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Avanza la Ley de Semillas en el Congreso

De Fundación Barbechando, especial para AIM. Representantes de instituciones gremiales, semilleros nacionales, académicos, cadenas, cámaras, cooperativas, obtentores y movimientos sociales plantearon sus posiciones respecto de la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. Esta vez, la contraposición con patentes, la compra de semilla fiscalizada y la limitación por el uso propio fueron los ejes del debate.

Avanza la Ley de Semillas en el Congreso
Avanza la Ley de Semillas en el Congreso

Para comenzar, desde Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, recientemente electo presidente, remarco los acuerdos alcanzados en la mesa de consenso de la Ley de Semillas: reconoce el uso propio por parte de los productores y se acuerda el reconocimiento del pago por tecnología, con excepciones para la agricultura familiar. También apoya el pago único (germoplasma y biotecnología) y los controles a cargo del estado, “aunque puede sostenerse con apoyo de privados, debidamente controlado por el Estado”.

Respecto del uso propio gratuito en un tiempo determinado, propuso “encontrar un coto al uso propio de la primera compra original, en un tiempo determinado”.  En caso de que hubiera reserva de semilla que excediera el limite original (uso propio gratuito), ese excedente en superficie seria el uso propio oneroso. También postuló que el productor queda “exceptuado de cualquier tipo de reclamo de pago una vez que haya hecho la compra de la semilla fiscalizada o que haya hecho uso propio oneroso”.

Sobre el valor de las regalías, sería definida por el titular de cada derecho, con contratos y acuerdos entre partes: “lo privado es lo que debe primar”, apostó. Para terminar, propuso considerar, en algún momento, una desgravación impositiva por uso de semillas fiscalizada para las pymes y un tratamiento diferencial de alícuota del IVA.

También estuvo presente el ex diputado nacional, Gilberto Alegre, quien condujo el debate de la ley de semillas en 2016, cuando estaba a cargo de la comisión de Agricultura. Comenzó lamentándose: “la ley de semillas no sale porque son más importantes los intereses de los que no quieren la ley de semillas, que los que quieren la ley de semillas” y se refirió a los intereses de los productores, los obtentores y las tecnológicas. Luego pidió enfocarse en el conocimiento y los “desarrolladores tecnológicos”, es decir, reconocer el derecho de los obtentores. “Hoy en día estamos importando cepas de trigo”, se lamentó y pidió pagar por el uso propio oneroso.

El fitomejorador de arroz, Alberto Livore, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, fue contundente: “el 90 por ciento de los ingresos por regalía del Inta provienen de las variedades de arroz”; y aclaró que, de ese total, el 95 por ciento proviene de otros países. Según Livore, Argentina recibe “más de dos millones y medio de dólares gracias a las regalías del Inta”.

El especialista destacó el plan de mejoramiento del 2017 que permitió que “el 90 por ciento del área de Brasil estuviera sembrada con variedades de tecnología Inta”. También afirmó que Centroamérica, Italia, Grecia y España cambiaron sus panoramas gracias a la siembra de variedades del Inta; mientras que se lamentó por los altos porcentajes de bolsa blanca de arroz en Argentina: “supera el 60-70 por ciento”, confirmó.

Livore pidió una norma que ordene: “El uso propio de semilla ilegal estropea la tecnología argentina y se torna inservible por el mal uso”. Para cerrar apeló a los legisladores con una pregunta: “Gracias a trabajo de ente público se captan regalías internacionales, pero vamos a dejarlo así?”.

También, desde el Criadero Klein, semillero nacional de trigo, pidieron el reconocimiento de la propiedad intelectual y plantearon el mercado de semillas local: hay 16 obtentores, 117 variedades inscriptas de semillas fiscalizadas, pero sólo la mitad de las variedades son argentinas, el resto provienen de Francia, Brasil y otros países.

Klein estimó el cobro de la regalía o derecho de propiedad intelectual en tres dólares por hectárea, es decir, el uno por ciento de la inversión de cultivo, es decir. También propusieron el uso propio oneroso con excepciones del pequeño agricultor y pueblos originarios; un Inase con funcionarios idóneos; sistema de fácil control y de respeto de los títulos de propiedad; definir el rol de la investigación pública en apoyo de los obtentores; no interferir en los negocios entre privados; respetar usos y costumbres actuales sobre los valores de la semilla y de la regalía de uso propio actual e incluir conceptos de excepción del fitomejorador y variedades esencialmente derivadas

Desde la Cámara Algodonera Argentina reconocieron que “el atraso en tecnología es monumental”: no hay nuevo evento de algodón desde hace diez años. En Brasil, tienen, promedio, 1700 kilos de fibra de algodón por hectárea, mientras que en Argentina es entre 600 y 800 kilos. Por eso, pidieron por una nueva ley de semillas que les permita acceder a nuevas tecnologías y exportar.

Desde Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, nuevo presidente de la gremial, junto al Vicepresidente, Elvio Guía y equipo técnico, resaltaron el proyecto propio de la ley de semillas y postularon tres ejes de análisis: proteger la propiedad intelectual y las obtenciones vegetales (resolver el conflicto entre la ley de patentes y el derecho del obtentor); establecer un coto para el uso propio: “hay que pagar lo que corresponde y en el momento lo que corresponde” y la declaración de la ley de orden público, para evitar contratos impuestos “por la industria semillera”.

