Los principales puertos del país registran demoras e interrupciones en sus operaciones luego de la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que desregula el servicio de practicaje y pilotaje. Como consecuencia del conflicto, más de 150 buques permanecen detenidos a la espera de ingresar o salir de las terminales portuarias.
La medida comenzó después de que gran parte de los prácticos dejaran de aceptar nuevos servicios en rechazo a la norma impulsada por el Gobierno nacional. Desde el sector agroexportador advirtieron que la falta de estos profesionales impide realizar las maniobras necesarias para el movimiento de los barcos.
Advierten por posibles problemas de abastecimiento
La Cámara Argentina de Energía (Cade) informó que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas se encuentran momentáneamente interrumpidas debido a la falta de disponibilidad de prácticos y alertó que la situación podría afectar el abastecimiento de combustibles.
Las demoras alcanzan puertos estratégicos como Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, además de Caleta Córdova, en Chubut, un punto clave para el transporte de petróleo crudo hacia las refinerías.
Desde la entidad señalaron que trabajan junto con las empresas involucradas y las autoridades nacionales para encontrar una solución que permita normalizar la actividad.
El Gobierno intimó a los prácticos
Frente al conflicto, la Prefectura Naval Argentina comenzó a enviar intimaciones individuales a los prácticos habilitados para que retomen la prestación del servicio. El organismo recordó que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y advirtió que la interrupción de la actividad podría derivar en sanciones administrativas e incluso denuncias penales.
No obstante, el Ministerio de Trabajo explicó que no puede dictar una conciliación obligatoria debido a que no existe un conflicto laboral formal. Los prácticos ejercen la actividad como profesionales independientes y no mantienen relación de dependencia, por lo que el cese consiste en el rechazo a aceptar nuevas contrataciones y no en un paro sindical.
Qué cambia el decreto
El Decreto 690/2026 forma parte del paquete de desregulación impulsado por el Gobierno para reducir costos en el sistema portuario y fomentar la competencia.
Entre las principales modificaciones, crea un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura Naval, permite la libre contratación de estos profesionales por parte de los usuarios, elimina restricciones para el ingreso de nuevos prestadores y establece que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación fijará tarifas máximas para el servicio.
Además, elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones operativas, amplía las excepciones para determinados buques e incorpora mecanismos destinados a garantizar la continuidad del servicio.
La reforma generó un fuerte rechazo entre los profesionales del sector y preocupación en distintos ámbitos vinculados a la navegación y la logística portuaria, que advierten sobre su impacto en la seguridad operativa y en el funcionamiento del comercio exterior argentino.