La mamá de Martín Basualdo -desaparecido en democracia, Isabel Vergara, afirmó a AIM que las prácticas de criminalización de la pobreza y la juventud por parte de la Policía de Entre Ríos siguen intactas. El próximo mes se cumplirán 25 años de la desaparición forzada de su hijo y de Héctor Gómez.
Apremios ilegales, torturas en las cárceles, gatillo fácil y desaparición forzada de personas no son una vieja historia, son una deuda de la democracia y forman parte del doloroso presente que hace sangrar al pueblo, principalmente, a los jóvenes en mayor situación de vulnerabilidad.
En Entre Ríos, es la Policía el brazo ejecutor de una política represiva, que se pronuncia ante el fracaso del sistema económico, político y social que empuja a miles a la pobreza y, sobre todo, al desamparo.
Martín Basualdo y Héctor Gómez fueron asesinados en el gobierno de Mario Moine. Este 16 de junio se cumplirán 25 años de su desaparición forzada y “aún no hay respuestas”, dijo a esta Agencia Vergara, quien apuntó que espera que algún día se sepa qué pasó, aunque a cuarto siglo “lo único que hay es una sensación de dolorosa impunidad; dos personas no pueden desaparecer como que se los tragó la tierra y, tampoco, se investigó”.
“Al principio uno piensa que habrá justicia, que todo se va a arreglar”, pero pasan los años y el silencio de la justicia retumba entre las frías paredes de la burocracia judicial en connivencia con los otros poderes del Estado.
El emblemático caso no es una acción aislada de la Policía, sino que hay más casos de desapariciones y gatillo fácil y “actualmente la violencia de Estado es muy cruel; muchos chicos de los barrios no pueden venir al centro, tienen que quedarse en sus barrios”, dijo la militante de derechos humanos.
“Las cosas siguen igual; siguen persiguiendo a los pibes de los barrios. La Policía los busca a los chicos, los hostigan y los llevan presos inventándoles causas como ‘falta de respeto a la autoridad’ o cosas así”, contó. En ese sentido, recordó que a ella la detuvieron cuando intentó defender a jóvenes que la Policía los atacaba con balas de goma: “Salí a defender a los chicos que estaban en el barrio y pedí que paren y me agarraron por eso. Encima eran policías varones que me arrastraron de los pelos, me llevaron a la comisaria y, ahí, me golpearon los tobillos porque saben que estoy con los organismos de derechos humanos. No sabían qué hacer conmigo, por lo que me llevaron de la comisaría a Tribunales con la sirena sonando, como una delincuente peligrosa. Eso es lo que hacen para que una deje de andar, de luchar, pero no lo van a lograr”.
En ese marco, advirtió que “ahora está medio difícil todo, ya que los fines de semana la Policía levanta jóvenes y no tenés un lugar dónde llamar y que te brinden una ayuda en lo inmediato, por eso, como mujer del barrio y como madre, trato de preguntar qué pasa, pero a veces tengo miedo que me lleven”.
“Espero que esto cambie algún día, porque no puede haber abusos del Estado y no quiero que nadie pase lo que pasé, ya que lo vivido por mi hijo me duele muchísimo. No se puede superar nunca el dolor de haber perdido un hijo; un chico de 19 años, que era sano, tenía sueños y proyectos”, indicó.