El cinco por ciento de las tierras rurales del país, unas 13 millones de hectáreas, se encuentra en manos extranjeras. El Gobierno nacional y sus aliados provinciales buscan eliminar todos los límites y favorecer a magnates y corporaciones internacionales. La medida representa un nuevo paso en la profundización del extractivismo y la entrega del territorio. Investigaciones del Observatorio de Tierras de la UBA aportan cifras contundentes sobre el avance de la extranjerización.

Los extranjeros poseen 13 millones de hectáreas rurales en la Argentina, lo que equivale al cinco por ciento de todas las tierras rurales del país y a una superficie similar a la extensión de Inglaterra. La actual Ley de Tierras Rurales 26.737 establece un límite del 15 por ciento, equivalente a un máximo de 40 millones de hectáreas. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei pretende derogarla de hecho mediante el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, para que los extranjeros no tengan ninguna restricción en la compra de hectáreas argentinas.

Con la ley vigente, un territorio equivalente a las provincias de Buenos Aires y Corrientes podría quedar en manos extranjeras. La pregunta es entonces por qué el Gobierno busca eliminar todos los límites y poner al país en venta. El Observatorio de Tierras, perteneciente al Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la UBA, realizó cuatro informes fundamentales para analizar el estado actual de la extranjerización y revisar cuáles son las tierras estratégicas que ya se encuentran bajo control de capitales transnacionales.

“Las más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas relevadas se concentran mayoritariamente en zonas estratégicas del país, como áreas de frontera, la vera del río Paraná, nodos logísticos clave, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y extensas áreas de bosques nativos”, advierte el Observatorio de Tierras.

El organismo precisa que 36 municipios del país ubicados en esas zonas estratégicas ya superan el límite del 15 por ciento de extranjerización y que cuatro exceden el 50 por ciento, con propietarios de otra bandera.

Los informes identifican como un punto de quiebre en el proceso de extranjerización al año 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem autorizó la venta de ocho millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza mediante la creación de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI).

Con esa decisión se vulneraron áreas históricamente protegidas por el Decreto 15.385 de 1944, que establecía que podían ser vendidas exclusivamente a ciudadanos argentinos. El decreto continúa vigente, pero la norma impulsada por La Libertad Avanza propone derogar su artículo cuatro: “Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”.

Desde 2011, con la sanción de la Ley de Tierras, se establecieron límites para la extranjerización, aunque no se revirtió el avance que ya se había producido. La norma no consideró extranjero solamente al titular de la propiedad, sino también a las empresas que contaran con hasta un 25 por ciento de control extranjero.

El gobierno de Mauricio Macri modificó ese criterio mediante el Decreto 820/2016, que elevó hasta el 51 por ciento la participación necesaria para que una sociedad fuera considerada extranjera y, además, flexibilizó los controles societarios.

El objetivo de la reforma de la Ley de Tierras, redactada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y negociada en el Congreso por la senadora Patricia Bullrich, es derogar todas las restricciones existentes para la extranjerización de la tierra.

Desde el dictamen firmado el 20 de mayo, La Libertad Avanza negoció con sus aliados de la UCR, el PRO y bancas provinciales un total de 15 borradores. Aun así, mantiene la eliminación de ocho artículos y la modificación o sustitución de otros cinco.

En síntesis, la propuesta:

* Elimina los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Con la legislación vigente, el máximo es del 15 por ciento del total de tierras en los ámbitos nacional, provincial y municipal, y del 30 por ciento para propietarios de una misma nacionalidad.
* Suprime la restricción de compra de 1.000 hectáreas para individuos en zonas de alto valor estratégico, como la región núcleo de la producción agropecuaria.
* Elimina la prohibición de adquirir tierras ribereñas de cursos de agua permanentes o ubicadas en zonas de frontera.
* Modifica el concepto de “titularidad extranjera” y permite comprar tierras en el país a cualquier persona física extranjera no radicada en la Argentina y a personas jurídicas con participación de capitales internacionales de hasta el 51 por ciento, tras la modificación realizada durante el gobierno de Mauricio Macri.
* Mantiene la prohibición para Estados extranjeros y empresas controladas por esos Estados.
* Deja en manos de los gobiernos provinciales la decisión sobre qué tierras vender y la posibilidad de crear legislaciones específicas de protección, bajo el argumento de “dominio originario”, que también se utilizó para desarmar la Ley de Glaciares.
* Elimina al mismo tiempo el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, ámbito en el que la Nación y las provincias debían definir una política nacional.

