Reino Unido ha optado por una solución polémica frente a la crisis energética que atraviesa Europa: levantar el veto al 'fracking'. La fracturación hidráulica estaba prohibida en el país desde 2019 debido a la polémica que suscita debido a problemas medioambientales como movimientos sísmicos y contaminación. Otros países como Francia o España también lo han prohibido. Sin embargo, desde Downing Street han desenterrado esta práctica debido a que fortalecer el suministro energético es "una prioridad absoluta".

La prohibición de 2019 se dio en medio de un alud de críticas debido a que se registraron diversos temblores y, en último término, un terremoto de magnitud 2,9 en la región con mayor presencia de fracturación hidráulica de todo Reino Unido. Cuando el Gobierno de Boris Johnson aprobó la prohibición, aseguró que solo la levantaría "si se podía demostrar categóricamente que el proceso es seguro". Sin embargo, el nuevo Gobierno de Liz Truss asegura que ese mecanismo de producción puede ser la clave para maximizar las reservas e, incluso, lograr ser un exportador de energía al combinar la producción con nuevos proyectos de hidrógeno y energías renovables.

El ministro de Energía y Empresa, Jacob Rees-Mogg, explicó esta medida afirmando que "a la luz de la invasión ilegal de Ucrania por parte de Vladimir Putin y la militarización de la energía, fortalecer nuestra seguridad energética es una prioridad absoluta" Para llegar allí, "necesitaremos explorar todas las vías disponibles para nosotros a través de la producción solar, eólica, de petróleo y de gas, por lo que es correcto que hayamos levantado la moratoria [sobre el 'fracking']para utilizar cualquier fuente potencial de gas doméstico".

Rees-Mogg, durante su intervención en el Parlamento, ha defendido de forma activa el impulso de la fracturación hidráulica en Reino Unido, avisando de que "parte de la oposición al 'fracking' está siendo financiada por Putin" para que Europa mantenga su dependencia energética de Rusia.

Una de las preguntas, sin embargo, es si el proceso llegará a tiempo para salvar el duro invierno que se avecina. El actual ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, dijo hace unos pocos meses, cuando era él ministro de Energía, que "incluso si levantáramos la prohibición del 'fracking' mañana, tardaríamos hasta una década en lograr los volúmenes necesarios para que fuera rentable, y lo haríamos a un alto coste para nuestras comunidades".

Críticas desde el Partido Conservador

La medida ha despertado una amplia polémica de inmediato. El Partido Conservador se presentó a las elecciones en 2019 con la promesa de implantar una moratoria contra este proceso, ante las numerosas críticas que había recibido. "Estableceremos una moratoria sobre el 'fracking' en Inglaterra con efecto inmediato, tras haber escuchado a las comunidades locales", decía el texto. Numerosos diputados 'tories' ya han expresado su oposición a la medida, muy impopular entre el público. Pero la idea de la flamante primera ministra es tomar todas las decisiones impopulares de entrada, y esperar a que empiecen a dar resultados positivos antes de las elecciones, que se esperan en verano-otoño de 2024.

Al margen del 'fracking', Reino Unido limitará los precios mayoristas del gas y la luz para consumidores, tanto empresariales como domésticos, con el fin de salvar un invierno que cada vez para más crítico. La idea de esta medida, según Truss, es reducir sensiblemente el actual precio máximo del mercado mayorista de 242 euros por megavatio hora en la luz y 86 euros para el gas. Según las previsiones a las que apunta el Ejecutivo, de no hacerse nada los mercados mayoristas de luz y gas ascenderían en invierno hasta los 688 y 207 euros. En ese sentido, otra de las propuestas que plantea Downing Street es fijar los precios para los hogares en una factura anual de 2.868 euros hasta 2024. El coste de la medida podría ascender a los 250.000 millones de libras en dos años, según las estimaciones realizadas por Sky News. La industria, por su parte, lo estimaba en unos 100.000 millones al año.

Fuente: El Economista (España)