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Diputados debate el proyecto de recorte de la coparticipación porteña

La Cámara de Diputados comenzó a las tres de la madrugada el debate del proyecto más caliente de esta polémica sesión: el que busca recortar la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, llevándola a 1,40 por ciento, para pasar a financiar el traspaso de la Policía Federal a través de una suma fija que será actualizada trimestralmente.

El interbloque de Juntos por el Cambio intentó demorar el tratamiento de la iniciativa con más de 50 cuestiones de privilegio, la mayoría contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por haber convocado a la sesión el viernes a última hora de manera “irregular”.

Antes, legisladores de todos los bloques habían dedicado casi una hora a homenajear al ídolo futbolístico Diego Armando Maradona, fallecido la semana pasada, lo que retrasó aún más el debate del proyecto de la coparticipación.

Luego vinieron numerosos pedidos de apartamiento del reglamento, todos votados de manera nominal, hasta que, cerca de la medianoche, se desató una disputa por la vigencia del protocolo virtual, que fue saldada tras más de dos horas de discusión con una moción -que resultó afirmativa- para reencauzar el debate.

El debate
En el inicio del debate, pasadas las tres de la madrugada, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo González, la emprendió contra el decreto original de Mauricio Macri de 2016, que aumentó en 167 por ciento la coparticipación porteña. “Esas diferencias entre lo que debería haber sido y lo que fue”, señaló, fue de 125 mil millones, en favor de Caba, precisó.

“Llegamos entonces a un acuerdo que el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires nunca pusieron a consideración del Congreso de la Nación”, señaló el legislador santacruceño, observando también que Nación hubiera resignado recursos en materia de seguridad “en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Más adelante afirmó que el Consenso Fiscal “de ninguna forma” avaló lo actuado entre Nación y Caba, y apuntó a continuación que “hemos estado trabajando en modificaciones al proyecto”, detallando que para las mismas se trabajó con diputados de Córdoba Federal.

“Las modificaciones son sustanciales”, aseguró, adelantando modificaciones en los artículos dos, tres, cuatro, cinco. “Adelanto que hay un mecanismo de acuerdo entre las partes, una intervención del CFI; las modificaciones tienen un plazo, se van a ir haciendo mientras el Estado nacional va a conservar ese cálculo del 80 por ciento en función del nivel de salarios de la Policía Federal y del Indice Nominal promedio de la Policía Federal de la Argentina, y un 20 por ciento del IPC de la Ciudad de Buenos Aires, sabiendo que el salario integra el 97 por ciento prácticamente del presupuesto de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires”, detalló el legislador.

González confirmó que las modificaciones habían sido hechas sobre todo este mismo lunes, y que las mismas serían aprobadas en el Senado.

A continuación, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, objetó el argumento opositor de que la Ciudad aporta más de lo que percibe. Argumento que consideró “secesionista”. “Se aporta por posibilidad y se recibe por necesidad: eso es federalismo”, afirmó. También consideró “una falacia” que se le saque a la Ciudad para darle a la Provincia. Para hacerlo invocó declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli de principios de año referidas al diálogo entre la Ciudad y Nación sobre los recursos, que daban certezas de que lo que fuera a afectar fuertemente al distrito. “Pareciera que se quiere generar una situación de culpar a la Nación de una serie de cuestiones que exceden por mucho al impacto que tiene lo que se está discutiendo”, remarcó.

“Lo que se está discutiendo es un exceso de recursos que transfirió Macri ni bien asumió”, insistió el legislador porteño, asegurando que no se estaba tratando de perjudicar a la Ciudad. “Lo que ha habido es un exceso” favorable a Caba, “y eso es lo que se intenta corregir de aquí para adelante”, manifestó.

Desde la oposición, el radical chubutense Gustavo Menna consideró “un expolio” el proyecto, al que consideró “inconstitucional”. “Con esta ley se reduce la coparticipación al 1,40%, aseguró, afirmando que “el Gobierno nacional ha avanzado sin acordar absolutamente nada. La reducción de la coparticipación es absolutamente inválida, la haga el Poder Ejecutivo, la haga el Congreso, si no viene precedida de un acuerdo de parte”, puntualizó.

Menna sostuvo que el artículo 75 de la Constitución también ordena que cuando la Nación le transfiere un servicio a una provincia o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe hacerlo con la contrapartida de recursos, tal cual indica la Carta Magna reformada en el 94. “Después se llenan la boca hablando de federalismo, (cuando) tienen antecedentes sobrados de unitarismo fiscal”, afirmó. “Esta ley pretende convalidar el manotazo del decreto 735. No es cierto que al rebajarle el coeficiente a la Ciudad de Buenos Aires de 3,50 a 2,32 se haya actuado en defensa de las demás provincias. Esto no es cierto porque la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la de Tierra del Fuego, no es a expensas de la distribución secundaria de la coparticipación: es a expensas de la primaria, de la Nación, porque en 1988 ninguno de esos estados tenía autonomía”.

