El ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, con el patrocinio de los abogados Miguel Cullen y Rubén Pagliotto, realizó una demanda en el Consejo de la Magistratura de la Nación contra los Jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, “por graves irregularidades denunciadas que no trataron y por no haberse excusado, habiendo sido quienes diseñaron parte de la política judicial-según sus mismas palabras- y cuyos efectos deletéreos, fueron directamente sufridos por el denunciante”, informaron a AIM.

La diputada provincial Lucía Varisco -como apoderada de su padre- fue quien realizó la denuncia acusando a Hornos y Borinsky de mal desempeño al tratar la apelación a la condena por comercio de estupefacientes que recibió Varisco.

“Dos cosas constituyen los motivos fundantes de la denuncia por mal desempeño de los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky: no investigaron la cantidad de gravísimas irregularidades que denunciamos y tampoco se excusaron, siendo como ellos mismos dijeron, diseñadores de la política judicial del macrismo, dentro de cuyas notas características sobresalían las operaciones armadas entre C. Py, funcionarios de Patricia Bullrich y ella misma y heces humanas como D’Alessio, Santoro y localmente el apodado Dragoneante o Sigfried (DRE)”, dijo a esta Agencia Pagliotto, abogado defensor en la causa que ahora está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Csjn) en la que Borinsky y Hornos, en el día de ayer, rechazaron el Recurso Extraordinario Federal, por lo que deberán interponer en unos días el Recurso Directo o de Queja en la propia Corte ante la denegación del mismo que hizo la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal que integran dos de los denunciados.

La presentación posee 22 fojas divididas en varios capítulos: “Entramado político; Los inicios de la persecución; La instrucción; Lo previo al juicio; El juicio; y La casación”.

En los argumentos, se remarcó que una de las condiciones del mal desempeño aceptadas por el Consejo de la Magistratura es cuando un juez debiendo inhibirse de intervenir en una causa, no lo hace. En ese marco, se recordó que el eje del recurso casatorio para revocar la condena a seis años y medio de cárcel que le impuso a Varisco el Tribunal Oral de Paraná giró en torno a que “estábamos ante un proceso permanentemente contaminado por una política judicial diagramada desde el Poder Ejecutivo encabezado por el entonces presidente Mauricio Macri, que se enmarcó en una acción persecutoria hacia mi persona con fuerte presencia mediática, denostando y creando un clima de condena propiciado por el accionar de las fuerzas de seguridad federales comandadas en aquel entonces por la Patricia Bullrich”.

“Lejos estaba de conocer que precisamente quienes debían resolver mis planteos, eran visitantes frecuentes y amigos personales del entonces presidente, hechos que conocimos una vez tomado estado público que ambos camaristas concurrían a visitar a Mauricio Macri”, se añadió, en referencia a las investigaciones legislativas y judiciales que identificaron a Hornos y Borinsky como asiduos asistentes a la quinta presidencial de Olivos.

Tras endilgarles que rechazaron la apelación al fallo de primera instancia en cuestión de días, Varisco consignó: “Nos anoticiamos que precisamente el Juez Hornos era asiduo concurrente a la Casa de Gobierno, y según sus propias palabras “para diagramar la política judicial”, que era precisamente lo que estábamos denunciando”. Y que también señaló que Borinsky “era asiduo concurrente a Casa de Gobierno o la quinta de Olivos, manteniendo una relación personal absolutamente inapropiada con el entonces presidente de la Nación”.

“Este abuso funcional y desviación de poder ha exorbitado todos los límites permitidos e imaginables y no puede ni debe quedar impune, sobre todo, por la salud de la república y de las instituciones connaturales de un estado constitucional de derecho, que tantos esfuerzos y vidas nos costó a los argentinos conseguir y consolida”, remarcó.

Lawfare y espionaje de baja estofa
Varisco subrayó que fue víctima de “lawfare y espionaje de baja estofa” y situó el origen de la persecución política en su contra en dos circunstancias: diferencias “irreconcialibles” con quien fuera su vice, Josefina Etienot (PRO), desde el principio de su intendencia, y el agravamiento de esta situación “cuando el Poder Ejecutivo Nacional decidió apoyar a otro candidato (Rogelio Frigerio) a gobernador por Entre Ríos para las elecciones de 2019”. La conjunción provocó “una verdadera e insoportable andanada de hostigamiento mediático que hoy, a la luz de lo que se conoce como Lawfare, no dudo tuvo una fuerte y directa injerencia del Poder Ejecutivo Nacional, de los servicios de Inteligencia (AFI) y de quien se decía era parte de los mismos, aunque inorgánicamente, Marcelo D´Alessio, sin descartar, desde luego, la participación colaborativa de otras personas, entre ellos, periodistas y editores de medios, lo que fuera expresamente dicho en el recurso casatorio que luego fuera rechazado por los hoy denunciados Hornos y Borinsky”.

El ex intendente también apuntó a que se sumó a esta estrategia “un empresario de los medios locales, quien tendría fuertes lazos con Marcelo D´Alessio, y además amigo personal de quien realizaba estas campañas a nivel nacional, Daniel Santoro, contando a su vez con la complicidad de las fuerzas federales comandadas por la entonces ministra Patricia Bullrich”. En ese sentido, se repasó el recurso de casación, en el que subrayó el supuesto pedido de Bullrich para que “entregara” al ex edil Pablo Hernández y a la ex funcionaria de Seguridad, Griselda Bordeira, en la causa por narcotráfico para poder salvarse él. Así, Varisco expuso que en los albores de su gestión existió una campaña de “demonización” por el acuerdo político con Daniel “Tavi” Celis, uno de los capos narcos condenados y referente del Movimiento Vecinalista del Oeste que respaldó su candidatura.

Al respecto, consideró que las filtraciones a la prensa de audios entre Celis y su abogado y entre éste y funcionarios municipales “de segunda línea” fueron hechas por servicios de inteligencia en el marco de “un aparato montado para la persecución política desde los mismos estrados del gobierno nacional”.

También puso la lupa sobre los cuadernos secuestrados a Luciana Lemos, la ex de Celis y principal fuente de la acusación en su contra. Allí figuran supuestos clientes con nombres codificados “salvo el suscripto y tres funcionarios más, sólo uno de ellos del PRO (Emanuel Gainza), pero ferozmente enfrentado con la vice-intendenta”.

Otro punto que cuestionó fue que la instrucción de la causa por narcotráfico fue llevada adelante por el juez federal Leandro Ríos quien “debió excusarse” por haber sido “querellante en mi contra en un accidente de tránsito en el que lamentablemente falleció Mercedes Lescano, cónyuge en aquella época de Juan Carlos Gemignani, Juez de la Cámara Nacional de Casación Penal”.