El Ministerio de Ecología de Misiones dio marcha atrás con una de las medidas más cuestionadas de los últimos meses. Mediante la Resolución Nº 248/26, firmada el 17 de julio, el ministro Martín Recamán dejó sin efecto la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (Repia), que había sido establecido por la Resolución 182/26.

La decisión se conoció apenas horas después de que prácticamente todo el arco empresario, forestal y agropecuario de Misiones rechazara públicamente la iniciativa, cuestionara su constitucionalidad y anticipara incluso la posibilidad de llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el texto de la nueva resolución, el Ministerio afirma que la Administración “ha reevaluado la medida adoptada originalmente” por razones de “oportunidad, mérito y conveniencia” y, en consecuencia, dispone dejar sin efecto la normativa que había creado el registro.

La resolución no menciona las impugnaciones presentadas por las entidades productivas ni reconoce expresamente los cuestionamientos jurídicos realizados. Sin embargo, la marcha atrás se produce en medio del creciente conflicto institucional que había provocado la iniciativa.

Fuerte rechazo del sector privado

El Repia había generado un rechazo prácticamente unánime entre las principales organizaciones vinculadas con la producción.

La Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap) presentó una impugnación administrativa contra la resolución y sostuvo que el registro era inconstitucional por tres razones principales.

En primer lugar, cuestionó que permitiera incorporar a personas o empresas únicamente por tener un expediente administrativo abierto, sin una resolución firme que acreditara la existencia de una infracción. Según la entidad, esto vulneraba el principio de inocencia y el debido proceso.

También advirtió que la resolución permitía la registración por incumplimientos de “normas complementarias”, una formulación considerada demasiado amplia y generadora de inseguridad jurídica.

El planteo más delicado estuvo dirigido directamente a las competencias del ministro. Para Amayadap, el artículo 122 de la Constitución de Misiones no autoriza a un ministro a crear, mediante una simple resolución administrativa, un registro con efectos jurídicos sobre particulares y empresas.

El cuestionamiento fue respaldado por la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (Apicofom), la Sociedad Rural de Misiones, la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (Farm) y los Industriales Madereros Nativos Autoconvocados.

Todas las entidades coincidieron en señalar que la medida afectaba la competitividad y profundizaba la incertidumbre para el sector productivo.

Un conflicto que iba más allá del registro

Aunque el Repia fue el detonante, las entidades aprovecharon la discusión para manifestar un malestar más amplio con distintas políticas impulsadas por el Ministerio de Ecología.

Entre los reclamos se encontraban las demoras para obtener permisos de uso del suelo, las restricciones a las quemas, la prohibición del glifosato, el programa Redd+ y la falta de participación de las organizaciones productivas en la elaboración de normas que tienen impacto sobre la actividad económica.

La resolución firmada este viernes desactiva, al menos por el momento, el conflicto específico relacionado con el Registro Provincial de Infractores Ambientales y evita que la controversia continúe escalando en el ámbito judicial.

Sin embargo, la decisión también deja en evidencia el peso que alcanzó la reacción conjunta del sector empresario y agropecuario, que consiguió que el Ministerio revocara la medida apenas unos días después de su implementación.

Ahora resta conocer si la derogación del Repia permitirá abrir una instancia de diálogo entre el Gobierno y las entidades productivas o si las diferencias sobre la política ambiental de la provincia continuarán expresándose en otros frentes.

Fuente: Portal MisionesOpina