La iniciativa corresponde al diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, que busca “defender los derechos de los demás ciudadanos a la libre circulación”.

El diputado del PRO, Gerardo Milman, presentó un proyecto que busca sancionar a las asociaciones u organizaciones sociales que cometan contravenciones o delitos en ocasión de manifestaciones públicas, tales como la libre circulación de los ciudadanos.

"La gente es víctima, la obligan a cortar las calles, no se les puede sacar los planes, lo que hay que hacer es sacarle a los movimientos sociales la administración de esas ayudas alimenticias”, dijo el legislador que integra el interbloque de Juntos por el Cambio.

Entre las sanciones que figuran en el documento, se apunta a suprimir la personería jurídica y el embargo de bienes, cuentas bancarias o patrimonio a los fines de indemnización y/o reparación económica, además de la quita del beneficio económico estatal.

“Bajo el gobierno kirchnerista se consolidó una alianza perfecta, por un lado, aumentó la dependencia de las organizaciones respecto de los recursos económicos del estado; por otro, el peronismo en el poder buscó la manera de restituir los lazos con los sectores populares diluidos en la época menemista. Para ello, orientó estratégicamente los planes dando origen a organizaciones de desocupados ‘oficialistas’, como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita y a organizaciones barriales de pequeñas dimensiones que reproducen la lógica clientelar sobre las clases populares”, analizó Milman en la presentación del proyecto.

“Es importante destacar que el presente proyecto busca defender los derechos de los demás ciudadanos a la libre circulación; y penar que las movilizaciones y manifestaciones callejeras sean utilizadas para actos vandálicos o el cometido de delitos”, aseguró el diputado nacional de Juntos por el Cambio.

Milman aclaró que “el proyecto no va a sacarle los planes a la gente que lo recibe”; por el contrario, afirmó: “Mi idea es que quienes perciben la ayuda alimentaria son parte de un sistema que los convirtió en víctimas y, lamentablemente, hay organizaciones sociales que los obligan a ir a los piquetes y cortar las calles”.

"Los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y patrimonio perteneciente a las asociaciones sociales o responsabilidad solidaria de sus representantes serán embargados a los fines de indemnización y/o reparación económica de los daños ocasionados en el marco de manifestaciones públicas de las que fuera partícipe", establece el artículo 3 del proyecto.

De esta manera, Milman explicó que “hace 20 años que los derechos constitucionales a manifestarse y la libre circulación están en conflicto” y destacó que cortar la calle es un delito contemplado por el código penal.

Sin embargo, enfatizó en que “no todos los movimientos sociales están incluidos, ya que el proyecto contempla a aquellos que utilizan a los beneficiarios con fines políticos”. “Hoy los punteros políticos se convirtieron en punteros de los movimientos sociales”, afirmó.

A principios de mayo, los piqueteros llenaron la Plaza de Mayo y reclamaron al Gobierno más planes y alimentos en el marco de la Marcha Federal. Fueron más de 50 mil personas de organizaciones que no responden al oficialismo. Frente a la Casa Rosada, pidieron más medidas de asistencia. La movilización causó complicaciones en el tránsito de la Ciudad de Buenos.

Milman sostuvo que es necesario “federalizar” los planes sociales, de manera que los municipios y diferentes unidades distritales sean los encargados de asignar los beneficios económicos para que pueda gestionarse de una mejor manera.

Así, se planteó también la necesidad de “convertir al Ministerio de Desarrollo Social en una agencia de control que regule y evalúe el uso que se le da a las asignaciones y cómo sirven a la sociedad”.

Además, el diputado destacó que el Estado, por otro lado, deberá “fomentar” la cultura del empleo, capacitando a los sectores más vulnerables en diferentes áreas para que sean capaces de llenar un formulario de recursos humanos y acceder a distintos empleos.