De la Redacción AIM. Argentina inició hace dos semanas en París el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que reúne a 38 países con el fin de promover el desarrollo sostenible, impulsar estándares, normas e iniciativas para orientar y concretar reformas en los países miembros y socios, entre ellas se destacan las de carácter ambiental. Ahora bien, ¿cuál es la letra chica de las bases y condiciones de este acuerdo?

Hace dos semanas, la canciller Diana Mondino estuvo en el Consejo Ministerial donde se adoptó formalmente la Hoja de Ruta para el proceso de accesión al organismo.

Construido sobre los restos del Plan Marshall, el así llamado “club de los países ricos” se creó en1961, en plena Guerra Fría, con la intención de agrupar a las 20 economías más pujantes, con el libre comercio, el desarrollo y la defensa del capitalismo como tres de sus valores más relevantes.

Convertida en una organización de creciente gravitación mundial, desde su surgimiento se sumarían otros 18 países a partir de un estricto proceso de selección y de la puesta en marcha de un amplio catálogo de reformas económicas. Más allá de su actual diversidad, su predominio sigue marcado, indiscutiblemente, por los Estados Unidos y por la Unión Europea.

Gobiernos conservadores y neoliberales latinoamericanos también mostraron su interés por incorporarse a este bloque en una meta que, hasta el momento, pudo ser conseguido por gobernantes distinguidos por la aplicación de recetas ortodoxas, y cuyas administraciones fueron consideradas desde los centros económicos hegemónicos como modelos para el resto de la región.

Chile, Costa Rica, Colombia y México son los únicos países latinoamericanos que forman parte de la organización fundada en 1961 y cuyos 38 socios representan alrededor del 80 por ciento del comercio y de las inversiones mundiales

Desde Argentina, se planteó una primera solicitud de ingreso en 1997, durante el mandato de Carlos S. Menem, y veinte años más tarde, se volvió a presentar ya durante el de Mauricio Macri. De manera tardía, la Ocde aceptó la propuesta argentina en enero de 2022, si bien fue ya bajo el actual gobierno que nuevamente se pusieron en marcha las negociaciones para su ingreso. De hecho, Javier Milei instruyó a su canciller acelerar los pasos para sumarse lo antes posible.

Todo muy lindo para ingresar a la Ocde

Según uno de los tantos puntos de la guía de ingreso al foro, la OCDE pone especial énfasis en el desempeño ambiental, por lo cual Argentina deberá actualizar y mejorar su marco normativo referido a la política ambiental (muy relegado en algunos aspectos) en su proceso de accesión.

Además, la Ocde se presenta como un “club de buenas prácticas”, brindando a sus 38 países miembros un marco para promover políticas que mejoren el bienestar económico y social a nivel mundial. La membresía en la Ocde no solo atraería inversión internacional, sino que también posicionaría a los países como economías avanzadas y democracias con alta renta per cápita.

Como una panacea, la Ocde ayudaría a los gobiernos a promover la prosperidad y a combatir la pobreza a través del crecimiento económico, la estabilidad financiera, el comercio y la inversión, la tecnología, la innovación, el estímulo empresarial y la cooperación para el desarrollo.

La letra chica del acuerdo

Sin embargo, con las nuevas gestiones iniciadas por decisión de Javier Milei, una vez más resulta innegable que, para los gobiernos neoliberales la entrada en la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) se ha convertido en un objetivo prioritario. ¿Por qué?

La Ocde llama a continuar con "la anunciada consolidación fiscal" y estima que "las reformas previstas para aliviar las cargas reglamentarias, mejorar el entorno empresarial y abrir la economía al comercio internacional" contribuirán "a frenar la pobreza".

Entonces, ¿cuál es el interés detrás de esta filiación?

La entrada de Argentina en la OCDE tendría además otros intereses más oscuros vinculados al complejo entramado entre gobiernos y corporaciones de los países centrales, en detrimento de las pretensiones del Sur Global. Sobre todo, desde que en 2013 se comenzaron a delinear ejes centrados en el cobro de impuestos a las empresas multinacionales y en la distribución de los ingresos recaudados a nivel internacional.

El punto crucial es que el declamado cobro de un 15 por ciento a las empresas multinacionales es difícil de llevar a la práctica en los países en desarrollo que, en cambio, deben ofrecer incentivos, garantías y acuerdos fiscales para favorecer la inversión extranjera directa por parte de corporaciones que, muchas veces, imponen sus propias condiciones e, incluso, los marcos regulatorios deseados.

Es así que, a fines del año pasado, un comité de expertos independientes de la ONU emitió un informe y un comunicado formal a la Ocde en el que advertía que su propuesta reducía significativamente la cantidad de impuestos que los países del Sur Global podían recaudar de las multinacionales. De igual modo, apuntaron al carácter discriminatorio y neocolonial del proyecto tributario que tendría un impacto negativo “en asuntos de género, etnia y raza”.

La conclusión del informe, respaldada además por una amplia variedad de gobiernos, organismos internacionales, académicos y ONGs, fue terminante: la Ocde “no es un foro inclusivo o representativo para negociaciones globales sobre cooperación fiscal”.

Tal como indica el especialista Daniel Kersffeld, en el interés por beneficiar a las multinacionales y por complacer a los países centrales resultan claros los motivos por los que al gobierno argentino le interesa sumarse a la Ocde. Pero también resulta cada más evidente lo lejos que pretende situarse de las justas demandas del Sur Global.

Aunque el marco inclusivo de la Ocde incluye a los países en desarrollo, sigue siendo impulsado por los países industrializados. Una de las razones que esgrimen estos últimos para justificar su dominio de las negociaciones es que son responsables de más de dos tercios del riesgo de abuso fiscal de las empresas en el mundo (según se publica en el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos 2021).

Por ello, la Financial Accountability, Transparency and Integrity (Facti) propone reformar este marco mediante una convención fiscal internacional, que sentaría las bases de un organismo intergubernamental inclusivo para negociar las normas fiscales bajo los auspicios de las Naciones Unidas (es decir, un foro de toma de decisiones en el que todos los países tendrían el mismo peso en el proceso de decisión).

Esto sería sustancial para los países pobres o en desarrollo que, ante las condiciones impuestas por las naciones centrales, son víctimas de la expoliación y se encuentran a merced de un contrato comprado como superador, pero que impone las bases para su deterioro y dependencia.

Estas bases y negociaciones, aunque tengan éxito en el seno de la Ocde, no resuelven el problema fundamental de la arquitectura institucional. Así, citando a Thomas Piketty, “es todo el sistema económico internacional el que debe ser repensado en términos de los derechos de los países pobres a desarrollarse y a no dejarse saquear por los más ricos”.