El Supremo Tribunal Federal de Brasil dio un duro golpe al futuro de la moratoria de la soya al mantener leyes estatales que niegan incentivos fiscales a agricultores y empresas que adhieran a ese acuerdo ambiental. Al mismo tiempo, la Corte ratificó la constitucionalidad del pacto voluntario.
La moratoria, vigente desde 2006, prohíbe comprar soya cultivada en tierras amazónicas deforestadas después de julio de 2008. Durante casi dos décadas contribuyó a reducir la deforestación, pero en enero grandes comerciantes de granos se retiraron luego de que importantes estados productores eliminaran beneficios fiscales para quienes participaban.
Brasil es el mayor productor mundial de soya y concentra alrededor del 40 por ciento de la producción global. En la temporada 2024-2025 produjo 171,5 millones de toneladas métricas, con China como principal destino de las exportaciones.
Los productores cuestionan desde hace años la moratoria porque impone restricciones mayores que la legislación brasileña. Mientras la ley permite talar legalmente hasta el 20 por ciento de las tierras privadas en la Amazonía, el acuerdo prohíbe cualquier deforestación.
Un estudio publicado en Science indicó que la moratoria redujo un 35 por ciento la deforestación en áreas de riesgo durante su primera década. Su desaparición podría provocar la pérdida de hasta 1,4 millones de hectáreas durante los próximos diez años.
Greenpeace Brasil valoró que el Supremo Tribunal reconociera la constitucionalidad del acuerdo, aunque advirtió sobre una contradicción al validar al mismo tiempo leyes estatales que pueden debilitar su eficacia.
Por su parte, la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) sostuvo que el fallo aporta seguridad jurídica a los compromisos voluntarios de sostenibilidad, aunque se refirió a la moratoria en pasado, lo que genera dudas sobre una eventual reactivación.
La Asociación de Productores de Soya de Mato Grosso, contraria al acuerdo, celebró que la sentencia refuerce la autoridad de los gobiernos estatales frente a restricciones ambientales privadas más exigentes que las establecidas por la ley.
Fuente: Agencia The Associated Press