La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso una ampliación y actualización del listado de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias que deberán someterse al Sistema Nacional de Trazabilidad. La medida, oficializada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 6223/2025, permitirá un monitoreo en tiempo real de productos como fentanilo, morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol.
La novedad llega en un contexto de máxima desconfianza hacia el organismo, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara la presencia en Argentina de seis lotes de fentanilo contaminado con bacterias resistentes, que derivaron en muertes de pacientes críticos. Los productos habían sido fabricados por Laboratorios Ramallo S.A. y distribuidos por HLB Pharma Group S.A., empresa de Ariel García Furfaro, actualmente detenido.
La OMS detalló que los lotes presentaban contaminación bacteriana por Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, lo que disparó un brote letal. Como consecuencia, la Anmat suspendió las actividades de Ramallo y prohibió la comercialización de todos los productos de HLB Pharma.
La nueva disposición fija 45 días hábiles para que los laboratorios y droguerías se adapten al sistema digital, con el objetivo de detectar rápidamente robos, desvíos o adulteraciones. Desde el ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, remarcan que la trazabilidad es una política pública estratégica para prevenir fraudes, falsificaciones y desvíos en sustancias de alto riesgo.
El golpe a la credibilidad de la Anmat no se limita al escándalo del fentanilo. En junio, el organismo también prohibió la comercialización de soluciones elaboradas por Rigecin Labs S.A. tras comprobar contaminación e incumplimientos graves en las Buenas Prácticas de Fabricación.
El proceso de “refuncionalización” que atraviesa la Anmat —concentrando esfuerzos en medicamentos, alimentos y dispositivos médicos y delegando el control de cosméticos— busca recuperar la confianza pública. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué la actualización del sistema de trazabilidad demoró casi una década, y recién llegó después de un escándalo sanitario con muertos?