Por Esther Pineda G, de Movimiento Cultural Acercándonos, especial para AIM. En nuestras sociedades desiguales, patriarcales y androcéntricas el femicidio (el asesinato de una mujer por motivos sexistas y misóginos) siempre ha estado presente como un mecanismo de neutralización de los avances de las mujeres, como castigo ante la transgresión del mandato de la feminidad, y como mecanismo disuasorio ante la revelación de la dominación masculina y los intentos de transformación social.
No obstante, en los últimos años, ha sido posible presenciar un incremento exponencial de estos crímenes, los cuales cada año aumentan a un ritmo desenfrenado y se vuelven cada vez más grotescos, crueles, brutales e inhumanos; esto sin lugar a dudas ha dejado en claro que no son hechos aislados o monopolio de coyotes, guerrilleros o narcos, y que todas las mujeres por simple hecho de serlo estamos en constante riesgo.
En América Latina, ningún país está exento de este tipo de crímenes, la magnitud de estos es tal que algunos países en los últimos años han dejado de publicar sus estadísticas de femicidio, en otros pese a estar tipificado el delito los femicidios/feminicidios son procesados como homicidios, mientras que en México (el país con más casos en la región) han propuesto eliminar del código penal el delito especial de feminicidio; estas medidas e iniciativas tienen como fin de ocultar las estadísticas que dejan una mancha de sangre imborrable y que ponen en evidencia la negligencia, el desinterés, la burocracia y el desprecio por las mujeres enquistada en los gobiernos latinoamericanos.
En el caso de Argentina, pese a que en el año 2014 se tipificó el delito y se creó el Registro Nacional de Femicidios con el propósito optimizar los procesos de recolección y análisis de la información y contar con estadísticas confiables para diseñar e implementar políticas públicas para su prevención, atención y erradicación, la realidad es que su abordaje ha carecido de voluntad política. Durante el mandato del ex presidente Mauricio Macri el presupuesto para la atención de las víctimas de violencia contra la mujer fue irrisorio, no se abrieron las casas de acogida para las víctimas de violencia prometidos, no hubo pronunciamiento sobre los numerosos femicidios, y este tema no formó parte de su agenda ni fue mencionado sino hasta el final de su mandato en el contexto de la campaña electoral, donde al igual que la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y para entonces candidata a la reelección María Eugenia Vidal, realizaron promesas de acción, protección y erradicación de la violencia machista. Así mismo, durante el mes de noviembre de 2019 la para entonces Ministra de Seguridad Patricia Bullrich Presentó un informe en el que se aseguraba que el número de femicidios descendieron, celebró afirmando “¡Bajamos los femicidios un 12,1 por ciento!”, y desconoció otros esfuerzos gubernamentales en la materia afirmando que "se logró un trabajo de cooperación para obtener un dato que en Argentina solamente era llevado por algunas ONGs” que trabajaron este tema.
Ahora, con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia se están realizando capacitaciones a funcionarias y funcionarios públicos en el contexto de la Ley Micaela y se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sin embargo, las autoridades de esta instancia aun no se han pronunciado oficialmente sobre el flagelo del femicidio que azota a la nación. Hasta el momento las únicas declaraciones conocidas son las de Josefina Kelly, secretaria de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género, quien recientemente en una entrevista afirmo que durante las dos jornadas hasta el momento realizadas de los Foros Federales Participativos Hacia un Plan Contra las Violencias de Género que impulsa el ministerio “surgió lo de los femicidios, pero más que nada trabajar los registros. No hay datos, estadísticas concretas en cuanto a cuál es la situación real actual”.
Esta afirmación me resultó preocupante pues, lamentablemente excusarse en la falta de estadísticas es un recurso que durante años han usado los gobiernos en América Latina para evadir y postergar la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra la mujer y los femicidios. En este contexto es necesario visibilizar que si bien con deficiencias, Argentina junto a Chile, Costa Rica y Perú son los países de la región con más y mejor información estadística en cuanto al femicidio; si bien es cierto que la información disponible sigue siendo limitada e insuficiente, esta sin lugar a dudas permite grosso modo caracterizar el fenómeno para diseñar políticas públicas inmediatas ante una problemática que no solo incrementa en términos cualitativos, sino que también se profundiza en lo que refiere la violencia y barbarie de sus expresiones y manifestaciones.
