La entidad solicitó al ministro Luis Caputo una reducción de los montos previstos en la ley recientemente aprobada y advirtió que el esquema vigente pone en riesgo a las pequeñas y medianas empresas.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) elevó un pedido formal al Gobierno nacional para que se revisen las multas contempladas en la ley de Inocencia Fiscal. El planteo fue dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, con la solicitud de que sea canalizado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con el objetivo de preservar el entramado pyme federal y promover su desarrollo.

En la nota, la entidad propuso una reducción porcentual de los importes fijados en distintos artículos de la norma y pidió que el esquema contemple la capacidad económica de los contribuyentes. Se trata del segundo reclamo presentado por Came sobre este tema, luego de una presentación previa realizada el 26 de diciembre, en la que ya habían advertido sobre el impacto que los nuevos montos podían tener en la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

La propuesta establece que las microempresas y las personas humanas que no sean consideradas grandes contribuyentes accedan a una reducción del 90 por ciento en las multas. Para las pequeñas empresas, el recorte sugerido es del 70 por ciento, mientras que para las medianas empresas tramo I se plantea una baja del 40 por ciento y para las medianas tramo II, del 20 por ciento. El criterio general apunta a que las sanciones no tengan el mismo peso para todos los actores económicos y que se respete la proporcionalidad según tamaño y capacidad contributiva.

El pedido se da en un contexto en el que las multas previstas en la ley registraron incrementos muy significativos. Según expuso la entidad empresaria, los montos se elevaron hasta 1.100 veces en comparación con el esquema anterior. En la práctica, las sanciones para personas humanas pueden alcanzar los 5 millones pesos, mientras que para personas jurídicas escalan a valores equivalentes o superiores a 10 millones pesos.

La ley de Inocencia Fiscal introduce además modificaciones al Régimen Penal Tributario, a la Ley de Procedimiento Fiscal y al Código Civil y Comercial, e incorpora un régimen de declaración jurada simplificada. También crea un régimen simplificado de Ganancias que, según lo expresado oficialmente, establece un esquema de adhesión con un tope patrimonial de hasta 10.000 millones pesos y limita los controles sobre variaciones patrimoniales y consumos.

Otro de los cambios centrales de la norma es la actualización de los montos a partir de los cuales se configura el delito de evasión. El piso para considerar la evasión simple pasó de 1.500.000 pesos a 100.000.000 pesos, mientras que para la evasión agravada se elevó a más de 1.000 millones pesos.

Desde el sector pyme advierten que, más allá de estos cambios, el régimen de sanciones continúa siendo desproporcionado para miles de pequeñas unidades productivas y que, sin una corrección, puede convertirse en un nuevo factor de asfixia para un segmento que ya enfrenta caída del consumo, aumento de costos y dificultades de financiamiento.