La jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial, Elena Albornoz, convocó a una audiencia entre los representantes de los sindicatos y del gobierno ante el pedido de inconstitucionalidad de artículos de la Ley de emergencia, informaron a AIM.

La justicia “convocó a las partes para el 18, a las 8.30, en el salón 11, para escuchar las posiciones y promover el diálogo ante el pedido de inconstitucionalidad de los artículos cuatro, cinco y diez de la Ley 10.806, que declaró el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en Entre Ríos”, informó a a esta Agencia el secretario general de la Asociación de Trabajadores del estado (ATE), Oscar Muntes.

En ese sentido, recordó que “la acción de inconstitucionalidad lo impulsaron ATE junto a la Asociaciones Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), de Enseñanza Técnica (Amet) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA), ya que la norma vulnera los derechos de los trabajadores activos y de facto el 82 por ciento móvil en la provincia”.

Al respecto, Muntes apuntó la norma “es un brutal ajuste sobre los trabajadores, ya que la Ley implica congelamiento de salarios ante un escenario inflacionario y que el 64, 5 de los recursos serán aportados por los trabajadores jubilados y activos (al modificarse el 82 por ciento móvil y aumentar las cargas sobre salarios); el 15.7 por bancos y financieras; y el 7.1 propietarios de más de 1000 hectáreas”.

“No nos gusta ir a la justicia a plantear estas acciones”, subrayó Muntes ante la judicialización de la medida, pero indicó que la estrategia es un paso más en el plan de acción que se definió para frenar el ajuste.

En ese sentido, el dirigente de ATE remarcó que los trabajadores no son los responsables de la situación de la provincia “para que se haga este brutal ajuste a los jubilados y activos”, e indicó que había otras soluciones que se le presentaron al gobernador Gustavo Bordet como “el impuesto a las grandes fortunas, para buscar equilibrio y equidad”.

Al respecto, rememoró que los gremios presentaron un proyecto al Ejecutivo “que atacaba a los sectores concentrados y, lamentablemente, no fue tenido en cuenta. Resolvieron el camino más corto, es decir, el gobernador de la provincia eligió seguir ajustando a los trabajadores y trabajadoras”.