Con una exposición centrada en explicar las modificaciones que se prevén en el Código Penal, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, defendió el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y dijo que “desestresa el sistema de salud” y “disminuye los abortos”.

Al exponer en el arranque del debate en la Cámara de Diputados, la funcionaria afirmó que la iniciativa “viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud pública que existe en nuestro país y que no podemos seguir escondiendo o mirando para otro lado”.

“El proyecto disminuye la mortalidad materna, quiere decir que salva vidas de mujeres todos los días; elimina riesgos para la salud de las mujeres; disminuye los abortos, que es algo que deseamos todos y todas; no estresa al sistema de salud, sino por el contrario lo desestresa; y no implica más costos, sino implica un ahorro”, enumeró.

Gómez Alcorta abogó por un debate, tanto dentro del Congreso como en las calles, que sea “respetuoso” y con “ideas”. “Creemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que, si se sanciona esta ley, nunca más muera una mujer en nuestro país por el aborto clandestino”, enfatizó.

La ministra indicó que la práctica se legaliza hasta la semana 14 inclusive y “mantiene la penalización de quien causare un aborto” sin consentimiento de la mujer. Además, ponderó la inclusión del término “personas gestantes” para “adaptar el texto legal” a la Ley de Identidad de Género, porque “no solamente las mujeres podemos embarazarnos, sino también los varones trans, bisexuales, intersex o no binarias”.

Además, apuntó que se incorpora un nuevo tipo penal con penas de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar el aborto en los casos autorizados, lo que abarca tanto a médicos como a las autoridades del establecimiento de salud.

Este punto se introduce porque el proyecto prevé “el derecho a la objeción de conciencia”, porque reconoce como “un derecho a la IVE, y a requerir y acceder a la práctica”, y finalmente porque se contempla el “plazo de 10 días que se establece desde el momento en que la persona la requiere y el momento en que se tiene que efectivizar”.

Sobre ello, aclaró que el nuevo artículo -85 bis- se establece entonces “de acuerdo a las previsiones que establece el proyecto” y para que “no se obstaculice el acceso a este derecho”.

También, la ministra manifestó que la nueva redacción tiene como fin “mejorar los déficits de redacción que tenían (los artículos del Código Penal), y que a lo largo de estos años tantos problemas han traído la interpretación de estos textos”.

Entre las cuestiones que se agregan, la funcionaria hizo mención a que “la declaración jurada no será requerida para las personas menores de 13 años” y que “podrá eximirse de la pena (a la persona gestante) cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta”.