“Más allá del nombre, esta es una ley de extranjerización, propone eliminar todo tipo de límites para que capitales radicados en el exterior se puedan hacer de nuestros territorios más valiosos”, afirmó Julieta Caggiano, integrante del Observatorio de Tierras.

El trabajo central del organismo fue la creación del Mapa de Extranjerización de la Tierra, elaborado inicialmente a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales (Rntr) y posteriormente ampliado con datos de la red de Parques Nacionales (PN), el Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla), el Registro Nacional de Tierras Indígenas y la Cartera de Proyectos Mineros (Siacam).

El diseño de La Libertad Avanza para abrir los bienes comunes del país al capital privado y despojar a las poblaciones locales también puede advertirse en las fuentes de información utilizadas para elaborar el mapa.

La modificación de la Ley de Glaciares dejó en manos de las provincias la autoridad para quitar glaciares o zonas periglaciares del inventario nacional. Por otro lado, la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que promovía la regularización territorial de los pueblos originarios y su registro, fue derogada mediante la firma de Milei en diciembre de 2024.

En paralelo, la sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) otorga a los capitales extranjeros beneficios impositivos, fiscales y aduaneros durante 30 años para que lleguen al país a explotar los bienes comunes.

Hasta el momento, el Gobierno aprobó 21 proyectos dentro del Rigi, en su mayoría vinculados con la actividad minera. Los más recientes son el proyecto Vicuña, ubicado en una zona glaciar de San Juan, y el proyecto Tres Quebradas, situado en el sistema de humedales de Lagunas Altoandinas, en Catamarca.

El Súper Rigi, que ingresó al Congreso en paralelo con la iniciativa de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, amplía esos beneficios para “nuevas industrias” que requieren grandes cantidades de tierras, recursos hídricos y energía, como los enormes centros de datos.

El mapa del Observatorio cruza la posesión de tierras en manos extranjeras con el 0,1 por ciento del territorio nacional correspondiente a áreas glaciares, unas 283.886 hectáreas; con los 701 proyectos mineros en funcionamiento o proyectados; con las tierras de las 747 comunidades originarias reconocidas; con las 258 que quedaron con sus trámites inconclusos, y con las 652 que todavía no fueron relevadas.

“La combinación de estas variables permite identificar algo que no aparece en cada dato por separado: la convergencia de procesos que estructuran la disputa por el control y uso de los bienes comunes”, sostiene el Observatorio de Tierras, integrado también por los docentes e investigadores Matías Oberlin y Pablo Volkind.

Una reforma para extranjerizar la tierra, el agua y los minerales

La verdadera dimensión del impacto que tendría la reforma impulsada por el oficialismo aparece al analizar la extranjerización de la tierra a escala departamental y observar cuáles son los territorios pretendidos por los capitales extranjeros.

El análisis se concentra especialmente en la cordillera de los Andes, una zona de frontera en la que se encuentran los mayores recursos hídricos y mineros del país, y en la región ribereña del río Paraná, recientemente reprivatizado en manos de la empresa belga Jan de Nul. Por esa vía sale el 80 por ciento de la producción del país, desde el agronegocio hasta la minería.

“Con el mapa de extranjerización identificamos que hay 36 partidos que superan el límite del 15 por ciento de la ley y cuatro que superan el 50 por ciento. Esto no se trata de cualquier territorio sino de liberalizar la venta en los territorios que tienen cuerpos de agua, zonas de frontera, tierras ribereñas, lo cual atenta contra nuestra soberanía”, advirtió Caggiano.

