Los defensores del Pueblo de todo el país se reunieron en Córdoba  y trataron distintos en común atinentes a la institución. Participaron los ombudsman de Paraná, Luis Garay y su adjunto Pablo Donadío. [{adj:41150 alignright}]

La exigencia que causa trastornos a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral de presentar vía digital el Certificado Médico Obligatorio (CMO), la cuestión tarifaria y la importancia de extender la tarifa social para aquellos usuarios que no puedan pagar, la situación actual de los migrantes que llegan a territorio argentino, la necesidad de contar con una regulación a favor de los usuarios de telefonía móvil, Internet y cable, fueron algunos de los temas abordados por los cefensores del Pueblo de distintos puntos del país que se reunieron la semana pasada en Villa Carlos Paz.

El encuentro fue en el marco del primer plenario del año de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), ámbito del que forma parte activamente la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná. Participaron de las deliberaciones los Defensores del Pueblo paranaenses, Luis Garay y Pablo Donadío (Adjunto), quienes plantearon las situaciones y particularidades registradas por la institución local en cada uno de las temáticas analizadas.

Respecto del requisito impuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad (Anadis) a los beneficiarios de las pensiones no contributivas por invalidez de presentar un certificado médico en soporte digital, Adpra solicitó que se revoque la decisión ante el tenor de la exigencia, de cumplimiento imposible debido a la situación del sistema público de salud. Sucede que la disposición de la Anadis establece que los beneficiarios deberán dirigirse al centro de salud más cercano a su domicilio y solicitar la confección digital de dicho certificado. “En la realidad de los establecimientos de salud de la República Argentina constituye un acto de cumplimiento imposible”, afirman en una declaración los defensores del Pueblo, y fundan la posición en el hecho de “desborde” de los hospitales públicos, la carencia de médicos, la falta de conectividad, entre otras circunstancias.

El plazo inicial para realizar el trámite se había fijado en 60 días corridos, desde la notificación. En las últimas horas, trascendió que el organismo nacional resolvió extender el plazo 30 días más a aquellos beneficiarios que hayan recibido la notificación.

Debate interno

“Es un momento muy propicio para realizar este debate, porque estamos atravesando una profunda crisis, con muchísimas personas sin trabajo y con dificultades para pagar las tarifas de los servicios públicos esenciales. Estas personas confían en los Defensores y Defensoras para que les resolvamos sus problemas”, dijo el defensor del Pueblo de Carlos Paz, Daniel Mowszet, al dar inicio al primer plenario de Adpra del año.

El defensor del Pueblo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de Adpra, Alejandro Amor, comenzó su alocución hablando sobre el rol de la institución Defensoría. “Muchos nos confunden con espacios partidarios o que forman parte de algún Gobierno o Estado. Si bien es claro que todos tenemos un pensamiento político e ideológico, nunca seremos el Ministerio de algún gobierno o parte de la oposición. Nuestra tarea es buscar el camino del diálogo, que no siempre es amistoso pero sí debe ser respetuoso, y trabajar para solucionar los problemas de las personas”, afirmó.

En esa línea, Amor criticó el fallo de la Corte Suprema en el que asegura que las Defensorías del Pueblo provinciales no tienen legitimación activa para cuestionar normas dictadas por autoridades nacionales. “Hace 11 años que la Defensoría del Pueblo de la Nación está vacante. En ese contexto lamento profundamente –aunque lo respeto institucionalmente- el pésimo fallo de la Corte porque cuestiona la legitimación procesal de las Defensorías y le quita herramientas a la sociedad para defender sus derechos. Y en un contexto complicado para nuestro país en el que cada vez son más las personas que no pueden pagar las tarifas de servicios públicos esenciales: luz, gas y agua. Y ni hablemos si esa persona además alquila. Por eso nos presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) pidiendo la nulidad de ese fallo del supremo tribunal”, explicó el ombudsman porteño.