Mediante un proyecto de ley, se busca otorgar una asignación a hijos de mujeres fallecidas en abortos clandestinos, hasta los 21 años de edad. La iniciativa será presentada este jueves en un panel y tiene como precedente la Ley Brisa, que establece una pensión para hijos de víctimas de femicidios, supo AIM. Cabe destacar que en Argentina, se practican más de 500.000 abortos cada año. Muere más de una mujer pobre por día por la clandestinidad del aborto y su realización en pésimas condiciones sanitarias.
El proyecto de ley, al que tuvo acceso AIM, es autoría de la senadora Nancy González (FPV-Chubut) y será presentado este jueves en un panel, en el Congreso de la nación. También participarán la diputada nacional Mayra Mendoza, también del kirchnerismo; Norma Cuevas, madre de Ana Mará Acevedo, fallecida por un aborto; y Victoria Tesoriero, de Católicas por el Derecho a Decidir.
El texto establece una asignación económica mensual para hijos menores de 21 años o personas con discapacidad, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo. También se indica que la reparación es inembargable y que será retroactiva al momento del fallecimiento de la progenitora o persona gestante a causa del aborto.
Datos
En Argentina, se practican más de 500.000 abortos cada año. Muere más de una mujer pobre por día por la clandestinidad del aborto y su realización en pésimas condiciones sanitarias. Esta discriminación social y sexista se acentúa cada vez más con la miseria y exclusión crecientes.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), América Latina es la región del mundo donde se realizan más abortos.
Región
Se estima que, en el período 2010–2014, ocurrieron anualmente unos 6.5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe, un aumento respecto a los 4.4 millones ocurridos durante 1990–1994.
El aborto está totalmente prohibido sin excepciones en seis países. Otros nueve lo permiten casi exclusivamente para salvar la vida de la mujer, y solo unos pocos ofrecen excepciones limitadas en casos de violación (Brasil, Chile, México y Panamá) y anormalidad fetal grave (Chile, Panamá y casi la mitad de los estados de México).