Comunidades indígenas del norte denunciaron un desmonte realizado por la empresa Desdelsur SA.

Marcelino Pérez expresó con sus palabras la desigualdad presente en una política que permite desmontar territorios utilizados por comunidades indígenas: “Ellos ponen animales y nosotros ni siquiera podemos comer asado”.

El referente de la comunidad wichí Lapacho 2, ubicada a unos tres kilómetros de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín, hizo referencia al inicio de un desmonte en tierras rodeadas por población originaria.

En principio, y de acuerdo con los dichos de un presunto representante que visita las comunidades para negociar la deforestación a cambio de pozos de agua y viviendas, la empresa Desdelsur SA sería la titular registral de las tierras.

La empresa, señalada en publicaciones comerciales como “líder en producción ganadera”, desmontó unas 27.000 hectáreas entre 1993 y 2018, según el informe de 2019 “El sacrificio de los bosques del Gran Chaco”, elaborado por Greenpeace a partir de comparaciones de imágenes satelitales.

Los feedlots, o corrales de engorde, forman parte habitual del paisaje con el que conviven las comunidades de la zona. Sin embargo, la carne producida en esos predios no está destinada al consumo local, sino a la exportación.

Por este motivo, estiman que las cuatro topadoras que avanzan sobre el monte nativo tienen como objetivo preparar las tierras para ampliar la producción.

En el área desmontada había especies como chañar, mistol y algarrobo, cuyos frutos son consumidos por los habitantes indígenas. También existían plantas medicinales de uso ancestral.

El chaguar, utilizado para la elaboración de artesanías, es prácticamente inexistente en la actualidad “y hay que ir lejos en camioneta para encontrar”, afirmó Pérez.

A esto se suma la pérdida de fauna, que también proporcionaba alimentos a las comunidades. Marcelino y Basilia Pérez, también referente indígena, consideran que esta situación forma parte de las causas de la desnutrición crónica y, en algunos casos, de las muertes de niños y niñas por deshidratación.

Además, los referentes expresaron su preocupación por las constantes fumigaciones aéreas con herbicidas, que alcanzan las viviendas de las comunidades.

Falta de información

Según los datos de las audiencias públicas publicados en el Boletín Oficial de la provincia, la última solicitud de Desdelsur fue presentada en 2014 para el desmonte neto de 3.043 hectáreas y la reserva de otras 2.423 hectáreas en la finca Puesto Alcoba, matrículas número 29217, 29218 y 29219 del departamento San Martín.

En aquel momento, la empresa solicitaba además un “plan de ordenamiento predial”, debido a que las tierras estaban categorizadas en amarillo según el anterior Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

Hasta 2014, el gobierno de Juan Manuel Urtubey había permitido las recategorizaciones, una herramienta mediante la cual se convertían en verdes, aptas para desmonte, zonas que antes eran rojas o amarillas y debían conservarse, y viceversa.

Sin embargo, “con el nuevo ordenamiento, la zona en cuestión queda en el área de producción/conservación”, explicó a Salta/12 la coordinadora de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista, Noemí Cruz.

Se desconoce si existió una autorización del Gobierno o una readecuación de las tierras dentro de la zona que, en el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, quedó categorizada en marrón y puede ser sometida a desmontes o al sistema de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (Mbgi), como se denominó a una nueva modalidad.

Ante la imposibilidad de obtener información sobre la presunta autorización para el desmonte, debido a que no existen registros públicos accesibles sobre los permisos otorgados, la comunidad comenzó a reunir firmas para solicitar esos datos.

Según el referente de Desdelsur, los permisos ya habrían sido concedidos por el Gobierno provincial.

La comunidad busca obtener la información lo antes posible y no dentro de 15 o 20 días, como establece la ley sobre el mecanismo de acceso a la información pública.

El negociador

“En 2012 la empresa comenzó a negociar con los de la comunidad Pacará”, contó Marcelino Pérez.

En ese contexto aparece la figura de “un ingeniero, Santiago”, que se acerca a dialogar con las comunidades Pacará y Tonono.

Se considera que estas conversaciones se producen porque ambas comunidades cuentan con el relevamiento territorial previsto en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. Aunque la norma fue derogada, durante su vigencia reconoció el derecho de posesión ancestral de las comunidades y les permitió realizar reclamos.

Sin embargo, las comunidades afectadas son muchas más.

“Están las de los kilómetros siete, nueve, diez, 12, 14, 16, 18 y 20”, detalló Pérez.

A ellas se suman las comunidades de San Benito, Alcoba y Finca Las Cañitas, además de los puestos de familias criollas distribuidos en la zona.

“Él, Santiago, se reúne y les promete cosas indicando que va con la orden del gobernador y que puede desmontar. Entonces los wichís piden viviendas, pozos de agua y trabajo. Lo mismo hizo con los de Pacará, y vuelven a pedir cosas, motonetas… que los chicos van a recibir computadoras, pero eso sí, cuando ya esté el desmonte”, relató Pérez.

Sin embargo, la oferta de bienes a cambio de permitir el desmonte se endurece cuando no se alcanza un acuerdo.

“Les dicen que ya están preparados 200 milicos” para reprimirlos, contó Marcelino Pérez.

Fuente: Página 12