Una investigación científica reveló que en Chaco se desmontaron más de 500.000 hectáreas de bosque nativo protegido entre 2009 y 2024 mediante mecanismos administrativos que permitieron eludir la Ley Nacional de Bosques 26.331.
El estudio, liderado por Matías Mastrángelo, del Conicet, y Vera Krause, de la Universidad de Berlín, fue publicado en la revista Nature Sustainability y analizó 142.000 documentos públicos provinciales, entre ellos 15.042 permisos forestales, 127.632 guías de madera y distintas decisiones oficiales.
Los investigadores identificaron seis mecanismos utilizados para facilitar los desmontes: recategorización de predios protegidos, uso irregular de planes silvopastoriles, sobreexplotación forestal, legalización de madera proveniente de desmontes clandestinos, multas de escaso impacto económico y modificaciones del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos para reducir áreas de protección.
Según el estudio, el Impenetrable chaqueño concentró el 90 por ciento del desmonte registrado.
La pérdida de bosque afecta los suelos, reduce la capacidad de almacenamiento de carbono y perjudica los territorios de comunidades Wichí, Qom y Moqoit. También amenaza especies como el yaguareté, el tatú carreta y el quebracho colorado.
La investigación señala además que las sanciones económicas resultaban insuficientes para desalentar los desmontes. En 2024, un productor podía cubrir una multa ambiental con la venta del quebracho obtenido de una sola hectárea desmontada y conservar una ganancia de 126,5 dólares por hectárea.
Asimismo, autorizaciones especiales permitieron que el 55 por ciento de la madera destinada a carbón y tanino proviniera de desmontes clandestinos.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), advirtió que estas medidas provinciales vulneran los principios ambientales de no regresión y progresividad.
El caso también llegó a la Justicia Federal a través de la causa denominada “La Mafia del Desmonte”, iniciada tras denuncias de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Se investiga a exministros, funcionarios del área de bosques y empresarios por asociación ilícita, fraude y lavado de activos.
Aunque la Cámara Federal dictó medidas cautelares para frenar los desmontes, la tala ilegal continúa, según la publicación.
Mastrángelo señaló que los resultados adquieren especial relevancia ante los actuales debates sobre posibles reformas a la Ley de Bosques y las revisiones provinciales de los ordenamientos territoriales.
“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, afirmó.
La situación también podría tener consecuencias comerciales. El Reglamento contra la Deforestación de la Unión Europea (Eudr), que comenzará a regir a fines de 2026, prohíbe importar productos como carne y soja provenientes de tierras deforestadas después de 2020.
Fuente: Diario Huarpe