El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una serie de acciones públicas para rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Las actividades comenzarán el martes 19 de agosto con una vigilia con velas en Plaza de Mayo y continuarán el miércoles 20 con una movilización frente al Congreso de la Nación, coincidiendo con el tratamiento legislativo del tema en la Cámara de Diputados. Desde la organización señalaron que la presencia ciudadana será clave para que el reclamo “se escuche con más fuerza” en el Parlamento.
Reclamos y advertencias
La iniciativa busca visibilizar el impacto que tendría la falta de vigencia de la norma: pérdida de pensiones no contributivas, riesgo en la continuidad del Programa Federal Incluir Salud, limitaciones en rehabilitación, educación, transporte y medicación, así como el eventual cierre de hogares y residencias por falta de recursos.
“Perder las prestaciones no es cambiar de cobertura, es quedarse sin atención porque el Estado no cuenta con dispositivos públicos que reemplacen lo que hoy garantizan las instituciones. Las personas y sus familias quedan a la deriva”, advirtió el sacerdote Pablo Molero, coordinador del Foro.
Molero también remarcó la crítica situación de los trabajadores del sector: “Los trabajadores de talleres protegidos sobreviven con apenas 28 mil pesos mensuales. Hay personas que piden su pensión en situación de pobreza y no se la están dando. Por eso les pedimos a los legisladores que rechacen el veto, porque la situación es peor que cuando votaron la ley”.
La Justicia contra el veto
En paralelo, un juez federal de Campana declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial a la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. El magistrado Adrián González Charvay sostuvo que la medida vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos de la infancia y de las personas con discapacidad.
El fallo se dictó en el marco de un amparo presentado por una familia con dos hijos menores con discapacidad. Sus efectos alcanzan a los niños involucrados, para quienes se aplicará la ley sancionada por el Congreso.
La postura del Gobierno
Tras la publicación en el Boletín Oficial del veto a la Ley de Discapacidad, junto con la moratoria previsional y el aumento a jubilados, el Gobierno explicó que las medidas “atentaban contra el equilibrio fiscal” y que su aprobación implicaba un gasto adicional de más de siete billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026.
“La misma clase política que multiplicó la inflación y la pobreza pretende hoy revertir la tendencia de reducción inflacionaria con proyectos que buscan romper el orden macroeconómico. Este presidente prefiere decir una verdad incómoda: no hay plata”, afirmó la Casa Rosada en un comunicado.