El Gobierno nacional modificó el procedimiento para la designación de jueces, fiscales y defensores públicos con el objetivo de acelerar la cobertura de vacantes en la Justicia federal y nacional. La medida fue oficializada mediante el Decreto 467/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.
La reforma introduce cambios en los decretos que regulaban desde 2003 los mecanismos de selección y evaluación de candidatos para ocupar cargos judiciales. Según argumentó el Poder Ejecutivo, la cantidad de vacantes existentes genera dificultades en el funcionamiento de los tribunales y contribuye a demoras en la resolución de causas.
Menos instancias previas
Entre los cambios más relevantes, el decreto elimina diversas etapas administrativas previas a la nominación presidencial de candidatos para la Corte Suprema, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El Gobierno sostuvo que varios de esos mecanismos duplicaban procedimientos de control y participación que posteriormente vuelven a desarrollarse en el Senado durante el tratamiento de los pliegos.
A partir de ahora, cuando exista una vacante en la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo deberá publicar durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Justicia los antecedentes de los postulantes considerados para el cargo.
Declaraciones juradas y conflictos de interés
Los candidatos deberán seguir presentando declaraciones juradas patrimoniales y documentación vinculada a posibles incompatibilidades o conflictos de interés.
La información deberá incluir participaciones en sociedades, asociaciones civiles, estudios jurídicos y vínculos profesionales mantenidos durante los últimos ocho años, entre otros antecedentes relevantes para evaluar la idoneidad de los postulantes.
Según el texto oficial, estos requisitos buscan garantizar la transparencia del proceso pese a la eliminación de algunas instancias administrativas previas.
El Senado mantiene la última palabra
La reforma no modifica el procedimiento constitucional de designación de magistrados. El Senado continuará siendo el órgano encargado de otorgar o rechazar los acuerdos necesarios para la designación de jueces, fiscales y defensores.
El Gobierno remarcó que las instancias de publicidad, control y participación ciudadana seguirán vigentes a través del tratamiento legislativo de los pliegos, donde se realizan audiencias públicas y evaluaciones de los candidatos propuestos.
Cambios para Arca
El decreto también establece nuevas pautas para la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que continuará elaborando informes sobre la situación impositiva y previsional de los postulantes.
Sin embargo, esos informes deberán emitirse en un plazo máximo de cinco días desde que sean solicitados, con el objetivo de evitar demoras administrativas en el proceso de selección.
Asimismo, el Ministerio de Justicia fue designado como autoridad de aplicación de los procedimientos modificados para la cobertura de vacantes tanto en la Corte Suprema como en el resto del sistema judicial y del Ministerio Público.
El argumento oficial
En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo afirmó que la reforma busca eliminar trámites considerados innecesarios y simplificar procedimientos que, a su entender, ralentizan la designación de magistrados.
La administración nacional sostiene que la acumulación de cargos vacantes constituye un problema institucional que afecta el funcionamiento del servicio de justicia y que la reducción de etapas burocráticas permitirá agilizar los nombramientos sin alterar los controles constitucionales que ejerce el Senado.