Este viernes, en conferencia de prensa, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y el titular de la Anses, Alejandro Vanoli​, informarán el aumento que regirá en marzo, abril y mayo a jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y Asignaciones Familiares, prestaciones no contributivas y pensiones adulto mayor (Puam). Comprende a 18 millones de personas.

El aumento que será fijado por decreto presidencial, en reemplazo de la suspendida fórmula de movilidad que había establecido el 11,56 por ciento para todos los beneficiarios, en promedio será de entre el nueve y 10 por ciento de la masa de beneficios global que se distribuirá en forma diferenciada según los rangos de haberes. La apuesta del Gobierno es que la inflación del primer trimestre se ubique entre esos dos porcentajes.

Según se pudo saber, los beneficiarios de la AUH (2,2 millones de padres de poco más de cuatro millones de chicos) recibirán un incremento superior al 11,56 por ciento. Actualmente la Asignación es de 2.746 pesos por hijo.

Los jubilados y pensionados recibirán un porcentaje y una suma fija lo que determinará que los que menos cobran perciban proporcionalmente más que los que más ganan. Se estima que así los aumentos podrían rondar entre el 11/12 por ciento para el segmento más bajo descendiendo hasta poco más del cuatro por ciento para los que más cobran.

Así, el haber mínimo, hoy de 14.068, podría rondar los 15.750 pesos. A partir de ese valor, las jubilaciones y pensiones recibirán un incremento porcentualmente más bajo y acentuarían la pérdida del 19,5 por ciento que, punta a punta, tuvieron con la fórmula suspendida entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019.

La pirámide previsional marca que hay tres millones de jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, más otros 1,5 millones de pensiones no contributivas y PUAM que perciben el 70/80 por ciento del haber mínimo. Por encima del mínimo, hay 2,8 millones de jubilados y pensionados.

Inicialmente la propuesta más vinculada a Anses, también con aumentos diferenciados, era respetar el 11,56 por ciento sobre la masa global de haberes. Pero desde Economía insistieron en que el objetivo de la suspensión de la fórmula de movilidad era generar un “ahorro fiscal” y que por lo tanto el aumento global debía ser inferior a ese porcentaje. En Economía contabilizan como parte de los 45.000 millones de pesos del gasto previsional por los dos bonos de hasta cinco mil que cobraron los que ganaban hasta 19.068 pesos y los dos mil pesos a los beneficiarios de la AUH.

En el caso de que el aumento global fuese del nueve por ciento, el ajuste fiscal previsional y social respecto de la fórmula suspendida sería de cinco mil millones mensuales o unos 55.000 millones de pesos en 2020, solo para el segmento de jubilaciones y pensiones. Si luego en junio se repitiera el aumento trimestral por decreto por debajo del incremento de la formula suspendida (11/12 por ciento), en 2020 el “ajuste fiscal previsional” podría superar los 100.000 millones de pesos.

Con el 10 por ciento de incremento global, el ajuste fiscal rondaría los 3.500 millones de pesos o casi 40.000 millones, a lo que habría que sumar el ajuste de junio.

De todos modos, la mayor preocupación en el Gobierno pasa por los reclamos judiciales que se presentarán los jubilados y pensionados que reciban mucho menos que el 11,56 por ciento de la suspendida formula. El fundamento es que el 11,56 por ciento es un derecho adquirido porque corresponde al período julio-septiembre de 2019 (la fórmula suspendida se aplicaba con seis meses de retraso) y las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva.

No obstante, los funcionarios confían en que los jueces tendrán en cuenta la declaración de Emergencia y que el menor aumento respecto de la formula suspendida se aplique solo en dos oportunidades (marzo y junio). Sin embargo, un primer pronunciamiento de un juez federal de Salta advirtió que los aumentos por decreto no pueden afectar “el principio de progresividad o de prohibición de regresividad de los derechos económicos y sociales” ni disminuir “el grado de protección ya alcanzado” por los beneficiaros del sistema previsional.