La justicia de Guatemala condenó a 5.160 años de prisión y 50 de reclusión efectiva al militar Santos López Alonzo, al que encontró culpable del asesinato de 199 civiles desarmados, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, dentro de la represión desatada por el Ejército contra las guerrillas el 6 de diciembre de 1982.
La matanza se produjo durante la dictadura de Efraín Ríos Montt, cuando una Patrulla Especial de Kaibiles se acercó a la aldea y, tras rodearla y encerrar a la población en la iglesia local, procedieron a someterla a torturas en busca de información que permitiera localizar a los comandos de las Fuerzas Armadas Rebeldes
Según los testimonios de los sobrevivientes, la masacre comenzó al filo del mediodía. Los primeros en ser asesinados fueron los bebés, a quienes mataron frente a sus padres con golpes de un tipo de mazo de hierro en la cabeza. Antes de morir, las niñas fueron sometidas a violaciones por los soldados. Después, cuando la matanza había concluido, los cuerpos fueron lanzados a un pozo, rociados con gasolina y quemados. La tortura se prolongó hasta el 8 de diciembre.
Los rebeldes nunca entendieron la brutal acción. Sistemá ticamente evitaban pasar por las inmediaciones de la aldea y el contacto con sus vecinos. “Considerábamos que estaban muy próximos al Ejército y temíamos que pudieran delatarnos”, subraya un antiguo comandante insurgente
López Alonzo fue deportado de Estados Unidos —donde residía desde 2001— en agosto de 2016. A su retorno a Guatemala fue acusado de asesinato y delitos de lesa humanidad. No es el primer condenado por la masacre de Dos Erres, una de las más salvajes y paradigmáticas de la represión ocurrida durante la guerra civil librada en Guatemala entre 1960 y 1996. El primer grupo de sentenciados fue el formado por los kaibiles Manuel Pop Sun, Reyes Collin Gualip y Daniel Martínez Méndez y el subteniente Antonio Carías López, que en 2011 recibieron una condena 6.060 años de prisión. En 2012, Pedro Pimentel, también deportado de EE UU, recibió una pena similar.
Hoy, la aldea de Dos Erres ha desaparecido —solo una alambrada metal se erige hoy en el lugar, como triste recuerdo de la masacre— y los supervivientes, personas que lograron escapar al abrigo de la noche nada más percatarse de la presencia del Ejército, no quieren volver al lugar para no revivir el horror, aunque se asomaron al mismo durante el juicio donde, con lágrimas en los ojos y terror en sus rostros, pudieron ver fotos de sus parientes masacrados, y en diciembre de 2013, cuando 169 ataúdes fueron sepultados en el cementerio de un poblado próximo.