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Senado: obtuvo dictamen la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena

Por Fundación Barbechando, especial para AIM. Luego de las elecciones, el Senado retomó su actividad legislativa a través de las reuniones remotas. Una de ellas fue de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo logró dictaminar un proyecto impulsado por la senadora Nora del Valle Giménez (FDT-Salta), que busca prorrogar por cuatro años la ley 26.160, de emergencia sobre las tierras que habitan las comunidades indígenas.

La legislación en cuestión fue sancionada en 2006, y cuenta con una prórroga que data del año 2017. Su próxima fecha de vencimiento es el 23 de noviembre del corriente, por lo que se busca extender su vigencia hasta noviembre de 2025.

“Si no se aprueba la extensión nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos”, señaló la senadora Giménez durante el encuentro, y agregó que todavía no se han completado los relevamientos, y que actualmente las comunidades indígenas llegan casi a ser 1700.

El texto de la iniciativa dispone que durante los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la Ley 26.160 una suma de 290 mil millones de pesos.

En este sentido Giménez indicó: “Lo que es indispensable es asignar una partida, porque este año se ha trabajado sin recursos propios. El Inai ha puesto de sus fondos de funcionamiento”.

Durante el momento de las exposiciones hubo un fuerte intercambio entre oficialismo y oposición: el jefe de los senadores del PRO, Humberto Schiavoni (Misiones), señaló que el protocolo remoto se encontraba vencido, y que todavía no se había tratado y aprobado en el recinto el protocolo anterior. Esto generó el enojo del oficialismo ya que minutos antes de esa reunión, la oposición había participado del plenario con la Comisión de Ambiente, encabezada por Gladys Gonzales (PRO-Buenos Aires).

En ese sentido, Carlos Caserio (FDT-Córdoba) deslizó que la oposición no tuvo esa inquietud en la aprobación del proyecto tratado minutos antes, pero que sí la mantenían frente a un proyecto del oficialismo, que derivó en el abandono de la reunión por parte de la oposición.

“Si lo es válido para una ley, lo puede ser perfectamente para otra. No veo cómo un método pueda servir para el tratamiento de una ley y no para otra”, expresó el misionero Maurice Closs (FDT).

Otro de los desencuentros se dio en torno al presupuesto definido en el proyecto. Desde la oposición se indicó que la iniciativa “compromete presupuesto por cuatro años”.

Además, la senadora María Belén Tapia (UCR-Santa Cruz) reclamó que este proyecto debería haber pasado por la Comisión de Población y Desarrollo Humano que ella preside, ya que se trata de los pueblos originarios.

Finalmente, el proyecto logró el apoyo del oficialismo y aprobarse en comisión y quedar en condiciones de ser tratado en el recinto.

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