De acuerdo con el Mapa de Extranjerización del Observatorio de Tierras, los cuatro casos que superan el 50 por ciento de propiedad extranjera son Lácar, en Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta.

Todos se encuentran en zonas de cordillera o precordillera con recursos de agua dulce o minerales. En General Lamadrid, donde el 57 por ciento de la superficie está en manos extranjeras, existen seis proyectos mineros previstos en áreas con presencia de ambientes glaciares o periglaciares.

En la localidad salteña de San Carlos, con el 60 por ciento de sus tierras extranjerizadas, existen glaciares de escombros cuya protección fue desregulada por la modificación de la Ley de Glaciares.

Además, se proyectan cuatro emprendimientos mineros y existen cuatro comunidades indígenas que no lograron finalizar su relevamiento antes de la derogación de la Ley de Emergencia Territorial.

En el este del país, Iguazú, en Misiones; Ituzaingó y Berón de Astrada, en Corrientes; y Campana, en Buenos Aires, duplican el límite actual de extranjerización y alcanzan el 30 por ciento.

En esas áreas se encuentran recursos hídricos, accesos al río Paraná y un caso paradigmático: el de la empresa forestal Arauco, controlada por el Grupo Angelini, uno de los principales conglomerados económicos de Chile.

La compañía posee 264.000 hectáreas, entre ellas 120.000 de bosque nativo, superficie que representaba el 27 por ciento del territorio de Misiones.

El informe del Observatorio de Tierras también se concentra en otras localidades que superan los límites establecidos por la legislación actual y en la influencia directa de los intereses mineros.

En Tinogasta, Catamarca, el 27 por ciento de la superficie rural se encuentra extranjerizada. En ese departamento existen tres proyectos mineros en funcionamiento y seis previstos en áreas que contienen casi 4.500 hectáreas de ambientes glaciares o periglaciares.

En el departamento Iglesia, en San Juan, el 25 por ciento de la superficie rural está extranjerizada. Allí se encuentra la mina Veladero, operada por Barrick Gold y Shandong Gold, que registra el mayor derrame de la historia de la minería argentina y acumula nuevas denuncias por contaminación.

Otro departamento que supera el límite fijado por la norma vigente es Malargüe, en Mendoza. Allí, el gobierno provincial, que impulsó la modificación de la Ley de Glaciares, avanza con decenas de proyectos mineros mediante el denominado Malargüe Distrito Minero Occidental (Mdmo).

Para esa zona se habilitó la minería de cobre en una provincia que cuenta con la Ley 7772 para la protección del agua.

“En un contexto de expansión extractiva, creciente presencia de capitales extranjeros y marcos normativos que habilitan la libre disponibilidad de divisas, el riesgo es claro: que esos recursos se exploten de manera intensiva, con graves consecuencias sociales y de reproducción de las comunidades que los circundan, que la renta se fugue y que la economía se reoriente hacia formas de reprimarización, mientras se debilita la capacidad de decidir sobre el uso y el destino de estos territorios”, advierte el Observatorio de Tierras en sus informes.

Quiénes controlan actualmente el cinco por ciento del territorio argentino

El análisis del Observatorio de Tierras identifica un primer momento crítico en la extranjerización de la tierra durante la década de 1990 y un segundo período en los años 2000, cuando el aumento del precio de los alimentos elevó el valor de la tierra y la devaluación de 2001 facilitó la compra de terrenos fértiles y estratégicos por parte de extranjeros.

Desde 2008, después de la crisis financiera global, la tierra pasó a convertirse en un commodity para los capitales especulativos en todo el mundo.

En ese contexto, la norma sancionada en 2011, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableció los límites actuales en los ámbitos nacional, provincial y departamental y definió a la tierra rural como un recurso estratégico, limitado e irreproducible, aunque no revirtió el proceso de extranjerización anterior.

“La ley operó como un freno al proceso de extranjerización, aunque no lo revirtió: las tierras que ya se encontraban en manos extranjeras mantuvieron esa condición”, señala el Observatorio.

A partir de los datos del Registro Nacional de Tierras, creado mediante la norma de 2011, el organismo analizó las nacionalidades de los principales poseedores de tierras.

