La obra social de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad, Iosfa, atraviesa la crisis más profunda desde su creación. Con una deuda superior a los 200.000 millones de pesos y fuertes reclamos por la falta de medicamentos, la institución debió ser auxiliada por el Ministerio de Defensa, que transfirió 15.000 millones de pesos para afrontar pagos urgentes a seis droguerías proveedoras.

El salvataje financiero se instrumentó a través de tres desembolsos que permitieron cubrir las cuotas de un plan de pago acordado con empresas del sector farmacéutico. La situación, sin precedentes, refleja la fragilidad económica del organismo, que hoy enfrenta un déficit creciente y una caída sostenida en la calidad de sus prestaciones.

Iosfa es la tercera obra social más grande del país por cantidad de afiliados, al brindar cobertura a personal de las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Sin embargo, el deterioro financiero acumulado desde 2023 se agravó en los últimos meses: las deudas con prestadores y droguerías se multiplicaron, mientras aumentaron los reclamos de afiliados por falta de atención médica y suspensión de tratamientos, especialmente oncológicos.

El cuadro de situación llevó al Gobierno nacional a intervenir de manera directa. Desde el ministerio de Seguridad se analiza la posibilidad de retirar a Gendarmería y Prefectura del sistema y crear un esquema alternativo de cobertura sanitaria para ambas fuerzas. La medida, que implicaría una reestructuración profunda, busca aliviar el peso financiero de Iosfa y garantizar la atención de los efectivos afectados.

En paralelo, persisten los cuestionamientos a la gestión actual del instituto. Durante el último año, distintas áreas internas y organismos de control advirtieron sobre decisiones administrativas y financieras que agravaron el déficit, entre ellas un crédito de 40.000 millones de pesos tomado a tasas superiores al 50 por ciento anual, que terminó incrementando el pasivo general.

Mientras tanto, el descontento entre los afiliados crece. En varias ciudades del país —como Rosario, Mar del Plata, Paraná y Punta Alta— se registraron protestas frente a las sedes de Iosfa por la falta de entrega de medicamentos y la interrupción de servicios médicos. En algunos casos, las farmacias dejaron de atender a los beneficiarios por falta de pago, y muchos pacientes debieron recurrir a hospitales públicos para continuar sus tratamientos.

El panorama financiero del instituto muestra un deterioro acelerado: de un déficit de 66.000 millones de pesos a fines de 2023, se pasó a más de 200.000 millones en la actualidad. A pesar de la asistencia estatal, la situación sigue siendo crítica y amenaza con poner en riesgo la cobertura de más de 800.000 afiliados en todo el país.

La intervención del ministerio de Defensa busca evitar el colapso inmediato del sistema, pero el desafío de fondo será lograr una reestructuración integral que garantice la sostenibilidad de una de las obras sociales más grandes y sensibles del sector público argentino.