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El lobby agroindustrial presiona fuerte en México

A través de prácticas como el uso de cabilderos con legisladores en México o la presión con el amago de un panel de controversia comercial en el contexto del T-MEC, corporaciones como Bayer-Monsanto, Basf, Cargill, Syngenta, Corteva, y DuPont, se han opuesto a los avances regulatorios sobre maíz transgénico y el uso del herbicida glifosato, reveló un estudio.

El análisis realizado por El Poder del Consumidor y auspiciado por Bertha Foundation señala que las transnacionales han hecho uso de prácticas en los entornos político, mediático, científico, jurídico y extrajurídico para oponerse al decreto presidencial en materia de glifosato y maíz transgénico, la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo, y la iniciativa de Reformas a la Ley General de Salud en materia de Plaguicidas.

El documento señala que los aliados de estas corporaciones han sido el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (Umffaac), pues han ejercido cabildeo de alto nivel con el titular de la secretaria de Agricultura, Víctor Villalobos, así como Julio Scherer y Alfonso Romo, quienes ahora son exfuncionarios.

La investigadora Ana Larrañaga indicó que en Estados Unidos se ha ejercido presión a través de las amenazas de un panel de solución de controversias por la prohibición del maíz transgénico y el uso del glifosato.

Comentó que Tom Vilsack, secretario de Agricultura de Estados Unidos, fue cabildero de la industria láctea, mientras que Syngenta mantiene un programa para mantener diálogo de alto nivel con legisladores estadunidenses.

Destacó que es completamente falso que no existan estudios que demuestran que el maíz transgénico sea dañino para la salud, pues ese ha sido un argumento utilizado con frecuencia, pero no se toma en cuenta que la base de la alimentación de México es a base del grano.

Aunado a ello, la investigación indica que las corporaciones han captado a académico a través de financiamientos para hacer estudios a modo, mientras que, a través de notas periodísticas, artículos y columnas también se ha ejercido presión para desincentivar que México regule el herbicida y utilice el maíz genéticamente modificado.

Subrayó que hasta el momento se conoce la existencia de 55 amparos que van en contra de la regulación.

La senadora Analilia Rivera indicó que este modelo de agricultura ha sido agresivo con el medio ambiente y la salud humana, pero ha generado miles de millones de dólares para unas cuantas empresas.

“Lo que hay detrás de este tema son intereses económicos globales, nada más en un estudio que se hizo de manera independiente en el año 2018 las empresas que se han dedicado a producir y a vender en el mundo estos plaguicidas altamente peligrosos, entre estos el glifosato, tuvieron una ganancia de cuatro mil 800 millones de dólares, considerando que sus principales clientes son los países en vías de desarrollo”, dijo.

Acotó que en Europa el mercado de estos agroquímicos se ha reducido y utilizan sustancias no peligrosas.

Subrayó que, en México, durante los casi 40 años, entregó su soberanía alimentaria a intereses de transnacionales a través de tratados comerciales que fueron autorizados por el gobierno vinculados a estas corporaciones que buscan el control de alimentos e insumos para su producción.

Víctor Manuel Chima, experto en comunicación en la promoción de los derechos económicos, sociales, ambientales soberanía alimentaria, subrayó que los discursos manejados por las transnacionales son racistas y clasistas, pues consideran que los sistemas de producción de comunidades campesinas son arcaicos, por lo que desacreditan el valor que tienen.

La investigadora Mercedes López indicó que a las corporaciones trasnacionales sólo les interesa las ganancias, sin importarles la destrucción de la salud, de las comunidades, del medio ambiente, “mentir o manipular la información, manipular muchas investigaciones científicas”.

Apuntó que en 2020 Bayer aceptó pagar 10 mil 900 millones de dólares para terminar con 125 mil demandas por casos de cáncer provocados por el glifosato.

Fuente: La Jornada (México)

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