El listado es encabezado por propietarios estadounidenses, que poseen más de 2,7 millones de hectáreas, una superficie equivalente a la provincia de Misiones.

En segundo lugar se ubican los propietarios de nacionalidad italiana, con dos millones de hectáreas, una extensión casi equivalente a la provincia de Tucumán. En tercer lugar aparecen los españoles, con 1,7 millones de hectáreas, una superficie equivalente a 85 veces la Ciudad de Buenos Aires.

Otro caso emblemático para la Argentina es el de los propietarios de tierras con capitales británicos. Gran Bretaña ocupa ilegalmente 1,1 millones de hectáreas en las Islas Malvinas y, además, posee otras 246.000 hectáreas dentro del territorio nacional.

De ese total, 12.000 hectáreas pertenecen al caso paradigmático de Joe Lewis en Lago Escondido, en el departamento Bariloche, Río Negro, que se encuentra cerca del límite de extranjerización, con el 13,6 por ciento de sus tierras en manos extranjeras.

Las propiedades británicas dentro de la Argentina se distribuyen a nivel federal, con los casos más significativos en la zona núcleo del agronegocio: 19.000 hectáreas ubicadas entre las localidades de Balcarce, Arrecifes y Río Cuarto.

Al concentrar el análisis en las hectáreas controladas por propietarios radicados en paraísos fiscales o en países con regulaciones especiales, esos titulares se ubican en segundo lugar, por encima de los italianos y españoles, con 2,2 millones de hectáreas.

En este punto, resulta crítico el análisis del Decreto 820/2016 del gobierno de Mauricio Macri, que desarticuló la coordinación con la Afip, actualmente Arca, y con la Unidad de Información Financiera (UIF).

La medida eliminó los cruces de información que permitían identificar a los beneficiarios finales y detectar triangulaciones societarias. Además, suprimió la obligación de informar previamente al Estado sobre los cambios societarios.

Como consecuencia, precisó el Observatorio de Tierras, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el realizado en 2022, el total de hectáreas registradas como extranjerizadas se redujo de 15 millones a 13 millones.

Sin embargo, esa disminución “no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología”.

Con esta situación de opacidad, actualmente 2,2 millones de hectáreas se encuentran controladas por firmas radicadas en paraísos fiscales o en países que cuentan con regímenes especiales.

Entre los paraísos fiscales se registran empresas o empresarios con domicilio en Luxemburgo, que poseen 163.661 hectáreas; Liechtenstein, con 66.971 hectáreas; y Panamá, con 69.243 hectáreas.

Por otro lado, 1,1 millones de hectáreas están en manos de ciudadanos o empresas de Suiza. Otros países con regulaciones fiscales especiales y empresas radicadas que poseen tierras en la Argentina son Singapur, Arabia Saudita, Países Bajos, Bélgica y Uruguay.

La decisión del gobierno de La Libertad Avanza de eliminar todos los límites para los propietarios privados extranjeros aparece, en el análisis del Observatorio de Tierras, como una contrarreforma en favor del capital.

“Dado que la extranjerización de la tierra en Argentina ha sido realizada mayoritariamente por capitales privados, esta redefinición equivale, en los hechos, a legalizar la extranjerización masiva del territorio”, sostienen los informes.

“La discusión actual remite, en última instancia, a quién controla los territorios estratégicos y qué intereses orientan su uso. Aquí aparece una cuestión central: la función social de los bienes naturales. El agua, la tierra, los ecosistemas de alta montaña, los minerales y las fuentes de energía sostienen la vida de las poblaciones que habitan el territorio argentino —urbanas y rurales— y hacen posible las producciones agropecuarias, además de los equilibrios ecológicos de los que dependen”, plantean desde el Observatorio.

Finalmente, invitan a reflexionar a los legisladores del Congreso: “Se trata de bienes que nadie creó con su trabajo y que forman parte del patrimonio común. La pregunta es qué se hace con ellos y quién se apropia de la renta que generan”.

Fuente: Portal elDiarioAR