Desde la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios, que también son distribuidores y multiplicadores de semillas, apoyan el acta de entendimiento de la Mesa de semillas. “Nuestro sector está en una crisis profunda”, dijo que titular de la institución y señaló que en el 2011 existían 762 semilleros y este año, esa suma se redujo a 550, según datos del Inase. También informo que una década atrás producían nueve mil bolsas fiscalizadas de soja y cinco millones de trigo, mientras que este año son casi tres millones de soja y casi cuatro millones de trigo. Para concluir propuso: promover la adopción de semilla fiscalizada, mecanismos de controles efectivos y eficientes, no declarar la ley de orden público, uso propio gratuito para pueblos originarios y agricultura familiar y la conformación del directorio del Inase.

Por la Bolsa de Comercio de Rosario, apoyan la reforma de la ley, que “incentive la investigación y desarrollo de nuevas variedades de biotecnología y genética”. Primero, postularon promover el retorno de la inversión realizada: “el proceso de investigación para obtener materiales nuevo lleva diez años”, aseguraron.  Para el pago de regalías propusieron el pago único (germoplasma y biotecnología) en la semilla. Respecto del uso propio oneroso –que excluye a los agricultores familiares y pueblos originarios-, proponen pago de semilla original y luego un pago adicional por regalía extendida por cada uso propio que se haga; o bien, un pago único en la venta de semilla original. También proponen el valor libre de la semilla entre oferentes, el plazo de cobro de regalía establecido al momento de inscripción de los cultivares y control estatal de semilla y grano, en el punto de entrega. “Estamos perdiendo competitividad por la escasez de variedades vegetales”, concluyó.

Desde Maizar, avalaron el acta de entendimiento de la ley de semillas que contempla: proteger el uso propio como practica del productor, asegurando su onerosidad para quien opte por hacer uso de las tecnologías; la excepción para los pueblos originarios y la agricultura familiar; semilla fiscalizada; libertad de las partes para contratar y elegir y controles efectivos y eficientes por medio del Estado.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) señalaron la existencia de un vacío legal, producto de la falta de definición de la figura del agricultor y se mostraron preocupados por la cadena de valor de semillas: “Solo el 45 por ciento del total de las semillas comercializadas son fiscalizadas”, lo que atenta contra la industria semillera, aseguraron. Para ejemplificar, señalaron que en soja es el 28 por ciento, en trigo el 39 y en papa el 29. Por último defendieron reconocer el derecho del obtentor, es decir, que cobre por la propiedad intelectual y pidieron ser considerados como la quinta gremial.

Desde la Federación de Cooperativas Federadas Ltdas. (Fecofe), que responde a Federación Agraria, donde convergen productores, acopiadores, comercializadores y multiplicadores, aseguraron que la discusión de la ley de semillas se concentra en la “regalía extendida de la soja”, que avala el traslado de recursos de sector productivo a favor de Monsanto. Apoyaron la propuesta de ley de semillas de Federación Agraria, que declara la ley de orden público, protege a los criadores nacionales y combate la bolsa blanca.

La ex directora de Asuntos Jurídicos del Inase, Dra. Carmen Gianni, planteó la confusión que existe entre la propiedad intelectual y la ley de patentes: “Semillas no tiene nada que ver con biotecnología, OGM ni patentes”, el objetivo de la Ley de Semillas es proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas. La especialista propuso una nueva ley de semillas que contemple: excepciones del fitomejorador y del agricultor, variedades públicas y especies y germoplasma nativo y local, agotamiento de los derechos de los titulares de patentes y de los obtentores, incluir el concepto de variedad esencialmente derivada y la creación de un sistema jurídico internacional de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

En la misma línea, Dámaso Pardo en representación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial también apuntó la superposición de dos regímenes dentro de un germoplasma en un evento: la propiedad intelectual y el derecho del obtentor versus la ley de patentes. El derecho de patentes es territorial, es decir, “los productores nacionales deben afrontar el costo de la patente de los obtentores en los países de destino”, apuntó el especialista. Por último resaltó que la excepción del agricultor y fitomejorador pueden ser incorporadas como limitación a los derechos de patentes y esto resolvería el conflicto hoy vigente, por el cual el fitomejorador debe pedir la autorización al titular de la patente para investigación y desarrollo.

Desde Ubatec S. A., Lorenzo Basso, se quejó por estar discutiendo el tema hace seis años y “no llegamos a nada”. La industria semillera nacional “no está protegida”, se lamentó, mientras aseguraba que la importación de semillas responda a la falta de una ley. Luego recordó una mesa de discusión en 2012 que desembocó en un proyecto de ley con el consenso  de todas las partes, impulsado desde el Inase, pero que no llegó a puerto. Para terminar pidió una ley que proteja a los productores, a los semilleros locales y a las universidades para el mejoramiento de genómica.

Por la Unión de Trabajadores de la Tierra se opusieron a la ley de semillas y cuestionaron que “la producción de alimentos no quede librado al mercado”. También pidieron por una ley de acceso a la tierra.

 

Congreso debate Ley de semillas

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