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Política
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Los derechos de los niños y adolescentes en la pandemia 

Colectivos, activistas y académicos en el campo de derechos de la niñez manifestaron a AIM su preocupación respecto a la emergencia de posicionamientos que ponen en peligro la efectiva garantía del derecho a la educación y que invisibilizan en general a la niñez y a la adolescencia; o bien que utilizan los derechos de niños y adolescentes en una disputa interesada por parte de actores político-partidarios que nunca mostraron una real preocupación por garantizar derechos.

Si bien las medidas de aislamiento y distanciamiento dispuestas por el gobierno nacional tuvieron un objetivo de cuidado, “es innegable que los efectos no buscados de estas medidas y su extensión en el tiempo han reactualizado y profundizado diversas desigualdades sociales”, expresaron desde los diferentes colectivos a este Medio.

“Los resultados del ciclo lectivo 2020 mostraron a las claras que en la virtualidad no se
logró garantizar plenamente el derecho a la educación de manera igualitaria para todos, a pesar del esfuerzo de les trabajadores de la educación, sino que también la no concurrencia a las escuelas propició vulneraciones del derecho a la salud, a la autonomía y a ser oídos de niños y adolescentes, agravando enormemente las desigualdades educativas y sociales preexistentes”, agregaron.

En ese sentido, “la cuestión no es regreso sí o no a las escuelas. Es central la responsabilidad de las instituciones para garantizar que niños y adolescentes tengan una escuela igualitaria, responsable y presente, y es obligación del Estado garantizar condiciones para el ejercicio del derecho a la educación sin exponer la salud de niños, sus familias y los/as trabajadores. Es imperioso pensar y diseñar creativas estrategias de retorno seguro a las escuelas, que puedan considerar recursos diversificados atendiendo múltiples realidades, y prever esquemas flexibles y combinados entre presencialidad y virtualidad. No se trata de volver a la escuela prepandemia, sino de reinventarla”.

Desde algunos sectores y en diversos momentos, “se ha promovido y difundido una visión recortada que considera a niños y adolescentes como los principales agentes transmisores de la enfermedad y en consecuencia sólo como propagadores de riesgo. Aunque se demostró que ello no es real, permanece la idea de ver a les niños como una amenaza. Esto ha exacerbado los temores y refundado ansiedades que se traducen en la pérdida de autonomía y en sufrimiento subjetivo de niños y adolescentes, a quienes se carga con la responsabilidad del posible contagio de sus mayores y se los invisibiliza como sujetos capaces de contribuir a su cuidado, al de los demás y de aprender e incorporar nuevos hábitos saludables”, dice el informe al que tuvo acceso AIM.
Este contexto, “ha generado un incremento de mecanismos de control y represión -incluso policial- hacia ellos. Algunos posicionamientos públicos subsumen los derechos de la niñez en el derecho a la vida, homologando contagio con muerte; y minimizan las consecuencias que el encierro tiene sobre la salud mental de les niños, así como el valor que la escuela representa en tanto espacio de socialización y aprendizaje”.

Por otra parte, “el planteo de que sean las familias quienes decidan no enviar a les niños a la escuela, resulta sumamente delicado. Puede reactualizar una visión del niño y del adolescente como propiedad de su familia que es contraria a las normativas nacionales e internacionales en materia de derechos de la infancia, y que ha sido ampliamente cuestionada durante las últimas décadas en la medida en que opaca sus subjetividades, experiencias y necesidades. Un año en la vida de un niño o un adolescente, lejos de ser un dato menor, puede ser el tiempo de la interrupción de trayectorias pedagógicas y de pérdida de proyectos de vida”.

Desde una mirada respetuosa de los derechos de niños y adolescentes, “creemos fundamental que el Estado, en sus diferentes jurisdicciones, destine los recursos necesarios para garantizar las condiciones edilicias, los insumos, el transporte y suficientes docentes y personal de apoyo, poniendo en juego toda la imaginación política e institucional para repensar la organización escolar desde una perspectiva pedagógica y de cuidado contemplando adecuadamente la situación epidemiológica así como los efectos inequitativos que el aislamiento ha producido”, subrayaron.

“Es obligación del Estado garantizar el interés superior de les niños y generar políticas que no restrinjan un derecho para, supuestamente, no vulnerar otro. En tal sentido, el derecho a la educación no debe quedar a merced de decisiones individuales abonando a una privatización del cuidado y la educación”, concluyeron.

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