Por Javier Romano, asesor legislativo, especial para AIM. Las elecciones están cada vez más cerca y las distintas fuerzas políticas avanzan en el armado de un complejo entramado de alianzas para posicionar a sus candidatos, una tarea que, muchas veces, suele impactar en el desempeño de los funcionarios que ya están en el poder, sea porque buscan su reelección o para impulsar otra candidatura de su partido.

Se suele decir que “en años electorales disminuye la cantidad de leyes sancionadas”, de ser esto cierto, en los primeros meses de 2018 se deberían haber aprobado más normas que el periodo comprendido entre enero y abril de este año (cabe aclarar que a pesar de que en enero y febrero el Congreso está en receso, esto no significa que se pueda convocar a sesiones extraordinarias y sancionar leyes).

Pero primero, se debe considerar la cantidad de veces que los legisladores se reunieron en el recinto, las sesiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

En relación con el año pasado, hubo una leve disminución en la cantidad de sesiones, habiéndose realizado 6, tres en cada cámara, a diferencia de 2018 que se realizaron 7, tres en Diputados y cuatro en el Senado.

Además, las sesiones ordinarias, aquellas que se realizan en entre el 1 de marzo y 30 de noviembre, en los días y horarios definidos por la cada cámara y que deberían ser las más comunes y abundantes, hoy no lo son. Por el contrario, se suele realizar sesiones especiales, las cuales se convocan para tratar un temario definido y cerrado.

Esto que puede parecer un mero tecnicismo, no lo es. En los últimos años, el oficialismo ha utilizado las sesiones especiales para debatir proyectos que son solo de su interés, impidiendo que muchos proyectos de la oposición nunca sean tratados y así controlar la dinámica de las sesiones.

En lo que va del año, se realizaron dos sesiones ordinarias, dos especiales y dos informativas del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña. A pesar de que en 2018 se realizó una sesión ordinaria más, este tipo de convocatorias sigue siendo poco frecuente.

Ahora bien, ya sabemos que los legisladores se reunieron menos veces en el recinto, pero lo que queremos saber es si se aprobaron más leyes o no, al fin y al cabo “para eso se les paga”.

Se suele afirmar que “que se aprueben más leyes no significa que todas sean importantes”, lo cual es muy cierto. Si empezamos a ver de qué trata cada ley aprobada en los últimos años podremos notar que muchas refieren a temas como la declaración de capitales nacionales, monumentos, feriados, etc.

A pesar de esto, saber la cantidad de leyes sancionada nos permite tener una idea -parcial- de la “productividad” del Congreso y saber de qué tratan nos puede guiar a la hora de reclamarle a nuestros legisladores el tipo de leyes que se necesitan.

Desde que inició el año, se sancionaron dos leyes en Diputados y una en el Senado, habiéndose aprobado dos normas menos que en 2018.

La primera es la Ley Nº 27.501, de autoría de la diputada (MC) Diana Conti (Frente para la Victoria-PJ – Buenos Aires), modifica La Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La norma incorpora al acoso callejero como una modalidad de violencia hacia la mujer, sin embargo, no introduce sanciones diferenciadas para esos casos. Asimismo, establece la creación de una línea telefónica gratuita para dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra la mujer.

Por otra parte, la Ley N° 27.502, impulsada por el Poder Ejecutivo, garantiza la prevalencia de la Justicia Federal en los casos de “narcomenudeo” cuando se genera una contienda de competencia.

Sobre este tema, el diputado Felipe Solá (Red por Argentina – Buenos Aires) cuestionó el proyecto al afirmar que la ley vigente -sancionada en 2005 por requerimiento del propio Solá, quien ocupaba la gobernación de Buenos Aires- ya contemplaba la prevalencia de la justicia federal, aunque, según el legislador, se comprobó que los jueces federales no pueden encargarse de todos los caos.

Finalmente, la Ley N° 27.503, también del Poder Ejecutivo, establece una prórroga por 365 días la emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa.

Mayoritariamente, el sector que se ve beneficiado por esta ley son las Pymes, aunque será el Organismo de Control el que dispondrá que entidades serán incluidas.

Es destacable la ausencia de proyectos impulsados por el oficialismo, siendo su mayoría (dos) impulsador por el Poder Ejecutivo y uno de la oposición. Asimismo, en 2018 solo una ley fue originaria en el bloque del gobierno.

Este comportamiento se debe principalmente a que en la actualidad el Gobierno no posea mayoría propia en ninguna de las cámaras, por el contrario, a pesar de que el oficialismo representa la primera minoría, sus diputados no logran superar a la mitad de las bancas, necesario para dar quorum o aprobar la mayoría de las leyes.

Por esta razón, el oficialismo funciona como un articulador del Gobierno, buscando garantizar que se aprueben las leyes del Ejecutivo, a consta de sus propias iniciativas. Además, negocia con los bloques de la oposición para conseguir los apoyos necesarios para este fin, permitiendo a cambio que avancen algunos de sus proyectos.

Hay que mencionar también que muchos proyectos de ley fueron tratados y aprobados, pero solo por una cámara. Este año fueron 30 los proyectos con media sanción, superando a los 20 aprobados el año pasado.

Además, a pesar de que las leyes son las normas principales que sanciona el Congreso no son las únicas, ni las más abundantes.

En lo que va del año, se han aprobado 33 proyectos de ley (tres con sanción definitiva y 30 con media sanción) 5 Resoluciones; 349 Declaraciones, 21 Acuerdos y 39 Comunicaciones del Senado.

Es decir que hasta el momento se han aprobado 447 proyectos en ambas cámaras pero que solo el 7,4 por ciento son de ley.

A modo de resumen podemos afirmar que en este año electoral los legisladores sesionaron menos cantidad de veces y aprobaron menos leyes que en los primeros meses de 2018. Ahora, teniendo un paneo general, debemos preguntarnos entre otros temas si es correcto este funcionamiento, si son suficientes las sesiones que se realizan o adecuadas las leyes que se sancionan.