarios.

Desde la CGI de Télam, “le exigimos al gobierno nacional la reincorporación de los 357 despedidos de la agencia y la apertura de una mesa de diálogo para discutir el rol y el valor social de los medios públicos”, ratificaron.