La Municipalidad de Paraná informó a AIM oficialmente las medidas y gestiones que desde un primer momento realizó en función de preservar el derecho de los ciudadanos paranaenses al transporte público, ante la paralización de un servicio público esencial como lo son los colectivos urbanos. El Estado local pedirá un crédito para pagar la deuda que reclaman los trabajadores.

En principio vale recordar que todas las gestiones iniciadas por la comuna desde el inicio del conflicto han sido realizadas en función del interés público y la  insoslayable defensa de los derechos de los ciudadanos paranaense. Siempre el municipio a través de las directivas y gestiones personales del intendente Sergio Varisco estuvo claramente cumpliendo con su obligación y en la defensa irrestricta de los derechos ciudadanos.

En tal sentido, recientemente, se dispuso enviar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitirá la toma de un crédito para afrontar subsidiariamente la deuda reclamada por los trabajadores de UTA y que pondría fin al conflicto. Paralelamente a tal efecto, se desestimaría una ordenanza aprobada en el año 2017 por la cual se autorizaba al Departamento Ejecutivo a tomar un crédito de 600 millones de pesos para obras en la ciudad que nunca fue necesario utilizar ya que las obras encardas fueron realizadas con recursos propio y genuinos.

De igual modo se llevan adelante gestiones ante el ministerio de  Transporte de la Nación a efectos de reclamar recursos dispuesto por la norma 1086/18 en su artículo 4º, cuyo fin es precisamente atender situaciones especiales de crisis como ya lo ha realizado en la ciudad de Santa Fe en situaciones similares ante la quita de una parte de los subsidios nacionales.

En ese marco, se explicó que también se hicieron presentaciones y gestiones ante  la secretaría de Trabajo e igualmente se solicitó la intervención de la justicia provincial.

Sin embargo, la Municipalidad de Paraná prosigue a través de la secretaría Legal y Técnica con el mecanismo de intimación por 15 días al concesionario para que dé cumplimiento a lo establecido en la norma contractual cuyo incumplimiento dará lugar a decretar la caducidad de dicha concesión.

También, en orden de buscar alternativas conjuntas que favorezcan el restablecimiento del servicio lo antes posible, se ha solicitado una audiencia al señor gobernador de la provincia, Gustavo Bordet.