Desde el ministerio de Planeamiento se indicó que, ante el contexto de supresión de subsidios a las empresas de transporte por parte del gobierno nacional, la provincia se hizo cargo del 50 por ciento de los costos del subsidio que las empresas recibían en 2018. Situación que ha permitido que el sistema no colapse y el costo del pasaje no llegara a niveles exorbitantes.

Ante el nuevo esquema planteado por el gobierno nacional, se alertó a las autoridades nacionales de las inequidades y malas praxis que el mismo presenta y desde el gobierno entrerriano se trabajó con las herramientas que posee para corregir los errores de este nuevo esquema, atendiendo los reclamos de las empresas que operan en la provincia en pos de asegurar la continuidad de los servicios como de la sustentabilidad de las empresas.

Cabe destacar que las actuales empresas, ante la decisión de recorte no presentaron queja alguna ante el gobierno nacional quien es responsable, producto de su política económica actual, del constante aumento de costos en los insumos necesarios para el sector.

Por otro lado, en días pasados, el ministerio de Planeamiento, presentó ante el Consejo de Ministros de Obras Públicas (Cimop), la situación, alternativas y propuestas para mejorar el actual sistema de distribución de subsidios, proponiendo que se liquiden los remanentes del Fondo Compensatorio, creado por el gobierno nacional, a los distritos que efectivamente están dentro del esquema propiciado por nación.

También en esta instancia se propició la apertura de mesas de trabajo para avanzar hacia un esquema de subsidios más transparente y que contemple necesariamente las diferentes situaciones de los sistemas existentes, fortaleciendo un ordenamiento del sistema en su conjunto.

Producto de la presentación las 24 provincias firmaron la resolución que demanda al gobierno nacional contar con instancias para analizar y avanzar hacia un nuevo esquema, más acorde y justo a las necesidades de las provincias.

En cuanto al pago de subsidios, los mismos se vienen pagando en tiempo y forma, por el gobierno entrerriano, desde el momento de la firma de convenios en el mes de enero e incluye a empresas que operan con servicio interurbanos como suburbanos.

Ante esta situación, entendemos desde el gobierno provincial se ha atendido a los reclamos y propiciado las mejoras, en el marco de las herramientas con las que cuenta la provincia, y por ello se ha notificado a las empresas que, en caso de iniciar cualquier medida tendiente a afectar los servicios, se aplicará las sanciones previstas en el decreto 810/13, situación que ya ha sido notificada a las empresas el pasado viernes 10 de mayo.

Por otro lado, actualmente las empresas reciben una exención del 50 por ciento correspondiente a la patente automotor por adherir a la emisión de pases sociales, de discapacidad, de policías, estudiantes primarios y de pacientes en espera o trasplantados del Incucai, por lo cual iniciar medidas que afecten a este segmento, no solo es erróneo, sino además socialmente irresponsable.

La decisión de las empresas es totalmente desproporcionada en el actual contexto, donde desde el Gobierno provincial se ha atendido a los reclamos, se han aplicado las correcciones para mitigar el impacto de las decisiones nacionales a fin de asegurar que las empresas puedan operar de manera normal; asimismo se trabaja en propuestas de mejora y se ha mantenido totalmente abierto el diálogo.

La provincia actualmente hace un esfuerzo importante para respaldar el servicio, colaborar con las empresas y asegurar un boleto las más accesible posible a los usuarios del sistema. Se está en permanente contacto con las empresas y sus representantes para arribar a soluciones y consensos; decisiones como las que pretende tomar Asociación de Empresas del Transporte Automotor de Entre Ríos (Aeta) solo contribuyen a afectar el camino del trabajo articulado y el arribo a acuerdos beneficioso para todos a los entrerrianos.