Al respecto es necesario recordar que en Argentina existe desde el año 2014 el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y desde el año 2016 el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, y de acuerdo a la información suministrada en los informes generados por estos organismos estatales se tiene conocimiento de la ocurrencia de 1500 femicidios entre los años 2014 y 2019. Adicionalmente estos informes permiten aproximarse a la naturaleza del fenómeno, pudiendo identificar que del total de las víctimas el dos por ciento eran trans o travestis, el cuatro por ciento eran mujeres explotadas en la prostitución y el 8,6 por ciento fue víctima de violencia sexual.
Las estadísticas también permiten reconocer que al menos el 52 por ciento de las mujeres víctimas de femicidio se encontraban en edad reproductiva, es decir, oscilando entre los 16 y 49 años de edad, grupo etario al cual también pertenecen el 59 por ciento de los femicidas. El 60 por ciento de quienes asesinan a las mujeres por sexismo y misoginia son sus parejas o ex parejas, además, el 67 por ciento de estos crímenes fueron perpetrado en la vivienda de la víctima o donde esta convivía con su agresor. Ahora, si bien es cierto que en Argentina existe una prevalencia del femicidio íntimo perpetrado en el espacio privado, también ha comenzado a incrementarse la ocurrencia de estos crímenes en el ámbito público, alcanzando el 20 por ciento de los femicidios registrados. Además, el 40 por ciento de los femicidios registrados han sido cometidos en la Provincia de Buenos Aires.
En lo que refiere al arma o modalidad empleada para la comisión del delito es posible evidenciar que los agresores se valen de cualquier arma o instrumento que tengan a disposición: el 29,3 por ciento hizo uso de la fuerza física, el 28,8 por ciento recurrió al arma blanca, el 26,5 por ciento de los agresores emplearon arma de fuego, el siete por ciento apeló al fuego y el 9,4 por ciento hizo uso de diversas formas de violencia y armas para perpetrar el femicidio; como dato adicional es imprescindible mencionar que el 6,6 por ciento de los femicidas pertenecía a alguna fuerza de seguridad.
Con respecto a la actuación y la negligencia del Estado, es posible señalar que al menos el 20 por ciento de las víctimas ya había denunciado a su agresor, pero, aunque las denuncias se incrementan año tras año, los mecanismos de atención y protección no están siendo efectivos pues, los femicidios lejos de disminuir se han incrementado. A ello se suman los retardos procesales y los índices de impunidad ante la ocurrencia de este delito, por el cual solo el 6,6 por ciento de los imputados ha obtenido una sentencia condenatoria. Estos hechos también han dejado víctimas colaterales, entre ellos 70 víctimas de femicidios vinculados en los últimos tres años, y al menos 1167 niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad y desprotección entre 2014 y 2019.
Esta situación de vulnerabilidad de las mujeres a razón de su sexo se ha mantenido durante el año 2020, al mismo tiempo que se ha profundizado en el contexto del aislamiento domiciliario de la población como medida de protección ante el coronavirus (Covid-19) declarada como pandemia el 11 de marzo de 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo a un informe elaborado por el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” coordinado por la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”, desde el 20 de marzo hasta el 16 de abril han sido perpetrados 21 femicidios en todo el país; además, el Covid-19 estas siendo utilizado por los agresores para ocultar sus crímenes y evadir a la justicia.
Por ello, ante la sistemática ocurrencia de los femicidios y su posible profundización en el contexto del confinamiento, es necesario que: a) Se declare la emergencia por femicidios a fin de comprometer a las autoridades a diseñar acciones inmediatas y concretas que permitan su prevención y disminución. b) Se realice el monitoreo de los casos de mujeres que ya han denunciado a sus agresores a fin de proveerles respuesta y protección inmediata ante el inminente riesgo de femicidio. c) Se optimicen los canales de atención y recepción de denuncias y se proporcionen respuestas efectivas, eficientes y oportunas a las mujeres víctimas de violencia antes de un desenlace fatal. d) Se resuelva la prisión preventiva para los agresores ante el riesgo inminente de femicidio. e) Se aplique el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) ante la muerte de mujeres aparentemente por Covid-19 para descartar que la muerte esconda otras causas como las agresiones machistas. f) Se establezca la prohibición de que los cuerpos de las mujeres aparentemente muertas por coronavirus sean cremados o sepultados sin la realización de autopsias a fin de descartar la existencia de un femicidio.