Siguen las quemas y también el debate. La Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista Leonardo Grosso, se reunió por cuarta vez para seguir discutiendo una Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales, supo AIM.

La Comisión de Ambiente, presidida por Leonardo Grosso (FDT-Buenos Aires), uno de los doce legisladores -tanto en diputados como senadores- que presentaron sus propias iniciativas para establecer los presupuestos mínimos para la conservación de los humedales, llevó adelante la cuarta sesión informativa de la que participaron referentes de organizaciones ambientalistas. Grosso resaltó la importancia de escuchar todas las voces para consolidar una ley y señaló que se trata de un tema que ocupa un lugar más que relevante en la agenda de la comisión.

La primera en exponer fue María Eugenia Testa, directora ejecutiva del Circulo de Políticas Ambientales, quien remarcó los puntos clave de la ley: una definición clara y útil, que no genere conflictos; un inventario definido por acuerdo científico y dirigido por la autoridad de aplicación; que se garantice la participación de la sociedad civil, incluyendo un debate a nivel provincial; y que introduzca una moratoria a las actividades nuevas en tanto se realice el inventario y el ordenamiento territorial.

A continuación, Juan José Neiff, Investigador del Concicet y Miembro del Comité Científico Técnico de la Convención Internacional de Humedales Ramsar, dijo que Argentina ratificó el tratado de Ramsar, por lo que, al no haber hecho ninguna reserva en cuanto a la definición propuesta, se debería utilizar esa misma. “En 2016 se consensuó una definición y es la que está en la mayoría de los proyectos, pero faltaría una adhesión de Ramsar”, aclaró.

Por otro lado, también se refirió al reclamo provincial: “las provincias tienen derecho a que se respeten sus diferencias, la estrategia de tratamiento de cada caso no puede ser abordado en una sola ley como nosotros estamos viendo”.

Maristella Svampa, Socióloga e investigadora del Conicet, manifestó la necesidad de “modificar las políticas de desarrollo protegiendo los recursos naturales”. Habló de “analfabetismo ambiental” y de una “elite política” que en la Argentina es ajena a estas cuestiones.

Después, Jessica Vega, referente de pueblos indígenas, dijo que se debe reconocer el trabajo de su comunidad en la protección ambiental: “esta ley puede ser un precedente en la región”. En la misma línea se expidió Silvia Abral, mujer de laya los Andes Marka y Ayllus Wayatoyc, quien mencionó el hecho de que los pueblos indígenas “hace mucho están esperando estas tratativas por el buen vivir”.

Por parte de la organización “Consciente Colectivo”, expusieron Ariana Krochik y Mijael Kaufman. Les hablaron directamente a los legisladores y pidieron no hacerle “oídos sordos” a este reclamo y estén a la altura de las circunstancias». “Cuando hablamos de humedales hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de nuestro país hablamos de una vulneración de derechos humanos”, explicaron y agregaron que se necesita una “Argentina justa y sostenible, construida colectivamente”.

Después, Enrique Viale, abogado y ambientalista, arremetió contra la Cámara de Diputados “que fue la encargada de esconder los proyectos del 2013 y del 2016” y dijo que “detrás de esta ley hay un lobby muy importante: agronegocios, especulaciones inmobiliarias y la minería”. Finalmente agregó que es necesaria la legislación penal para quien destruya un humedal.

Por su parte, Belén Prado, abogada especialista en Derecho Ambiental, explicó tres cuestiones que son necesarias en la ley: pasar a una perspectiva ecocéntrica -ya no antropocéntrica-, donde el ecosistema es un sujeto de derecho; un articulado que contemple la participación ciudadana, de las comunidades y de las organizaciones; y la incorporación de una instancia de capacitación obligatoria en perspectiva ambiental para aquellas personas que intervienen en el aspecto político, judicial, en la toma de decisiones.

Valeria Enderle, directora ejecutiva de Fundación Cauce, e integrante del Programa Humedales Sin Fronteras, mencionó las consecuencias del “modelo productivo extractivista” que solo solo prioriza la renta y se lleva puesto el medioambiente y el derecho a la vida.

A su turno, el coordinador del Programa Corredor Azul, Fundación Humedales, Gastón Fulquet, explicó que no se quieren detener las actividades productivas sino encontrar una forma de trabajo conjunto: “es necesario un equilibrio entre preservación, uso sostenible y preservación”. “No podemos prohibir todas las actividades, se deben desarrollar evaluaciones de impacto ambiental junto con un inventario del área a intervenir asegurando la participación social”, agregó.

Sobre la definición, dijo que la ley tiene que acatar lo que dice Ramsar, además de ser operativa, por lo que recomendó la definición dada en el inventario de humedales. Además, mencionó el ordenamiento territorial que debería partir de una ecología del paisaje considerando la noción de cuenca.

También se refirió al federalismo y propuso la nacionalización de un programa de humedales que permita una coordinación con las provincias. “Proponemos que se conforme un gabinete de humedales interjurisdiccional. Que se cree también un consejo consultivo”, explicó.

Lionel Mingo, coordinador de la Campaña de Humedales, Greenpeace Argentina, se manifestó a favor de incluir la figura del delito penal ya que hay cuestiones que no pueden quedar impunes. “Las leyes pueden ser un arma de doble filo: proteger el ecosistema o legitimar su destrucción”, remató y dijo que van a denunciar con nombre y apellido cada uno de los emprendimientos que están destruyendo humedales.

Una referente de Jóvenes por el Clima Rosario, Jackeline Ermini, comentó que la ley es una deuda que se tiene desde hace muchos años e hizo énfasis en la importancia de “planificar las actividades” que se llevan a cabo en estos ecosistemas. “Lo que está pasando nos invita a repensar nuestros modelos de consumo y desarrollo; necesitamos dejar de ver a estos ecosistemas como recursos inagotables e infinitos”.

A continuación, expuso María Aguilar, referente de la organización EcoHouse. En primer lugar, remarcó que lo que está ocurriendo con los humedales es “un ecocidio a gran escala” y que es necesario se incluya la figura del delito penal. También habló de la importancia de revisar las actividades que se realizan e implementar consideraciones especiales sobre la evaluación del impacto ambiental.

Daniel Bracamonte, dirigente del Partido Verde Argentina, habló de un” debate político rural” y atacó a la producción “sustentable” que degradó a los humedales “porque perdieron su flora y se cambió el suelo”. “Los productores van a tener que replantear su forma de producir. No pueden seguir así”. Explicó que una producción a media y gran escala no es compatible, solo se debería permitir la producción familiar, del isleño y del nativo.

Para finalizar, César Massi, del Colectivo de Naturalistas Santafesinos, dijo que se quemaron pastizales, pero también bosques en este intento de “pampeneizar el ecosistema”. “Hay una complicidad de funcionarios y de la justicia en la falta de un marco regulatoria. Tenemos que hacer una ley que permita la producción pero que también dimensione la existencia del humedal”.

Tras finalizar las exposiciones de los invitados, la diputada Florencia Lampreabe (FDT-Buenos Aires), explicó que, si bien desde la comisión se “va a empujar y trabajar para que salga la ley”, no depende solo de ellos. “Se trata de cambiar el paradigma extractivista de este ecocidio al que estamos asistiendo, pero la realidad es que hay poderes muy fuertes que no quieren la concreción de esto y quieren tergiversar la agenda. Se trata de un tema más político que técnico”, concluyó.

Por último, Leonardo Grosso (FDT-Buenos Aires), dijo que está convencido de que van a “poder sortear esos enormes lobbies económicos que quieren ganarle al estado para que no regule”.
Con información de Fundación Barbechando