“Los fondos que le están quitando a la Ciudad de Buenos Aires van a parar a (Axel) Kicillof”, disparó promediando su discurso, considerando la decisión del Gobierno nacional “un antecedente gravísimo” disparado a partir “de la incapacidad de Kicillof de resolver un conflicto salarial en su provincia”.

Las modificaciones
El diputado Pablo González intervino entonces para negar que se busque desfinanciar a la Ciudad y detalló los cambios aplicados a la media sanción proveniente del Senado. En el artículo dos de la norma contó que se estableció que “el gasto anual que demande las transferencias realizadas a Caba en el marco del convenio aprobado por el artículo uno de la presente y sus mecanismos de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo de 60 días corridos contados a partir de la sanción de la presente”.

El párrafo siguiente indica, precisó González, “la Comisión Federal de Impuestos (CFI) tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la Caba en el año 2016”.

El último párrafo del artículo dos modificado dice: “El Presupuesto General de la administración nacional en cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos denunciados en el presente artículo”.

El artículo tres también modificado prevé qué va a pasar hasta tanto el acuerdo se perfeccione. “Hasta la entrada en vigencia del acuerdo previsto en el artículo dos de la presente, se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la doceava parte de 24.500 millones de pesos, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se otorgue”. El siguiente párrafo dice: “La suma prevista en el párrafo precedente será actualizada trimestralmente de acuerdo con un índice compuesto en un 80 por ciento por el Indice Nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20 por ciento por el IPC elaborado por la Dirección General de Estadísticas de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al período precedente”.

El artículo cuatro dice: “A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo nacional transferirá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación que corresponda por la aplicación del artículo ocho de la Ley 23.548 y sus modificaciones, así como las sumas destinadas a la atención del gasto que demanda el convenio aprobado en el artículo uno de la presente, con lo que quedará cumplida la exigencia establecida en el artículo 75 inciso dos quinto párrafo de la Constitución nacional”.

El artículo cinco con modificaciones queda así: “El jefe de Gabinete de Ministros efectuará las adecuaciones presupuestarias pertinentes a los efectos de la adecuación del presente.

Los artículos seis, siete y ocho no tienen modificaciones de la media sanción del Senado de la Nación.

Rechazo opositor
A través de una cuestión de privilegio, el diputado nacional Alejandro García calificó de “escandaloso” que la norma se modificara prácticamente de manera sustancial. “Recapaciten”, le reclamó al oficialismo a los gritos, afirmando que la norma “no va a resistir ningún análisis cuando se judicialice

“Todas las leyes deben tener propósitos y objetivos”, sostuvo el diputado Pablo Tonelli, para quien el propósito de este proyecto es “perverso”, por cuanto el mismo es “perjudicar, dañar y discriminar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no por casualidad está gobernada y bien administrada por un dirigente opositor”. A eso atribuyó las modificaciones anunciadas: “para atenuar un poco la perversidad de la ley”.

Para Tonelli, “lo que no puede ser discutido es la notoria ilegalidad del proyecto de ley”. Al respecto, señaló que hubo una transferencia de servicios “importantísima” ante lo cual “tiene que haber transferencia de recursos”, y según la Constitución eso se debe hacer a partir de acuerdos, y con automaticidad. “Y el único modo para que haya verdadera y real automaticidad es que las transferencias se produzcan por puntos de coparticipación, no por la firma del secretario de Hacienda, que sabemos que un día se produce y al otro no”, agregó.

El texto sobre la coparticipación, enviado por el presidente Alberto Fernández y aprobado en el Senado, establece que el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad se financiará a través de una suma inicial estimada en 24.500 millones de pesos, que serán actualizados de forma trimestral según una combinación del índice salarial promedio de la Policía Federal y el índice de inflación.

El monto estipulado se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro nacional hacia la Ciudad, dejando de formar parte del porcentaje de coparticipación.

De esta manera, se convalida el convenio de transferencia firmado el 5 de enero de 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El Frente de Todos logró abrir la sesión con el quórum justo, 129 presentes, gracias al aporte del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón; dos de los cuatro diputados de Córdoba Federal -Paulo Cassinerio y Alejandra Vigo-; Nicolás Del Caño, del PTS; Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino; y Felipe Álvarez, de Acción Federal.
Fuente: El Parlamentario

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