A partir de un proyecto de ley del FPV, se busca que, durante los seis meses previos del año de fin de mandato y de elecciones de medio término, el Poder Ejecutivo no pueda realizar designaciones de personal de planta permanente, temporal y/o contratado aun estando estos vacantes y autorizados, ni tampoco llevar adelante concursos o procesos que impliquen cobertura de cargos. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados a la espera de tratamiento, supo AIM.
En los fundamentos, la iniciativa a la que tuvo acceso AIM, indica que el presidente Mauricio Macri “asumió su gobierno con la promesa de achicar el Estado atacando abiertamente la tarea que realizan los trabajadoras y trabajadores. En la práctica esta política de recursos humanos de la administración pública se redujo básicamente a la aplicación de ajustes, despidos y precarización laboral de los servidores públicos”.
“Despidos abiertos y encubiertos, incertidumbre, bajos salarios, ausencia de protección social, persecución y hostigamiento han sido las prácticas que han caracterizado la relación de la administración macrista con el personal del Estado”, denuncia el FPV en el proyecto.
“Hay que tener presente, como también se ha denunciado, desde que Mauricio Macri asume al gobierno en 2015, el Estado fue subordinado a un conjunto de intereses privados mediante la incorporación masiva de ejecutivos de empresas asociadas al establishment económico nacional e internacional. La eficacia de la presencia de CEOs en la gestión de Cambiemos radicó en su capacidad para colonizar las decisiones de mayor relevancia e impacto político de la gestión. En un informe producido por el Observatorio de las Elites Argentinas de la Universidad de San Martín revela que, al mes junio de 2018, unos 269 funcionarios nacionales registran 890 participaciones en empresas privadas constituidas en el país o en el extranjero. Se aclara además que el 50 por ciento son cargos en sociedades anónimas locales y 33 por ciento de los cargos son en empresas radicadas en el exterior. Como queda demostrado, no se trata de solo de ocupar los escalones intermedios del Estado. La llamada puerta giratoria fue una práctica corriente en la gestión que encabeza el presidente Macri”, continúa el proyecto.
Sin embargo, “al día de la fecha, un conjunto de resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo nacional, avanza en asignación de 313 cargos vacantes. Es injustificable que a dos semanas de las elecciones generales a presidente, el Poder Ejecutivo lleve adelante medidas de cobertura de cargos ya que además incumple con el artículo 64 quater código electoral nacional ley 19.945 cuando menciona: Queda prohibido durante los 25 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten”.
“Frente a esta ola de designaciones es urgente entonces que intervenga el Congreso de la Nación para evitar que se continúe avanzando en un verdadero proceso de depredación del estado nacional ya que es inadmisible que a días de las elecciones y del cambio de gobierno se realicen este tipo de maniobras. El Estado no puede ni debe ser botín de ninguna parcialidad política”, concluye.