La presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Juana Ávalos, afirmó a AIM que los funcionarios del Programa de Atención Médica Integral (Pami) “quieren ocultar el brutal ajuste que llevan adelante, que comenzó con recortes de prestaciones, siguió con quita de reconocimientos a medicamentos y se profundizó con la reducción de bolsones de comida”. El vaciamiento de la obra social “tiende a la privatización de la mayor prestadora de salud de Latinoamérica”, sentenció.
La reducción de las partidas para los bolsones de comida “es sólo un síntoma que el Pami quiere ocultar mintiendo, ya que es un hecho que los bolsones cada vez traen menos cosas y muchas de baja calidad a lo que se suma que ahora sólo entregan 11 para pasar el mes, ayuda que no llega a ser ni un paliativo”.
En ese sentido, desmintió a funcionarios de la obra social, quienes dijeron que no había modificaciones: “Es un hecho que se comunicaron y notificaron que iba a haber una reducción en la entrega de bolsones y ahora quieren desmentirlo para decir que no hay ajuste, como ocurre con todas las medidas que toma el Gobierno nacional de Mauricio Macri que dicen una cosa que no se corresponde con la realidad”.
Al respecto, la dirigente sindical explicó que no sorprende la reducción de partidas, “ya que es una política de los funcionarios de este Gobierno quienes ya recortaron prestaciones, la entrega de medicamentos subsidiados y avanzan hacia el vaciamiento que implicará una privatización encubierta como ocurre con la Fundación Pami creada recientemente que absorbió las funciones del organismo público, carece completamente de controles estatales y no está obligada a realizar licitaciones”. Ávalos rememoró que la resolución 956/17 sobre la creación de Fundación Pami “se enmarca en una concepción de salud mercantilista y de gestión de negocios”.
“Con esa norma se pone en marcha un proceso de vaciamiento de la obra social de los jubilados en abierta confrontación con la Ley 19032, y con los principios públicos, solidarios y de administración democrática, bases sobre las cuales se organiza la seguridad social”, alertó la referente de los jubilados estatales.
Hay que recordar que al Pami lo fiscaliza el ministerio de Bienestar Social, pero como la Fundación es una ONG tiene pocos controles y la fiscalizará el mismo Pami, cuyas autoridades son las mismas que las de la Fundación.
En Entre Ríos, los argumentos son similares, ya que Ávalos recordó que en Gualeguaychú “se celebró un acuerdo prestacional para atender a los jubilados a través de una prestadora privada (Nativus S.R.L.), fundada por la intervención del Pami", y afirmó que con esas medidas "se avanza hacia una privatización encubierta de los servicios a través de una intervención de facto que tiene un claro conflicto de intereses, desnaturalizando sus funciones en detrimento del derecho humano a la salud de sus beneficiarios, los jubilados y pensionados".
La dirigente provincial puso énfasis en que “esto abre una caja de pandora porque, en la práctica, la Fundación tiene la capacidad de actuar no sólo sobre sanatorios sino que podría administrar todas las funciones del Pami, lo que llevaría a una privatización encubierta de la obra social”, denunció.
Ante esta situación, aseguró que “los trabajadores no deben permitir que estas medidas avancen” y agregó que “van a resistir las privatizaciones que impulsa el Gobierno nacional, ya que este tipo de fundaciones dejan librada la transferencia de funciones que vacía la obra social”.
En ese marco, solicitó la creación del instituto Nacional de Previsión Social, que funcionaría como entidad de derecho público, no estatal, sin fines de lucro, con autarquía y autonomía económica, jurídica y financiera, contable y administrativa dirigida y administrada, como establece la Constitución Nacional, por jubilados, trabajadores activos y participantes del Estado.