La suspensión de la fórmula de movilidad y que el Gobierno otorgue aumentos discrecionales por decreto -como figura en el megaproyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso con el objetivo de reducir 0,4 puntos del PBI el déficit fiscal -puede llevar a un mayor deterioro de los haberes de los jubilados y pensionados, por encima del que tuvieron bajo el Gobierno de Alberto Fernández.
Como el megaproyecto no establece el nivel ni la periodicidad ni el alcance de los aumentos, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) difundió un Informe analizando las alternativas que podrían presentarse este año, si el Congreso aprueba la iniciativa del Gobierno.
“El artículo 106 del proyecto de ley suspende la movilidad de ajustes trimestrales para haberes y asignaciones familiares, sujeto a la evolución de los salarios y recursos de ANSeS, y atribuye al Poder Ejecutivo la potestad de fijar esas actualizaciones sin definir un parámetro para hacerlo. Esto impide hacer un cálculo preciso del impacto fiscal, pero habilita a describir posibles escenarios según el criterio que utilice ese poder en el futuro”, dice el Informe.
Así estimó varios escenarios:
Si no hubiese ningún aumento durante el año los haberes sufrirían un deterioro de 69,9 por ciento en su poder de compra y las prestaciones previsionales pasarían del 6 al 4,5 por ciento del PBI. La mitad de los beneficiarios resultarían indigentes y un 33 por ciento de ellos serían pobres.
Si sólo hubiese ajuste para los más bajos ingresos, la pérdida para quienes perciben tres o más haberes mínimos sería del 69,9 por ciento. ANSeS tendría un superávit de 1,2 por ciento del PBI y las prestaciones previsionales representarían 5 por ciento del PBI.
Si se incrementaran en la misma proporción todos los haberes según la evolución de los fondos de ANSeS, la pérdida común sería de 19 por ciento. Si esta estrategia incluyera una prioridad a los de menores ingresos la pérdida del resto subiría al 40 por ciento.
Si todos los haberes se incrementaran según la inflación, no habría pérdida del poder adquisitivo y el déficit de ANSeS subiría a 0,8 por ciento del PBI, pero esta variante está descartada.
La última variante estaría descartada por cuanto el ministro Luis Caputo admitió que el objetivo sería reducir un 0,4 por ciento del PBI el déficit previsional.
El Informe de la OPC reconoce que el déficit previsional se fue reduciendo en los últimos años a costa de la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones. Y es evidente que lo mismo pasaría si el objetivo es reducirlo otro 0,4 por ciento del PBI.
Con relación a la fórmula de movilidad, el Informe admite que “una aceleración de la inflación deteriora el valor real de las jubilaciones, y una desaceleración las recompone” porque los aumentos se calculan utilizando variables de meses anteriores, con cifras más altas.
En consecuencia, si el Gobierno confía en que la suba de los precios irá desacelerándose a lo largo del año, la “suspensión” de la fórmula cumple el objetivo de que los haberes no se recompongan de las pérdidas de los últimos años y hasta puedan incurrir en nuevas caídas.
Por ahora, con el dato oficial de inflación de diciembre del 25,5 por ciento y una proyección de suba de los precios en enero del 25 por ciento, según los analistas y consultoras de acuerdo al REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado que informó el Banco Central), las jubilaciones y pensiones tendrán un deterioro del 23 por ciento en tanto solo 2 meses, con el agravante de que los haberes más bajos dejaron de recibir el reintegro del IVA de hasta $ 18.800.