Una decena de empresarios y amigos del rey emérito le han prestado los 4.395.901,96 euros que ha pagado a Hacienda para regularizar los más de ocho millones que una fundación de su primo lejano Álvaro de Orleans pagó en jets privados hasta 2018. Los benefactores de Juan Carlos I han suscrito contratos de préstamo, en algunos casos ante notario, para evitar problemas legales. Formalmente, la fórmula elegida para allegar los fondos ha sido un crédito personal, en vez de la donación, pues esta última hubiera obligado a pagar en torno al 40 por ciento en impuestos.
La recolecta para recaudar fondos con los que pagar las deudas del rey emérito con Hacienda se inició en enero, según fuentes conocedoras de la operación. La lista inicial de benefactores incluía 32 nombres, la mayoría empresarios y aristócratas, todos ellos del círculo de amistades de Juan Carlos I. Al final, la cifra se redujo a una decena, ya que los demás no completaron a tiempo los trámites. El proceso, agregan las mismas fuentes, se hizo con las máximas garantías y asesoramiento jurídico, para evitar que los contribuyentes, que han pedido guardar el anonimato, pudieran tener problemas legales.
Para canalizar los fondos, se eligió la fórmula del crédito personal en vez de la donación, aunque las fuentes consultadas reconocen que no existe voluntad alguna de que se devuelva. La donación hubiera obligado a pagar un mínimo del 34% en impuestos, al no existir relación de parentesco entre el donante y donatario, e incluso más del 40% en función del patrimonio del rey emérito. Además, agregan las mismas fuentes, se hubiera podido rozar el “cohecho impropio”, aunque el padre del Rey no sea funcionario, ya que las donaciones se hacían en función de su condición de miembro de la Familia Real.
Todos los préstamos, que han sido de diferentes cuantías, según la voluntad y las posibilidades de cada benefactor, se han plasmado en contratos de crédito, algunos de carácter privado y otros ante notario. En todos ellos se ha hecho constar el tipo de interés (que puede ser del 0%) y el plazo de devolución. Este último punto es el más problemático, pues Juan Carlos I tiene 83 años y no puede responder de un crédito a largo plazo, salvo que se entienda que el pago de la deuda pendiente cuando fallezca correrá a cargo de sus herederos.
Aunque no se paguen impuestos, subrayan las fuentes consultadas, hay obligación de entregar los contratos de préstamos entre particulares a Hacienda, que podría investigarlos si sospecha que se trata de un préstamo ficticio que encubre en realidad una donación.